LA TRASTIENDA SE UNE A LA CONCENTRACION FRENTE AL TEATRO ROMANO.

 Como un eslabón mas que nos atenaza en este grosero capitalismo, se encuentra la pretensión de imponernos con calzador una refineria en Tierra de Barros, por esto desde el Colectivo LA TRASTIENDA, animamos a toda la ciudadanía a decir no a este asqueroso proyecto, en el que este año , por decision consciente y asambleariamente aprobada, acompañará el 15-M de Merida y otros 15-M de la region.

Washington desató una Operación Cóndor mundial, acusa el abogado constitucionalista

Siempre en marcha, pero con luz corta para identificar lo que nos rodea y la larga para entender que lo que nos rodea esta directamente relaccionado con lo que nos pilla mas alejado. Os dejo con este articulo que no tiene desperdicio- Redaccion la TRASTIENDA LIBRE.


Panorama de destrucción en EU, y anulación de derechos y libertades, afirma Michael Ratner
Culpa a George W. Bush por impulsar la degradación del país, y a Barack Obama por continuarla


Durante el traspaso de gobierno: Bush hereda a Obama un país envilecidoFoto Ap


David Brooks

Corresponsal


Nueva York, 2 de septiembre. En los 10 años transcurridos desde los atentados del 11 de septiembre, Washington desató una “Operación Cóndor estadunidense” a escala global, guerras contra varios países, supresión de la disidencia interna, espionaje doméstico y anulación de garantías constitucionales, libertades civiles y derechos humanos, resume el abogado de derechos constitucionales Michael Ratner.

“Estados Unidos ha cambiado de una manera fundamental desde el 11-S. Jamás podría haber anticipado todo esto”, dice Ratner en entrevista con La Jornada al abordar el décimo aniversario de los atentados y sus efectos sobre las libertades y derechos aquí.

El presidente del Centro para Derechos Constitucionales (CCR) y reconocido abogado internacional por enfrentar violaciones de derechos humanos y libertades civiles del gobierno estadunidense ante tribunales extranjeros y nacionales, incluyendo la Suprema Corte, afirma: “El carácter mismo del país ha cambiado con la gente común que aceptan las violaciones del gobierno a sus libertades, del derecho internacional, como también nuestra propia Constitución, al aceptar también que el gobierno ahora puede espiar a cualquiera aquí sin autorización judicial… todo bajo la justificación oficial de la ‘guerra contra el terrorismo’. Jamás hubiera anticipado todo esto antes del 11-S”.



Ratner añade tajante: “culpo a George W. Bush por impulsar todo esto, pero también culpo a Barack Obama por continuarlo”.

La respuesta del gobierno al ataque del 11-S al calificarlo de “acto de guerra” y no criminal cambió el panorama interno y externo. “Tan pronto Bush dio su discurso sobre las ‘cruzadas’ pocos días después del 11-S, algo que estaba cargado de un significado tremendo para musulmanes y cristianos, se sabía que se trataría como un acto de guerra, con lo cual el gobierno asumió poderes mucho más extensos de los que tenía para perseguir y detener a gente en el extranjero como también promover el espionaje doméstico, todo como si fuera una guerra”, explicó Ratner.

Para Ratner, un aspecto de esta guerra es lo que denomina “Operación Cóndor estadunidense”, y explica: “Es esencialmente lo que hizo (Augusto) Pinochet pero mucho más amplio, capturando a gente en cualquier esquina del mundo sin orden o proceso judicial para ponerlas en centros de detención clandestinos en el mundo, no solamente en Guantánamo, sino también en Rumania, Polonia, Lituania, Tailandia, además de cárceles especiales en Afganistán. Esto está caracterizado por la captura de gente en cualquier parte del mundo sólo a discreción del presidente y después de tenerlos incomunicados, bajo Bush, torturarlos y encarcelarlos por tiempo indefinido. Y si llegan a ser enjuiciados, sólo se hace ante un tribunal militar.

“Todo esto… era condenado por Estados Unidos cuando sucedía en otros países; antes del 11-S, condenaban los tribunales militares en Perú, en África” y otras medidas de “seguridad” extralegales, pero ahora se tenía que preguntar si Estados Unidos se estaba volviendo un estado policiaco.

Obama ha continuado casi con todo lo impulsado por Bush, tal vez con la excepción de la tortura extrema. Lo que primero se presentó como medidas temporales después del 11-S, “se han vuelto una parte permanente de nuestro panorama legal. A mi parecer, hemos perdido los valores fundamentales del siglo de las luces en torno a los derechos individuales en todo proceso judicial”.

Señala que Obama, a pesar de sus promesas de acabar con estos elementos de lo que Ratner llama Operación Cóndor estadunidense, hoy sigue teniendo a unos 170 detenidos en Guantánamo y en otros centros de detención del mundo, continúa con algunas técnicas de interrogación –aunque sí suspendió la del ahogamiento simulado o waterboarding– y con la persecución de todo individuo sospechoso de ser “terrorista” en cualquier parte del planeta. Pero tal vez lo peor, argumenta Ratner, es que Obama no hizo que nadie rindiera cuentas por lo que ocurrió, sobre todo la tortura. “Entonces, ahora tenemos a gente como (George W) Bush escribiendo en sus memorias que sí ordenó el waterboarding y que lo haría de nuevo. Si el próximo presidente desea hacerlo, lo puede hacer porque no hubo una fiscalización de nadie por los programas de tortura extensa. No hacer que rindieran cuentas es un fracaso real… no dejar claro que el uso de la tortura no es una opción legítima para ningún gobierno”.

Imagen de archivo del World Trade Center destruido tras el ataque del 11 de septiembre de 2001Foto Ap
A la vez, Ratner dice que se debe subrayar que no se realizaron estos esfuerzos de captura, detención y más contra cristianos, “nunca jamás habrá 171 cristianos fundamentalistas en Guantánamo, lo puedo garantizar”, y eso tiene que ver con la animosidad contra los musulmanes en este país. Recuerda que entre las primeras medidas tras después del 11-S estuvieron las redadas masivas de musulmanes no ciudadanos dentro del país, con gente golpeada y tratada como si fueran terroristas. Luego el gobierno ordenó el registro de todos los hombres musulmanes de entre 18 y 25 años de edad originarios primero de nueve países y después de 19. Aunque estas medidas están suspendidas, demuestran que “los musulmanes son una población altamente sospechosa en este país, lo que continúa con nosotros y es muy difícil de superar”.

La mayoría de los musulmanes no ciudadanos fueron deportados, y el CCR representa a algunos de ellos, y también a varios de los detenidos en Guantánamo.

En torno al control interno después del 11-S, Ratner recuerda que se impulsó la Ley Patriota, la cual permite, entre otras cosas, “que pueden conseguir toda la información que quieran sobre tú o yo”, como también medidas de vigilancia y/o espionaje doméstico, el uso de informantes entre agrupaciones sociales y otras cosas en función de la supresión de protesta. “Lo que está sucediendo en Medio Oriente y en América del Sur (como Chile) son protestas masivas, y hay temor de que eso suceda aquí, entonces uno ve que el gobierno de Estados Unidos se está preparando para la represión real, con eso de infiltrar grupos no violentos, el uso de provocadores y detenciones, etcétera”, comenta.

Ratner acaba de publicar otro libro, éste sobre la supresión de la protesta masiva en Estados Unidos titulado Hell No: the right to dissent in 21st Century America.

En contrapartida, en estos últimos 10 años “estamos llevando a cabo más guerras que en cualquier momento de mi vida (Irak, Afganistán, Pakistán, Libia, Yemen, Somalia, entre otras)”, dice. Un resultado del 11-S son guerras sin fin, “junto con más poder del Ejecutivo; por ejemplo, Obama entra en guerra en Libia sin autorización del Congreso”. Y “este paradigma de guerra, aun cuando no se está en una zona de guerra, permite que Estados Unidos ataque a quien quiera en el mundo” ya que “afirma su derecho de matar a cualquier sospechoso de terrorismo en cualquier lugar del mundo, con un drone o de otra manera como el asesinato... Los drones te permiten matar con impunidad”.

Ante un panorama tan desolador, La Jornada preguntó a Ratner qué señales de esperanza percibe. “Dos de las tendencias más importantes que hemos visto en el mundo son, primero, las manifestaciones masivas y, segundo, Wikileaks”. Y en torno a éste, afirma que “Wikileaks minó la manera en que se nos entregan las noticias vaciadas de ciertos hechos reales. El hecho de que el gobierno no puede proteger ya esa información y esos sistemas de control llevará, claro, a más represión, pero a la vez es un respiro impresionante de aire puro sobre cómo operan nuestros gobiernos, desde Haití a España, al asunto de la tortura y tanto más, de verdad agujereando el control oficial”. Ratner participa en el equipo de representación legal de Wikileaks. “Son impresionantes los cambios que ya han ocurrido por Wikileaks en los gobiernos y también en los medios”, afirma.

Y de las movilizaciones sociales dice que “hay algo ocurriendo ahora, en el sentido de que cada vez más gente desea tener mayor control sobre sus vidas, y quién sabe qué sucederá. Pero hace dos años yo estaba en El Cairo, hace año y medio, y era uno de los lugares más reprimidos, había un silencio tremendo. Ya no”.

La democracia incompleta: la necesidad de una segunda transición

Vicenç Navarro

Rebelión

La transición de la dictadura a la democracia distó mucho de ser modélica, tal como la define la sabiduría convencional del país, reproducida en la mayoría de medios de información y persuasión que existen en el país. El enorme dominio que las fuerzas conservadoras (herederas del sistema dictatorial anterior) tuvieron sobre tal proceso, marcó definitivamente el tipo de democracia que se estableció en España, instaurándose unas instituciones representativas en las que continuaron teniendo una gran influencia, cuando no la mayor influencia. Ni que decir tiene que el factor determinante del cambio que forzó la transición fue primordialmente la movilización obrera, dato que se ha ido silenciando para promover la visión conservadora de la transición (que asume que la democracia fue otorgada por el Monarca al pueblo español). Desde 1974 a 1976, España vio el mayor número de huelgas políticas que haya existido en la Europa continental en la segunda mitad del siglo XX. No debiera nunca olvidarse que aunque Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle. Y debiera siempre recordarse, y ahora más que nunca, que cuando la población se moviliza, tiene un gran poder sobre el Estado.

 

Ahora bien, la izquierda política, es decir, los partidos políticos, acababan de salir de la clandestinidad y sus dirigentes políticos apenas habían salido de la cárcel. De ahí que el equilibrio de fuerzas de las instituciones políticas era muy desigual y el resultado –la democracia establecida- fue muy limitado e insuficiente. Quisiera subrayar que esta descripción de lo ocurrido (que me parece corresponde más a la realidad que la visión idealizada de aquella transición), no es, en sí, una crítica a las izquierdas o de cómo se hizo la transición, pues es probable que no hubiera habido otra alternativa. Pero me parece un profundo error definirla como modélica, pues ofrece una imagen errónea de lo conseguido en aquel proceso -es decir, de la democracia española-, definiéndola como modélica, lo cual es obvio que no lo es.

El dominio de las fuerzas conservadoras en el proceso limitó enormemente la representatividad y modus operandi de sus instituciones políticas. Así, la Ley Electoral, cuyo primer borrador había sido elaborado durante el primer gobierno de la Monarquía, por la Asamblea del Movimiento Nacional como condición de su desaparición, dio gran peso a los territorios conservadores, y a pesar de los cambios posteriores ocurridos en el periodo democrático, la escasa proporcionalidad del sistema democrático se mantuvo. Resultado de ello es que en España el sistema electoral se distancia mucho del principio democrático que afirma que cada ciudadano debe tener la misma capacidad de determinar el quehacer común a través del sistema electoral. Esto, en España no ocurre. No cada voto vale lo mismo. De ahí que en España los votos a las izquierdas han sido, en casi todas las elecciones legislativas, muy superiores a los votos a las derechas y sin embargo, las izquierdas no han tenido mayoría en las Cortes Españolas, excepto en un periodo minoritario (1982-1994). Consecuencia de ello es el gran subdesarrollo social de España. Treinta años después de democracia, el gasto público social por habitante (gasto que paga las transferencias públicas, como las pensiones, y los servicios públicos, como sanidad, educación, servicios a las personas con dependencia, escuelas de infancia, servicios sociales y otros), continúa siendo el más bajo de la UE-15 (el grupo de países de la Unión Europea, UE, de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro). Ver mi libro El subdesarrollo Social de España. Causas y consecuencias. Anagrama. 2006.

Pero otro indicador del poder de las fuerzas conservadoras es el entendimiento tan limitado que existe (y que transmite la Constitución española) de lo que es Democracia. Tiene una visión muy reduccionista que prácticamente limita la democracia a votar cada cuatro años y nada más. Es cierto que permite referéndums vinculantes a nivel del Estado Central, pero no a nivel autonómico y local. E incluso el central es difícil que se convoque, como lo demuestra el que se hayan hecho sólo tres en los treinta años de existencia democrática. La democracia representativa es muy limitada, debido a la escasa proporcionalidad del sistema electoral y la democracia directa participativa, como los referéndums, es muy insuficiente. Este insuficiente desarrollo de la democracia directa que permite que sean los propios ciudadanos los que decidan a través, por ejemplo, de referéndums, traduce un miedo a la población, facilitado también por un cierto corporativismo de la clase política dominante que prefiere monopolizar el poder.

Esta democracia limitada e insuficiente lleva a situaciones como la actual, en la que las direcciones de los dos partidos mayoritarios (cuyo espacio político ha sido magnificado por el sistema electoral escasamente proporcional, exagerando su poder político y su control sobre el Estado) han pactado un cambio en la Constitución que tendrá un impacto muy negativo en el estado del bienestar español, sin que la ciudadanía española haya tenido ninguna voz en esta decisión. Ninguno de los dos partidos tenía en su programa electoral esta medida. De ahí que los ciudadanos no han sido consultados en una de las medidas más importantes que se hayan tomado en nuestro país. Lo que está ocurriendo en España es un indicador de lo poco democrática que es la democracia española.

La Constitución permite un referéndum en caso de que el 10% de los senadores o de los diputados lo pidan. Si 26 senadores o 35 diputados lo aprueban, la población podría votar un referéndum. Y lo que es otra muestra de la naturaleza poco democrática no sólo de las instituciones, sino de la cultura política, es que es improbable que se alcancen estos mínimos. Si a la población se le explicara las consecuencias de la reforma de la Constitución y de la medida de equilibrio presupuestario aprobada en las Cortes, que quiere constitucionalizarse, es más que probable que la ciudadanía pidiera un referéndum y votara en contra de tal medida. El establishment financiero, económico, político y mediático es consciente de ello (y temen que pasara en España lo que pasó en Islandia cuando la población en un referéndum dijo “¡Basta ya!”, oponiéndose a lo que la clase política dominante había ya aprobado). De ahí que se opongan y que no permitan que la ciudadanía decida en un referéndum. ¡Es indignante!

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

SIEMPRE NOS ENGANÑAN ¿NOS DEJAMOS ENGAÑAR?

¿Salvar el Estado del bienestar?

Vicenç Navarro, catedrático de ciencias políticas y sociales

Vicenc Navarro
Este artículo muestra información empírica que cuestiona las tesis de los proponentes de la medida de equilibrar el presupuesto del Estado (hasta un nivel máximo de déficit público del 0,4% del PIB) que aducen que tal medida es necesaria para salvar el estado del bienestar. El artículo muestra como es imposible en España alcanzar este déficit sin que se recorten muy sustancialmente las transferencias y servicios públicos de su estado del bienestar.

Los portavoces de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, justificaron en las Cortes españolas la constitucionalidad de la medida que aprobaron, que fuerza al Estado a tener un equilibrio presupuestario, con el argumento de que se “requería tal medida a fin de salvar el Estado del bienestar”.

Según ellos, una medida que obligará a realizar recortes sustanciales del gasto público (del cual el gasto público social es el mayor componente) para eliminar el déficit del Estado es necesaria para salvar al escasamente financiado Estado del bienestar. Puesto que España es el país de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE) que tiene el gasto público social por habitante más bajo, es difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto –que el equilibrio presupuestario exige– van a corregir el enorme déficit de gasto público social de España.
Una respuesta a esta contradicción podría ser la aportada por dirigentes conservadores de persuasión neoliberal, como dirigentes del Partido Popular, que han subrayado que el descenso del gasto público (incluyendo el social) estimulará la economía y con ello aumentará el crecimiento económico y, por lo tanto, los ingresos al Estado, incluyendo el gasto público social. Pero como bien han señalado Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Dean Baker y toda una larga lista de economistas que poseen mayores conocimientos económicos que tales dirigentes políticos, las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes, pues reducen todavía más la demanda de bienes y servicios, que está estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada y, por lo tanto, tiene escasa capacidad de compra y consumo.

Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión. De ahí que el argumento de que recortando en momentos de recesión el gasto público se facilitará la recuperación económica es poco creíble. En realidad, la propia experiencia española demuestra el error de tal supuesto. Los recortes de gasto público están contribuyendo al estancamiento de la economía española.

Igualmente sorprendente es la argumentación, bastante extendida entre dirigentes del PSOE, que señala que los cambios supuestamente introducidos por su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, salvan tal reforma porque garantizan la supervivencia e incluso refuerzan el Estado del bienestar. Así, Felipe González señaló recientemente (30-08-11) que, aun cuando la propuesta inicial del Partido Popular –que era exigir un déficit cero en los presupuestos venideros– era un “disparate”, saludó, sin embargo, la propuesta final aprobada, gracias a la intervención del candidato Rubalcaba, que permitirá un déficit de un 0,4% del PIB.

Tal porcentaje es, a todas luces, excesivamente bajo. En realidad, en los últimos 20 años, tal como ha subrayado David Lizoain, ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un sólo año. Alemania lo consiguió sólo un año, EEUU, tres años, Reino Unido, cuatro, y España, también cuatro, a costa, por cierto, de tener el gasto público por habitante más bajo de la UE-15.

Se podría argumentar que los países escandinavos de tradición socialdemócrata, y muy en particular Suecia, han sido países con gran número de años con superávit en sus presupuestos nacionales. Ahora bien, su carga impositiva es mucho mayor que en España y los ingresos al Estado representan un porcentaje mucho mayor del PIB que España. Las cifras hablan por sí mismas. En España, tales ingresos representan sólo un 32% del PIB, mientras que en Suecia son un 52%. En realidad, si España tuviera la política fiscal de Suecia, su Estado ingresaría 200.000 millones de euros más, cantidad suficiente para eliminar el déficit del Estado y corregir el enorme déficit de gasto público social de España.

Es poco probable, sin embargo, que las fuerzas que están pactando el déficit del 0,4% favorezcan un incremento sustancial de los impuestos y de su progresividad (los ricos en España tributan sólo el 20% de lo que tributan los ricos en Suecia). En realidad, durante estos últimos 15 años, ambos partidos han estado reduciendo los impuestos, debilitando su progresividad.

El tipo efectivo del IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa un 10% menos por sus beneficios y la banca se ha beneficiado de la enorme tolerancia, cuando no complicidad, de las autoridades públicas hacia el fraude fiscal.

De todo lo dicho es difícil concluir que las medidas propuestas salvarán el Estado del bienestar. En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008. La reducción del déficit público, requerido por el criterio de Maastricht, se consiguió a costa, no de aumentar los impuestos (que en realidad bajaron, sobre todo en las rentas superiores, reduciéndose un 37% para las rentas de más de 300.000 euros, pero sólo un 1,7% para la mayoría de la población que tributa al Estado), sino de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social.

Durante aquel periodo, la diferencia de gasto público social por habitante entre España y el promedio de la UE-15 aumentó considerablemente, de forma que en 2007, al inicio de la crisis, tal déficit de gasto público social de España con el promedio de la UE-15 era mayor que en el año 1993, cuando se iniciaron las políticas de austeridad. En España, los déficits públicos siempre se han reducido a costa de su Estado del bienestar. Creerse que ahora va a ser diferente es ignorar el temor del Estado español (tanto central, como autonómico) a enfrentarse con aquellos colectivos de mayores ingresos (que obtienen sus ingresos de las rentas del capital) y que no aportan al Estado lo que aportan sus homólogos en la UE-15. Así de claro.

Artículo publicado en PÚBLICO por Vicenç Navarro, 1 de septiembre de 2011

El insoportable error del 0,4%

August 26, 2011

 
La reforma de la constitución que se pretende hacer es un error tanto de forma como de fondo. Esta entrada pretende mostrar que limitar el déficit estructural del país al 0,4% mediante una ley orgánica también es una política radicalmente aberrante para una economía avanzada.
Este gráfico muestra el déficit estructural de los países del G-7 desde 1993 e incluye una proyección hasta el 2012.
Fuente: OECD
Como se puede ver, un déficit estructural superior al 0,4% es habitual. De hecho, en 20 años ni Francia, ni Italia, ni Japón han logrado un déficit inferior. Alemania, quien modificó su constitución al respecto, solo ha tenido un déficit estructural inferior al 0,4% un año de los últimos 20; los Estados Unidos lo ha tenido tres años, el Reino Unido cuatro, y Canadá destaca con doce años de un déficit estructural inferior al 0,4%. Logicamente, en 20 años, ni la zona euro ni el OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un solo año. Una dato demoledor a este respecto.
Este gráfico muestra el déficit estructural de España durante los mismos años:

Fuente: OECD
España, por su parte, ya superó ese objetivo cinco veces en 20 años, batiendo a todos los países del G-7 salvo Canadá. Por lo tanto, pretender que España fije un limite de gasto para generar confianza es totalmente incoherente. Además, quien se preocupa por la carga de la deuda se acordará que la carga depende de otros factores relevantes, como el crecimiento del país y los tipos de interes.
El concepto del déficit estructural por si mismo tiene poco sentido macroeconomico, señala Nick Rowe, y abre la puerta al malabarismo contable. Un limite de 0,4% es arbitrario a la vez que dinamita la política fiscal, como explica Josep Borrell. La experiencia de las economías avanzadas muestra que es un objetivo irreal y contraproducente. 
Los actores implicados (gobierno y principal partido de la oposición) en esta reforma tan insensata se acabarán arrepintiendo de ella.

La Reforma de la Negociación colectiva. (CNT-AIT)

Análisis de la nueva Reforma de la Negociación colectiva. Un nuevo ataque a los derechos de los trabajadores / CNT AIT

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La actual Reforma de la Negociación Colectiva hay que enmarcarla dentro de la estrategia permanente de la elite financiera y económica para desmantelar progresivamente los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

Después de la dura Reforma laboral aprobada en septiembre de 2010, el Gobierno, la Patronal y los sindicatos CCOO y UGT firmaron en Febrero de 2011 el ASE (Acuerdo Social y Económico). En este nuevo pacto social se contemplaban tres ejes fundamentales: por una parte, la Reforma del Sistema Público de Pensiones que se ha materializado en la ley de adecuación, actualización y modernización de la Seguridad Social que quedó definitivamente aprobada el pasado mes de Julio y entrará en vigor el 1 de Enero de 2013. En segundo lugar, la Reforma de las políticas activas de Empleo que se tradujo en el RD 3/2011 y por último, la Reforma de la Negociación Colectiva aprobada por el Real Decreto 7/2011 de 10 de Junio.

Tras varios meses de negociación entre los sindicatos oficiales y la patronal y cuando prácticamente existía ya un preacuerdo en el que CCOO y UGT habían aceptado la casi totalidad de las demandas empresariales, la CEOE escenificó la ruptura del proceso negociador convencida de que el Decreto que dictara el Gobierno sería aún más favorable para sus intereses que lo acordado con los sindicatos en la mesa de negociación.

Finalmente, así fue. El 11 de Junio el BOE publicaba el Real Decreto 7/2011 de 10 de junio de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva. Un decreto que el gobierno ha querido presentar como “urgente” y “equilibrado” y que pretende, según ellos, adaptar la negociación colectiva a la realidad cambiante de las empresas, dinamizar y flexibilizar las relaciones laborales de nuestras empresas para lograr que nuestra economía sea más competitiva y genere más empleo.

La realidad es que está Reforma multiplica el descomunal desequilibrio a favor de los empresarios que existe en el actual marco de relaciones laborales en este país. En modo alguno era necesaria, ni mucho menos urgente, pero se ha hecho por imposición de eso que ellos llaman los “mercados”, teniendo unos claros beneficiarios que son los empresarios y unos damnificados que somos el conjunto de los trabajadores.

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La reforma de la negociación colectiva (castellano)	1.18 MB
La reforma de la negociació col·lectiva (catalá)	1.04 MB
Estatuto de los trabajadores. Cuadro comparativo sobre las modificaciones realizadas por el decreto ley 7/2011	101.01 KB
Estatut dels treballadors. Quadre comparatiu sobre les modificacions realitzades pel decret llei 7-2011

Zapatero: el último salto mortal de un zascandil postmoderno

Antoni Domènech · G. Buster

29/08/11

Ha sido de ver y no creer: al candidato socialista Rubalcaba se le ha quedado, cosa rarísima, cara de tonto. La inopinada decisión del presidente socialista Zapatero de proceder a una "reforma constitucional" para fijar un tope al déficit público pilló a casi todo el mundo por sorpresa. No al conservador Rajoy, que además de previamente avisado por el jefe del gobierno, conocía la existencia de una carta del presidente del BCE, Trichet. En la carta, Trichet, con la inestimable colaboración del gobernador del Banco de España, del exministro de economía Solbes –muy activo últimamente— y aun de la actual ministra, Elena Salgado, exigía a Zapatero ésta y otras medidas (como el fin de la "ultraactividad" en la negociación colectiva, o la prórroga prácticamente indefinida en los plazos de los contratos laborales temporales) a trueque de la compra masiva de deuda soberana española e italiana en los mercados financieros secundarios. En el debate parlamentario, además de recordar que esa iniciativa la propusieron los conservadores del PP hace un año frente a la  displicente oposición del entonces ministro Rubalcaba, Rajoy logró, con redoblado recochineo, poner en aprietos a Zapatero: ¿Había o no había carta de Trichet de por medio? No hubo respuesta… La iniciativa de reforma constitucional no podía ser más inoportuna. Primero, porque los "mercados" hace semanas que han comprendido ya que las amenazas más importantes para la eurozona vienen precisamente de las políticas procíclicas de austeridad aplicadas por la elite política europea. Segundo, porque casi todo el mundo –¡hasta los editorialistas de El País!— ha comprendido ya que el verdadero problema de la eurozona es su pésimo diseño institucional –singularmente, la inexistencia de una autoridad fiscal—, no la deuda pública de los PIIGS. Y tercero, porque cualquier posibilidad electoral del centro, del centroizquierda y de la izquierda en España pasa por librarse del suicida corsé de austeridad fiscal procíclica impuesto por la incompetente troika dirigente (BCE, FMI, Comisión Europea) al conjunto de la UE y por insistir políticamente, en cambio, en la perentoria necesidad de un rediseño radical de la arquitectura institucional del continente. El contenido de la "reforma constitucional" propuesta por procedimiento de sumarísima urgencia es acaso lo de menos: por técnicamente impertinente, es seguramente irrelevante. Los plazos manejados para su entrada en vigor (2018-2020) hacen de esa reforma incluso algo ridículo: con la que está cayendo y la que va a caer, ¿quién quita que no caiga antes la Unión Europea? Pero su dimensión simbólica es demoledora: luego de suicidarse políticamente el 10 de mayo de 2010, Zapatero parece dispuesto a hundir también cualquier perspectiva de mínima recuperación electoral del PSOE y del candidato Rubalcaba, viejo zorro ahora atrapado en cepo. ¿Piensa el zombie político Zapatero más en su futuro personal que en ninguna otra cosa, y desde luego más que en el futuro político de su propio partido? Lo cierto es que España es un país con grandes posibilidades para los políticos retirados. Las puertas giratorias entre el mundo de la política y el de los negocios son aquí anchas, veloces y venturosas. No hace falta hablar de los expresidentes González (grupo Slim) y Aznar (grupo Murdoch). Josu Jon Imaz es ahora presidente de Petronor. El exministro de agricultura Luis Atienza, presidente de la Red Eléctrica Española. El exministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué, presidente de la aerolínea Vueling. El exministro de economía de Zapatero Pedro Solbes, en Enel, propietaria de Endesa, y en el banco británico Barclay. El exministro de economía Carlos Solchaga,  presidente de la Fundación Euroaméricas. El exministro de sanidad Julián García Vargas es ahora un hombre estrechamente vinculado a la Big Pharma. Rafael Domènech, antiguo subdirector de la Oficina Económica de Moncloa con Zapatero, es ahora economista jefe del BBVA para el área de España y Europa. Y por terminar en algún sitio: David Taguas pasó sin mediaciones de dirigir la Oficina Económica del presidente Zapatero y de ser miembro de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno a presidente de SEOPAN, el lobby más importante la patronal inmobiliaria (la que alentó la burbuja que ha terminad por hundir a la economía española).  Zapatero era en 2002 un insignificante diputado de provincias, tan disciplinado como mudo parlamentariamente durante años, cuando contra todo pronóstico llegó a hacerse con la secretaria general de un PSOE todavía destrozado por los escándalos de corrupción y terrorismo de Estado del final del felipismo social-liberal. Cuando, también contra todo pronóstico, llegó en 2004 a la presidencia del gobierno del Reino de España, lo que los mortales comunes podían conocer del ideario político de Zapatero se reducía prácticamente a esta asombrosa profesión de fe relativista postmoderna, digna de Forrest Gamp: "Ideología significa idea lógica y en política no hay ideas lógicas, hay ideas sujetas a debate que se aceptan en un proceso deliberativo, pero nunca por la evidencia de una deducción lógica (…) Si en política no sirve la lógica, es decir, si en el dominio de la organización de la convivencia no resultan válidos ni el método inductivo ni el método deductivo, sino tan sólo la discusión sobre diferentes opciones sin hilo conductor alguno que oriente las premisas y los objetivos, entonces todo es posible y aceptable, dado que carecemos de principios, de valores y de argumentos racionales que nos guíen en la resolución de los problemas". [Prólogo a Jordi Sevilla: De nuevo, socialismo, Barcelona,  editorial Crítica, 2002] El autor del libro prologado, el economista Jordi Sevilla, es quien, como se recordará, tenía que enseñarle al candidato Zapatero "economía en dos tardes". De economía sigue sin haber aprendido una palabra. Tal vez haya aprendido, sí, a hacer negocios personales. Tan o más relevante que eso parece, empero, su curriculum de frívolo zascandil invertebrado, complacientemente dispuesto a dejarse agitar por los vientos sociales y políticos de la hora. Ganó sus primeras elecciones aupado por la hora del notable movimiento social generado en España por la oposición al "trío de las Azores" y de la mano, entre otros, de unos sindicatos obreros que habían mostrado una creciente oposición a la política del Gobierno Aznar. En su primer mandato, Zapatero se presentó como un demócrata radical, dispuesto a ampliar derechos en todas las direcciones imaginables: derechos sociales, derechos nacionales, derechos civiles; incluso sugirió un compromiso con una ley electoral más democrática, menos discriminatoria con la izquierda. En su segundo mandato, y arrastrado por la feroz ofensiva contrarreformadora que ha seguido al desplome del capitalismo financiarizado en septiembre de 2008, hemos asistido a una progresiva y sistemática embestida contra todos esos derechos, y en general, contra el sentido común de la izquierda y del centroizquierda social. La guinda la ha puesto ahora, con la propuesta de nada menos que "reforma constitucional" que pretende aprobar por procedimiento parlamentario de urgencia, evitando –con la refocilada complicidad del PP— su ratificación popular en referéndum. En los próximos días sabremos si el grueso de su partido, el PSOE, se resigna agónicamente a un descalabro electoral sin precedentes el próximo 20 de noviembre, o si hay en ese partido todavía voces mínimamente acordes con el sentir de la izquierda social, señaladamente, los sindicatos obreros y el Movimiento del 15 M. Antoni Domènech es el editor general de SinPermiso. Gustavo Búster es miembro del Comité de Redacción de SinPermiso.

El ejemplo de Chile

(Y EL PARALELISMO O SIMILITUD, CON TODOS LOS PUEBLOS EMPOBRECIDOS O QUE SE ESTAN ENPOBRECIENDO Y SIEMPRE IGUAL SUFRIENDO LAS MISMAS PERSONAS. Redaccion de la trastienda )

Redacción de Atrio, 27-Agosto-2011

Cuando los sindicatos de un país se unen a los jóvenes estudiantes que llevan luchando más de tres meses para defender un sistema de educación público y gratuito para todos, y se consigue una huelga general contra los planes del gobierno que quiere entregar este campo a las iniciativas privadas que ven un negocio en las escuelas de pago y la gestión de créditos privados que sustituyan a las becas estatales, hay que admirarse y solidarizarse. Publicamos aquí un artículo con el rresumen de ese conflicto que escribió Pedro Echevarría.

¡Viva el pueblo chileno que lucha contra el gobierno represor, pro empresarial y pinochetista!

Por Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info, Viernes 26 de agosto 2011)
1. Ayer, más de 350 personas fueron detenidas y casi 40 resultaron lesionadas, entre ellas 19 policías, en la primera jornada del paro nacional de actividades en Chile convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) apoyado por los estudiantes y profesores chilenos que llevan adelante una movilización desde hace tres meses en rechazo a la privatización de la educación. Seis estudiantes en huelga de hambre desde hace más de un mes en rechazo a la privatización de la educación impulsada por el gobierno del presidente derechista Sebastián Piñera, depusieron su protesta, ante la precariedad de su salud. Y son estudiantes de secundaria de entre 14 y 17 años con un magnífico nivel de conciencia que los mexicanos envidiamos. Por ello se puede decir que los chilenos ponen el ejemplo.

2. Entre las peticiones destacan:

• a) la eliminación de la banca privada en el sistema de créditos para financiar la educación superior;
• b) el fin de la obtención de utilidades por parte de las universidades privadas (prohibido por ley pero burlado a través de resquicios)
• c) garantizar la calidad de la educación pública;
• d) educación como derecho social universal, no como bien de consumo.

El gobierno ha respondido con evasivas diciendo que las demandas están contempladas. Los estudiantes han rechazado todas las propuestas del gobierno por considerarlas “insuficientes”, sumando ya casi tres meses de movilizaciones para exigir un sistema de educación gratuito y de calidad para todos quienes no puedan pagarlo. El gobierno pro empresarial, en vez de resolver las demandas, se ha dedicado a amenazar y a reprimir con más violencia a los estudiantes y trabajadores

3. El amplio pliego de peticiones va desde una reforma a la Constitución y un cambio en el Código del Trabajo hasta la rebaja de los impuestos a los combustibles; los convocantes a la huelga nacional de 48 horas semiparalizaron el país, con oficinas públicas y parte del comercio cerrados, limitaciones en el transporte, barricadas en avenidas de las principales ciudades y choques con la policía. El presidente Piñera -derechista continuador del pinochetismo, así como de cuatro gobiernos de la llamada “concertación” que resultó un fracaso, está muy preocupado, pero sus respuestas –como gobierno derechista- han sido de terquedad y de mayor represión. Desde México resulta más difícil prever lo que sucederá, pero no podemos dejar de reconocer que el pueblo chileno tiene mucho que enseñar hoy a los mexicanos que aún duermen una larga siesta.

4. Muy diferente a lo que ha sucedido en México con sus partidos y presidentes: largo gobierno del PRI de 70 años y 11 de años de gobiernos del PAN, que no ha sido otra cosa que la continuidad de gobiernos corruptos y empresariales, en Chile ha habido más cambios y la participación política de la población mucho más activa. El Chile de los sesenta concluye con los gobiernos derechistas de la llamada “democracia cristiana” encabezada por el viejo Frei Montalva; luego llega un gobierno de izquierda de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende; en 1973 –mediante un golpe de Estado- se hace cargo del gobierno el fascista Pinochet y permanece en él hasta 1990. Los siguientes 20 años de gobiernos de la “concertación” (Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet) sólo prepararon el camino del regreso del pinochetista Piñera que tan mal a tratado a la población.

5. Sin embargo estos cambios: de democracia cristiana a unidad popular, luego a dictadura fascista han hecho más consciente y más experimentado al pueblo chileno; mucho más porque Chile es uno de los países de América que, junto con Argentina, Uruguay y Costa Rica, cuenta con altos niveles de escolaridad. Sin embargo no hay duda que mientras el presidente Piñera habla en televisión con amplia satisfacción por lo que dice ha hecho su gobierno -por ejemplo aquel rescate de mineros que lo puso como estrella en la pantalla de TV- en su cabeza planea de manera truculenta la forma de acabar con las grandes protestas estudiantiles y el Paro en las calles de Chile buscando reprimir toda forma de descontento con la acusación de “terrorismo”, así como terminar de someter a los indios mapuches que llevan décadas de lucha por su autonomía.

6. Enojado Piñera reta: “Lo de hoy día no es una marcha. Lo que se ha intentado es paralizar a nuestro país. (Se ha intentado) paralizar los hospitales, paralizar las escuelas, el transporte colectivo, el Metro, paralizar los puertos, los aeropuertos. ¿Qué ganamos con eso?”, insistió. Yo le quiero decir a los estudiantes y a los trabajadores que el Gobierno está perfectamente consciente de que tenemos muchos problemas, (pero) la mayoría de esos problemas los hemos heredado desde hace muchos años”, agregó. Y sigue la cantaleta de siempre: “Lo que vivimos hoy es responsabilidad de los gobiernos anteriores, esa es la verdad. Por eso le pido a los partidos que apoyaron a los gobiernos anteriores y que en cierta forma –hoy con su participación abierta en el paro- son los que han generado estos problemas- que ahora nos ayuden no a agravar los problemas, sino que a solucionarlos”.

7. Si tuviéramos una coordinación estudiantil y de trabajadores a nivel de América Latina, desde ayer miércoles hubiésemos paralizado en solidaridad todas las universidades y tecnológicos en apoyo de los estudiantes y trabajadores chilenos. Pero estamos tan jodidos que los malditos gobiernos, sus ejércitos y policías sacian su sed enferma de maldad golpeando hasta a niños y mujeres que demuestran su dignidad saliendo a protestar en las calles. Si hasta los años 70 se aceptó la ciudadanía a los 21 años cumplidos, luego se redujo a los 18, lo seguro es que se reduzca a 15 años para poderlos golpear, encarcelar y matar con apoyo de la ley. Esperamos que los luchadores sociales chilenos logren la conquista de sus demandas haciendo retroceder a su gobierno fascista y que esos niños de secundaria se conviertan en un ejemplo de dignidad para América Latina.

Estado de excepción: Violencia policial y golpe neoliberal

John Brown

Iohannes Maurus

 

Estamos asistiendo en las últimas semanas a un fuerte endurecimiento del régimen español. Este endurecimiento sucede a un intento de "seducción" del movimiento social identificado con las siglas 15M, por parte del gobierno de Zapatero y del flamante candidato Rubalcaba. Ese intento se ha traducido en un fracaso que responde a una imposibilidad: es imposible, en efecto, atender a las reivindicaciones de los jóvenes y menos jóvenes de las plazas y a la vez tranquilizar a los mercados que pretenden explícitamente saquear los bienes públicos y desvalorizar lo más posible la mercancía fuerza de trabajo. Ante esa imposibilidad manifiesta, las cosas se están poniendo claras. Ya no se trata de dialogar con quienes se oponen al régimen, ni siquiera de tolerarlos; ahora lo que se ensaya es la represión en la calle y el enrocamiento jurídico-constitucional. Los acontecimientos de Madrid en torno a la marcha laica y la visita del Papa, los episodios de violencia policial selectiva contra participantes notorios en el 15M han sido sólo el prólogo de un auténtico golpe de Estado legal: la consagración del equilibrio presupuestario como principio constitucional. Existe a pesar de las diferencias un parentesco entre la violencia policial desatada y la urgente reforma constitucional en ciernes: ambas se integran en la dimensión de la excepción propia del orden político y jurídico del Esrtado moderno.

La policía se nos presenta como una institución "normal" encargada de defender el orden público y de proteger a la ciudadanía frente a la violencia privada. Cuando somos víctimas o testigos de una agresión, solemos llamar a la policía. El problema es que la policía es también, con frecuencia, protagonista de agresiones contra personas. En ese caso, no tiene mucho sentido acudir a ella, pues quien te agrede no te va a proteger. Estas agresiones por parte de las fuerzas de orden público suelen considerarse "excesos" que contradicen la función "normal" de la policía y que a veces, cuando son demasiado evidentes, llegan incluso a sancionarse, aunque sin excesiva severidad. Sin embargo, esta consideración de la institución policial como un cuerpo normalmente destinado a proteger un interés general, que sólo ocasionalmente se desvía de su verdadera misión, es sumamente unilateral. Ignora el hecho de que la policía no se rige sólo por el principio de legalidad.

Una de las funciones de la policía, tal vez la que mejor la define, es el ejercicio de la violencia en nombre del mantenimiento del orden legal. El poder soberano, titular del monopolio de la violencia "legítima", delega en la policía como institución del Estado determinados aspectos del ejercicio de esta violencia. La policía es un poder "comisario", delegado, comisionado, una especie de dictadura comisaria permanente (cf. Carl Schmitt, Agamben). De la dictadura comisaria o delegación parcial del poder soberano procede el término "comisario de policía. La policía, al igual que el poder soberano que le otorga su mandato, actúa siempre dentro y fuera de la ley. Se afirma así que la policía defiende la ley, pero, en realidad, lo que defiende es un determinado orden social normal del que el ordenamiento jurídico es sólo una expresión parcial y mistificada. En el derecho, las relaciones sociales reales se reinterpretan en términos de un tejido abstracto de relaciones entre sujetos libres y objetos, de relaciones entre personas y de personas con cosas. La policía se sitúa formalmente en el plano del derecho, pero su función es restablecer las relaciones sociales reales, el orden social basado en la dominación y el poder de clase. Esto es lo que explica su doble inscripción en el derecho y en la realidad sancionada por los estatutos que la constituyen como institución o aparato de Estado y que, como ocurre en el caso de toda dictadura comisaria, le otorgan un mandato muy poco definido en cuanto a los fines, un mandato que se expresa en términos de derecho -defensa del orden legal-, pero que ciertamente va más allá del derecho. Los abusos policiales no son así una anomalía en el funcionamiento de la institución, sino uno de los aspectos esenciales de esta: su constante atravesamiento del orden jurídico en dirección de la realidad de las relaciones sociales.

En las últimas semanas, hemos podido ser testigos de esa posición excepcional de la policía como institución, viendo como en Madrid las fuerzas policiales desataron su violencia contra ciudadanos aislados e indefensos y que no suponían la más mínima amenaza, so pretexto de disolver una "concentración ilegal". El objetivo real de esta intervención, más allá de su objetivo declarado era intimidar a participantes conocidos en el movimiento 15M. De ese modo, se procuraba restablecer, no sólo el principio de "legalidad", sino sobre todo el orden y la obediencia. Quien visite los foros de debate de la policía como foropolicia verá que la ideología media de la policía no es necesariamente antidemocrática, siempre que la democracia se limite a las vías electorales y representativas de actuación. Lo que molesta a la policía es la intervención política directa del ciudadano en la calle, que considera como un "desorden". Este "desorden" es, sin embargo, un elemento esencial de cualquier democracia digna de ese nombre, pues la democracia, cuando no es otro nombre y otra organización del absolutismo, debe reconocer siempre la existencia de la parte de la sociedad no representada ni representable. La utopía policial consiste en liquidar lo no representable, transformar la democracia en un absolutismo de base electoral. En el crisol de la ideología policial se produce el tránsito de la democracia al fascismo, un tipo de democracia basada en la homogeneidad de la población y en su perfecta representabilidad en la persona del Jefe. Contrariamente a lo que suele afirmarse, los comportamientos fascistas en la policía no son resultado de una infiltración de sus cuerpos por organizaciones políticas de extrema derecha, sino el efecto de la ideología espontánea del aparato policial. La policía no es fascista, el fascismo es esencialmente policial, ideología de madero.

2. Vemos así, a propósito de los aparatos policiales, cómo la normalidad democrática en el capitalismo es un aspecto del Estado de excepción permanente. Del mismo modo que carece de sentido apelar a la policía contra los abusos policiales, no cabe tampoco pretender que cambie el sistema apelando al orden jurídico y denunciando sus violaciones. Las "violaciones" del orden jurídico son aspectos esenciales de ese propio orden. En tanto que el orden jurídico representa formalmente la decisión de un soberano en el ejercicio de su poder legislativo, su "violación" forma parte de ese mismo poder legislativo. La norma puede así formularse o interpretarse al arbitrio del soberano, que se reserva el monopolio de la legislación y de la interpretación de las normas.

Formalmente, las democracias se basan en la voluntad general y persiguen el interés general. El poder democrático sólo puede legitimarse en términos universales. Incluso la defensa de un interés particular debe adoptar la forma -jurídica- de un precepto universal. La juridicidad y la realidad social se contradicen, pero son al mismo tiempo inseparables. En nombre del principio de legalidad, se transgrede "legalmente" el principio de legalidad. El gran secreto del capitalismo consiste en haber codificado en términos jurídicos el conjunto de las relaciones sociales de modo que la propia explotación adquiere la forma de una relación contractual entre iguales. Como afirma Marx, la relación de identidad entre la propiedad y el trabajo que sirve de base a la ideología jurídica burguesa se trastoca en la realidad de las relaciones sociales capitalistas en una relación de contradicción entre ambos términos. La constitución es, en un capitalismo democrático, el instrumento jurídico fundamental mediante el cual la explotación efectiva de los trabajadores adquiere rango legal. No tiene sentido alguno invocarla -salvo de manera táctica- para acabar con la explotación: es la forma jurídica de la propia relación de explotación.

3. Estas consideraciones nos permiten abordar la cuestión de la reforma constitucional sin ilusiones juridicistas. El cambio constitucional propuesto y consensuado por las principales fuerzas políticas del régimen español tiene por objetivo integrar en la constitución el principio de equilibrio presupuestario que se expresaría en un límite máximo de endeudamiento fijado por ley orgánica. Este límite de endeudamiento, para respetar el principio de equilibrio presupuestario, tendría por lo demás, que fijarse a un nivel sumamente bajo. Las únicas excepciones consideradas en el texto son los casos de "c atástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados". Lo que no se contempla entre las excepciones. son las catástrofes sociales a que puede dar lugar una reducción masiva del gasto social, definitivamente ilustradas por la reducción brutal de la esperanza de vida y del nivel sanitario y cultural de la población en los países de la antigua Unión Soviética sometidos a la "terapia de choque" neoliberal.

De lo que se trata claramente es de no poner en peligro el pago de la renta financiera a los titulares de títulos de deuda o de derivados mediante políticas que puedan conducir a una posible suspensión de pagos. Del mismo modo que el Estado garantizaba el futuro de los trabajadores mediante la sanidad gratuita y las pensiones, así como a través de los subsidios de desempleo, el mismo Estado garantiza ahora la rentabilidad de las inversiones, poniéndolas a salvo de todo riesgo y transfiriendo el riesgo a las poblaciones. Si hoy existe una Juventud sin Futuro es porque sólo se está garnatizando el futuro de la renta financiera. Este cambio de estrategia, de la protección social de las personas a la protección pública de la renta financiera refleja un nuevo modelo de acumulación capitalista. En el nuevo modelo, el capital ha adquirido una completa movilidad gracias a la desregulación de los mercados. No tiene tendencialmente ninguna relación real con la producción y traslada los riesgos de la producción de mercancías y servicios a los propios trabajadores, cuyas relaciones laborales se convierten cada vez más en relaciones mercantiles. La cooperación interna a la empresa que se regía por estructuras de gobernanza interna distintas del mercado se sustituye por formas de intercambio -desigual- entre trabajadores. Cada trabajador es así responsable de su "capital humano" y eventualmente de cierta cantidad de capital fijo. El capital financiero, a través del endeudamiento sistemático de los productores funciona como un sistema de extracción de renta cada vez más disociado de la producción. Si la constitución española del 78 había registrado en su texto las dos principales características del modo de acumulación fordista: el libre mercado y la planificación, la reforma constitucional hoy propuesta se adapta a un capitalismo financiero y desterritorializado, a un capitalismo definitivamente parasitario y casi feudal en su modo de extracción de la plusvalía.

A esta transformación jurídica que consagra, -dentro de una constitución que ya consagraba explícitamente el capitalismo- la dominación del capital financiero no se puede responder por el mantenimiento de la redacción constitucional ya existente: no se combate el neoliberalismo con un retorno utópico al fordismo. La nueva redacción responde a la necesidad por parte de un capital parasitario de capturar la riqueza producida por los comunes productivos, por la colaboración y la inteligencia colectivas, esas mismas fuerzas que, desbordando el marco del orden vigente -celosamente defendido por la policía- ocupan nuestras plazas y las convierten en espacio de debate político y no de mera circulación de mercancías. En las plazas esta surgiendo la nueva constitución política de la multitud y de los comunes productivos: un derecho más allá de la propiedad, del individuo propietario y del Estado, más allá del propio derecho. Decir NO a la reforma constitucional es sólo un momento en la resistencia frente el golpe de Estado permanente del capital y a los distintos golpes que puntúan la historia de este régimen de explotación. Lo esencial es seguir afirmando en las plazas y en todo lugar la potencia de una multitud que no necesita y ya ni siquiera puede tolerar al capital ni al Estado.

Fuente: http://iohannesmaurus.blogspot.com/2011/08/violencia-policial-y-golpe-neoliberal.html