Una mirada a las crisis desde un feminismo anticapitalista: la transnacionalización de la reproducción

 

 Sandra Ezquerra, Revolta Global-Esquerra Anticapitalista  

 

Llevamos ya más de un año hablando de crisis y, frente a la versión de los medios de comunicación mayoritarios y de la clase política profesional, los movimientos sociales y la izquierda anticapitalista siguen insistiendo en el carácter estructural de ésta.  

 

Lejos de constituir un mero contratiempo en el supuestamente imparable avance del capitalismo global, la presente crisis responde a las propias contradicciones internas del sistema y a su tendencia innata hacia la creación destructiva. Ello hace que sus efectos se multipliquen y que, desde distintos sectores, se esté planteando que, además de económica y financiera, la actual crisis es también ecológica, alimentaria y climática. Pocas veces, no obstante, se menciona otra cara de la crisis sistémica: la crisis de los cuidados o del modelo reproductivo, la cual evidencia de forma especialmente directa la irresoluble contradicción entre la lógica del beneficio económico, por un lado, y la del bienestar de las personas 

y la reproducción de la sociedad en general por el otro. Teniendo en cuenta que las mujeres hemos sido históricamente las principales responsables de estas tareas, esta crisis nos golpea a nosotras de manera particularmente dramática.

 

La crisis de los cuidados, que lleva años recorriendo de forma silenciosa el Estado español y numerosos países occidentales, constituye principalmente la puesta en evidencia de la incapacidad social y política de garantizar 

el bienestar de amplios sectores de la población y su reproducción. Este proceso ha estado profundamente relacionado con la entrada generalizada de las mujeres en el mercado laboral durante las últimas décadas, el envejecimiento progresivo de la población y los efectos privatizadores que décadas de políticas neoliberales han tenido sobre el Estado del bienestar. Otras dinámicas relevantes han sido la precarización de las vidas de una parte importante de la población y el declive de la familia extensa como principal red de apoyo. Estos factores han multiplicado las cargas y responsabilidades de cuidado de muchas mujeres y han tenido

como principales resultados el declive en las tasas de fertilidad, así como la visibilización de la marginación, soledad y vulnerabilidad de numerosas personas en situación de autonomía restringida. Todo ello ha puesto de manifiesto la insostenibilidad de la organización tradicional de la reproducción y el cuidado, que han sido realizados históricamente por las mujeres de forma invisible y no remunerada, así como la urgente necesidad de redistribuir de una forma socialmente justa y colectiva la responsabilidad por el bienestar de las personas y la reproducción de la sociedad.

 

Legislación laboral inexistente y otras tantas desdichas 

 

Sin embargo, ante esta situación, la respuesta de los distintos actores implicados ha resultado profundamente decepcionante. Si bien recientemente en el Estado español hemos presenciado un cierto aumento de escuelas infantiles, este país sigue teniendo la inversión pública más baja de toda la Unión Europea en este tipo de servicios, menor incluso que la de Estados 

Unidos. Además, el aumento, poco más que anecdótico, ha quedado diluido tras la imparable privatización de los servicios públicos. En lo referente a las personas en situación de autonomía restringida, si bien la Ley de Dependencia ha llegado cargada de buenas intenciones, no cuestiona de manera efectiva la división sexual del trabajo ni la estricta separación entre espacio público y privado consolidadas con el auge del sistema capitalista y, ante la falta de recursos públicos y voluntad política, miles de personas en el Estado español siguen sin poder beneficiarse de ella.

 

Por otro lado, las empresas siguen evitando cualquier tipo de cambio real que las aleje 

Si bien los Estados occidentales, ya sea mediante sus exiguos presupuestos sociales o mediante su legalización de la precariedad e informalidad del trabajo doméstico remunerado, evaden su responsabilidad a la hora de proporcionar soluciones públicas y sociales a la crisis de los cuidados y la reproducción, no muestran ningún pudor a la hora de diseñar leyes de extranjería que encauzan la entrada de mujeres inmigrantes a la Europa Fortaleza, incluyendo el Estado español, ofreciéndoles como única oportunidad laboral y vital la realización de unas tareas domésticas y de cuidado respecto a las que todo el mundo se está lavando las manos.  

 

Las mujeres inmigrantes, el colectivo más desfavorecido 

 

Por otro lado, la llegada de cuidadoras extra-comunitarias al Estado español no es más que el resultado del creciente éxodo de millones de mujeres de países del Sur fruto de la restructuración económica impuesta desde Occidente y sus instituciones financieras durante décadas. Particularmente implementadas a través de los famosos Programas de Ajuste Estructural, estas políticas han desembocado en la eliminación de la agricultura de subsistencia, en una mayor concentración de los medios de producción y la riqueza, en elevadas tasas de paro y subocupación y en una asfixia del sector público en la Periferia. Estos procesos han golpeado de manera particularmente severa a las mujeres de esos países, ya que tradicionalmente éstas han tenido una importante presencia en la pequeña 

agricultura y en sectores públicos como la enseñanza y la sanidad. Además, ante el recorte de presupuestos sociales, son las principales substitutas del Estado a la hora de cuidar a los más vulnerables.

 

Es en este escenario, y ante la imposibilidad de mantener y cuidar a sus propias familias, que muchas mujeres del Sur emigran a lugares como el Estado español para cuidar a las familias de otros y otras mientras que dejan a las suyas en manos de maridos, hermanas, madres o vecinas. En el marco 

de una creciente división jerárquica internacional del trabajo y de los derechos, mientras que estas mujeres preparan nuestras cenas, hacen nuestras camas, cuidan a nuestros hijos y acompañan a nuestros ancianos,
sus hijas se crían solas durante años, hasta que acaban viniendo a substituir a sus madres, dejando, ellas también, a sus familias atrás. Irónicamente, huyen de unos Estados negligentes para acabar “subvencionando” a otros que no lo son menos. Además, mientras que los Estados occidentales se benefician del trabajo de estas mujeres para enmascarar el vacío de cuidados actualmente existente en Occidente, ni siquiera tienen que invertir en su reproducción ni en la de sus hijos, ya que ésta es realizada en los países de origen y en el marco de administraciones, comunidades y familias cada vez más empobrecidas y escuálidas. Eso sí, una vez alcanzan la edad adulta, muchos y muchas siguen cruzando fronteras dejando a los suyos atrás para venir a servir a otros. De esta manera, la “cadena transnacional del cuidado” se convierte en un dramático círculo vicioso que garantiza la pervivencia del capitalismo patriarcal a la vez que invisibiliza su naturaleza excluyente.

 

Respuestas del Estado... i del feminismo anticapitalista 

 

Las respuestas del Estado y las empresas a la crisis tampoco han conseguido alterar la división sexual del trabajo en los hogares ni el componente de clase de la organización del trabajo reproductivo en el Centro, sino que han resultado en su complejización: las contradicciones descritas no se están resolviendo mediante una generalizada implicación equitativa de los hombres en el trabajo del cuidado, ni por un fortalecimiento del papel cuidador del Estado ni, por descontado, mediante una “humanización” del sistema económico. La entrada de cientos de miles de mujeres inmigrantes en los hogares españoles como mano de obra reproductiva enmascara la opresión patriarcal de las mujeres autóctonas, ya que a menudo éstas, en lugar de luchar por alterar los roles de género en el seno de la familia, delegan parte del suyo en mujeres en clara posición de subordinación por su origen nacional, posición socioeconómica y situación administrativa. El desplazamiento de la división sexual del trabajo y de la opresión de género que la acompaña descansa sobre la explotación laboral de las “substitutas” y su discriminación racial en un mercado laboral profundamente segmentado. Las contradicciones visibilizadas por la crisis de la reproducción y los cuidados, de esta forma, en lugar de encontrar respuesta en un cuestionamiento del sesgo de género y clase existente en la organización de la sociedad, son gestionadas mediante una “externalización y etnificación de la solución” que continúa eximiendo al Estado, al mercado y a los hombres de toda responsabilidad, a la vez que introduce nuevos ejes de desigualdad y acentúa los ya existentes.  

 

Una mirada feminista y anticapitalista a las crisis nos muestra, de esta manera, no sólo la interconexión global existente entre procesos económicos, sociales y políticos, sino sobre todo la necesidad de interconectar y unificar las luchas para combatirlos. Urge seguir poniendo de manifiesto el papel imprescindible de TODAS las mujeres para la supervivencia del capitalismo patriarcal, así como la necesidad y centralidad de nuestra presencia, juntamente con la de tantos compañeros de lucha, para derribarlo y destruirlo.  

de su lógica del beneficio económico: a pesar de la generalización de la hueca retórica sobre la paridad y la reconciliación, las mujeres continuamos sufriendo los efectos laborales y personales de ser consideradas las principales abastecedoras del cuidado en el marco de la familia y de la sociedad. Ello desemboca en la multiplicación de la doble jornada y presencia femenina, y se da de manera paralela a nuestra sobreexplotación específica en el mercado de trabajo. Las más privilegiadas, ante la dificultad de obtener apoyo por parte del Estado o de sus compañeros, recurren al mercado para comprar un cuidado que en gran medida es llevado a cabo, en condiciones de gran precariedad, por mujeres inmigrantes. En unas disposiciones ciertamente reminiscentes de tiempos feudales, el Real Decreto 1424/1985, actual marco regulador del trabajo doméstico en el Estado español, no reconoce el derecho a un contrato por escrito o al subsidio de paro. Además, su ambigüedad desemboca en numerosos vacíos legales que permiten, entre otras escandalosas condiciones, jornadas de más de doce horas y el despido libre prácticamente gratuito.
Todas estas negligencias son justificadas bajo el argumento de que el trabajo doméstico, a diferencia de otras actividades remuneradas, constituye una relación laboral “especial”. Desafortunadamente, el caso español no es un caso aislado, y el trabajo doméstico no suele estar reconocido en ningún país como actividad laboral o trabajo “de verdad”.