Como son maestros de la neolengua hablan de
“calidad” e incluso responsabilizan cínicamente al sistema educativo del
nivel de paro existente, cuando es bien sabido que muchos de los
miembros de la generación más y mejor preparada de este país se está
yendo al exilio laboral o científico. Pero su verdadera esencia es
mandar el mensaje de que “hemos estudiado por encima de nuestras
posibilidades”. Porque lo cierto es que no están dispuestos a invertir
más en educación pública, por razones ideológicas y de negocio. No les
interesan ciudadanos formados, informados y críticos, para un mercado de
trabajo precario y una sociedad dual y cada vez menos democrática. No
quieren la mezcla social entre los hijos de familias de diferente
estatus socioeconómico.
Y porque se someten a los intereses
mercantilistas: la educación es un negocio que a nivel mundial supone un
pastel de 2 billones de dólares y que en España obtuvo casi 700
millones de euros de beneficios según los últimos datos del INE. Por
todo lo anterior, el objetivo que se ha trazado el gobierno del PP es
seguir trasfiriendo recursos del sector público al privado y pasar del
3,6% al 2,9% del PIB, lo que supone unos 7.000 millones de euros menos
al año, muy lejos de la inversión que realizan los países de nuestro
entorno.
Durante la democracia se lograron importantes avances en
el desarrollo de la escuela pública: incremento de centros y
profesorado, bajada de ratios, ampliación de la edad escolar
obligatoria, escolarización casi total desde los tres años, y mayor
acceso a estudios superiores de las capas populares. Estas conquistas
están siendo atacadas hace tiempo por los gobiernos de la derecha, cuya
ideología mercantilista y privatizadora quiere convertir la educación en
un negocio. Con esta ley se consolidan los recortes que se vienen
aplicando y supone un duro golpe a la educación pública.
La
educación pública española, por los compromisos de los sucesivos
gobiernos con la Iglesia católica y con la patronal de la enseñanza,
nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias
franquistas: segregación clasista, confesionalidad y amplio sector
privado costeado con fondos públicos. La ley Wert es un salto en esa
dirección.
- Segregación, con diversos itinerarios que
supondrán seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado,
desgajándolos del tronco común por tres vías: los llamados programas de
mejora del aprendizaje, la Formación Profesional Básica y los
itinerarios en 4º de ESO. Cuanto antes se segregue más se atenta contra
la igualdad de oportunidades y se niega la capacidad de cambio de niños y
adolescentes. También convierte la educación en una carrera de
obstáculos con continuas reválidas excluyentes. Este modelo educativo genera más fracaso escolar, más desigualdades y favorece una sociedad aún más clasista.
- Confesionalidad,
que nos retrotrae al nacionalcatolicismo, con una asignatura de
religión evaluable y con una alternativa dura para evitar la fuga del
alumnado del adoctrinamiento; eliminando Educación para la Ciudadanía y
demostrando que se cree más en la religión que en los valores
democráticos.
- Privatización y fortalecimiento de los conciertos privados,
al convertir a la educación en un bien individual y no un derecho
fundamental y no se garantiza la oferta de plazas públicas de nueva
creación. De esta forma se refuerza la doble red que crea
discriminación, dándose la paradoja de que entre todos financiamos a
quien más tiene, mientras se suprimen la atención a la diversidad y la
función compensatoria de la escuela.
- Menor democracia.
Se reducen las competencias de los órganos colegiados y de la comunidad
educativa, reforzando el poder y el clientelismo de las direcciones de
los centros
La LOMCE también quiere hacer legal lo ilegal con
conciertos para centros que segregan por sexo, contratación a dedo de
profesores nativos o publicación de rankings con los resultados de las
pruebas externas.
Este retorno al pasado lo protagoniza Wert, el
ministro más desprestigiado de la democracia, con un 80% de rechazo a su
gestión, que no puede esperar que su ley tenga ninguna continuidad de
futuro. Porque una ley superideologizada, sectaria no ha conseguido
ningún apoyo, excepto el de los obispos. Nadie la respalda en el
parlamento, ni el profesorado, las familias, los estudiantes o los
expertos en educación. Por ello, será una ley de muy corto recorrido y
frustrante, que acabará en el mismo momento en que se produzca un cambio
político progresista.
Es más, probablemente, junto al rechazo al
austericidio, a la privatización de la sanidad o a la reaccionaria
reforma del aborto, será uno de los elementos que más contribuyan al
cambio político. Entre el profesorado, las familias, el alumnado y la
ciudadanía que forma el movimiento de la Marea Verde en defensa de la
Escuela Pública de todos y para todos crece cada vez más la convicción
de que hay que echar a este gobierno para que no acabe con todo. Para
asegurar el derecho a una educación de calidad que forme a personas y a
ciudadanos comprometidos con la mejora y el futuro de su país y de sus
habitantes.
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