Hace dos días, el Parlamento de Cataluña, con los votos de CiU y la decisiva abstención del PP, aprobó la Ley de Medidas Fiscales que establece el primer copago sanitario del Estado: se pagará 1 euro por cada receta médica. Las medidas adoptadas se concretan en: · Deberá abonarse 1 euro por receta excepto para los medicamentos cuyo precio sea inferior a 1,67 euros. · Quedarán exentas del pago las personas que perciban una pensión no contributiva1 y quienes reciban la renta mínima de inserción2. · Al resto de ciudadanos se le aplicará hasta un máximo de 62 recetas al año. · Entrará en vigor el 1 de junio de 2012. Con esta medida se establece por primera vez el copago, disimulado de “tasa” para poder ser aplicado “legalmente” por una comunidad autónoma (la competencia para establecer copagos depende exclusivamente del Gobierno estatal). El apoyo del PP (su abstención ha sido decisiva ante la falta de votos de CiU para sacar adelante la medida), que hasta ahora -como en tantos otros temas (IRPF)- se ha venido mostrando en contra del copago, abre sin duda la puerta a su implantación en el resto del Estado. Que el copago supone un impuesto a la enfermedad y que afecta fundamentalmente a los más enfermos y los más pobres, no tiene duda alguna según toda la evidencia internacional. Ahora, en el caso de Cataluña, se confirma lo anterior: - Nadie que no sea enfermo crónico requiere 62 recetas en un año (más de 5 al mes). Si el límite se pone tan alto es porque no quieren dejar exentos de pago a este colectivo. Los enfermos crónicos deberán abonar 62 euros al año como nuevo impuesto a su enfermedad. - Sólo exime del pago de la nueva tasa a la población en situación de extrema pobreza. Las pensiones no contributivas suponen 5.007,80 €/año (357,70 €/mes) y la Renta Mínima de Inserción en Cataluña oscila entre 105,93 y 641,40 euros mensuales (en función del número de miembros de la unidad familiar). Sin embargo deberán pagar la tasa los parados, quienes perciban el salario mínimo (641,40 €/mes), los pensionistas (pensión mínima mensual para 2012: 763,60 y 618,90 en el caso de viudedad), el inmenso colectivo de mileuristas o de trabajadores sin trabajo permanente, …… Difícilmente estos colectivos van a poder hacer frente al pago de la vivienda, la luz, el transporte, la comida, …, con lo que sin duda se verán obligados al abandono de tratamientos médicos. Desde CAS Madrid y la Plataforma Matusalén alertamos a la población y llamamos a la organización y la lucha mantenida hasta la retirada de esta medida salvaje e indecente. CAS Madrid y Plataforma Matusalén, 15 de marzo de 2012  |
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16 de marzo de 2012
Imponen el copago sanitario en Cataluña
26 de noviembre de 2011
El copago sanitario atenta gravemente contra la salud
Ángeles Maestro
Pocas veces ha llegado tan alto el grado de alienación del discurso electoral. Sólo comparable con el nivel de descrédito generalizado del mismo. El centro del debate político ha sido la salida de la crisis, cuando todo el mundo sabe que después del túnel solo se vislumbra otro aún más negro.
Los candidatos han hablado de que la protección social es intocable cuando acaban de pactar una reforma constitucional que establece la prioridad absoluta del pago de la deuda, de sus intereses y el cumplimiento a rajatabla de los objetivos de déficit público. En roman paladino, la traducción práctica de esa reforma es blindar drásticos recortes del gasto público que, como bien sabemos, no se aplicarán a la financiación pública de bancos u cajas de ahorros, ni a la financiación de la iglesia católica, ni a la de la enseñanza privada – directa o por la vía de la desgravación – ni a los gastos en armamento,.. etc. Gobierno y oposición están atados a una lógica que, como se está demostrando, nos lleva directamente al precipicio. Han eliminado la única opción alternativa: no pagar la deuda para priorizar el gasto social y reestructurar el sector productivo.
Para confirmar la verdad que las paredes gritan: “Otro capitalismo es imposible”, el presidente de la Generalitat de Cataluña no ha tardado ni 48 horas en anunciar nuevas medidas de ahorro, incluido el más emblemático de todos: el copago sanitario y/o farmacéutico.
Todos lo negaron públicamente durante la campaña, nadie lo llevaba en el programa y todos han callado cuando Artur Mas ha hablado. Las encuestan hablan claramente de un rechazo mayoritario a la introducción de cualquier tipo de tasa por el uso de los servicios sanitarios o farmacéuticos, pero ahora, con los votos ya amasados, ha llegado el momento de introducirlo y no sólo para el pueblo catalán.
La introducción de cual tipo de tasa sanitaria o la modificación en la aportación del paciente, activo o pensionista, en los medicamentos tiene necesariamente que ser establecida por una norma de ámbito estatal. En el caso del pago de los medicamentos sería preciso reformar la Ley 29/2006 de garantía y uso racional de los medicamentos y en el caso de la tasa para acudir a consultas, urgencias, medios diagnósticos ..etc, sería necesario modificar el Real Decreto 1030/2006 que regula el contenido de la Cartera de Servicios Básicos y Comunes para todo el Estado. Cuando se publicó un informe interno de la Consejería de Sanidad de diciembre de 2010 en que se analizaban las “prestaciones prescindibles o de acceso restringido” y se calculaba el ahorro producido por su eliminación o exigencia de copago, se hacía referencia al Real Decreto citado. La conclusión lógica[1] fue que tal Informe era uno de los 17 encargados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a las CC.AA. al tiempo que ministras y altos cargos negaban enfáticamente la introducción de cualquier tipo de tasa.
La falacia de “desincentivar el abuso”.
El copago, como bien sabemos es repago, ahora más que nunca. El impuesto sobre las rentas de la población asalariada, detraído directamente de la nómina, supone ya el 85% de lo recaudado por el IRPF, el fraude fiscal – del capital – llega al 25% del PIB y, en medio de la crisis, la parte de la renta nacional que se llevan los beneficios empresariales ha crecido dos puntos pasando del 44,7 al 46,5%. Todo ello sin entrar a analizar un sistema fiscal en el que tributa más el dinero ganado trabajando que las rentas del capital, el escándalo de las SICAV, la continua reducción o eliminación de impuestos como patrimonio, sucesiones, la desgravación por el uso de la sanidad y la enseñanza privada, etc.
El pago de una cantidad por el uso de una prestación sanitaria supone gravar a la persona precisamente en el momento de máxima vulnerabilidad – cuando está enfermo – y cuando además aumentan los gastos de todo tipo y disminuyen los recursos como ocurre con la baja laboral.
El argumento, sistemáticamente utilizado por todos los defensores del copago “desincentivar el abuso” es una falacia. Sin negar que existan casos de uso injustificado de consultas, que deben resolverse de forma individualizada, los datos[2] relativos a las consultas médicas en atención primaria indican con claridad que si se excluyen las consultas de carácter administrativo y las que pueden ser atendidas por otros profesionales – como se hace en otros países – la frecuentación está por debajo de la media de la UE.
Por otro lado no hay que olvidar que es el médico y no el paciente el que prescribe ir al especialista, realizar determinadas pruebas diagnósticas o administrar determinado tipo de medicamentos.
El copago al servicio de la privatización
Dependiendo de la cuantía de la tasa la discriminación económica puede ser mayor o menor. La experiencia de introducir tickets moderadores muy bajos (menos de 2 euros) ya se ha realizado en otros en otros países, como Canadá y ha tenido efectos demoledores: se reduce drásticamente el uso el uso de servicio sanitarios o medicamentos para el 20% más pobre de la población, para quien esa cantidad es relativamente importante, independientemente de la gravedad de su padecimiento. En el caso de tasas sanitarias como las que se introdujeron el pasado mes de julio en Italia (10 euros/consulta atención primaria, 25 euros/ consulta especialista, 25 euros/ atención en urgencias sin ingreso, etc) los efectos, aun no cuantificados, serán demoledores para amplias capas de la población con menos recursos. Así está sucediendo en Portugal donde también se están cobrando 10 euros para acceder a la consulta de atención primaria. Médicos procedentes del Estado español que trabajan en el Alentejo refieren estar viendo cánceres con un nivel de desarrollo aquí desconocido como resultado de que la población más pobre prescinde de programas preventivos y retrasa la consulta.
Además de las graves y prioritaria consecuencias para la salud del copago, el impacto sobre el gasto sanitario es justo el contrario: el coste de los tratamientos aumenta.
En Grecia los drásticos recortes en sanidad (despidos, cierres de servicios, etc) han disminuido las consultas en medicina general y especializada, pero se han incrementado entre 2009 y 2010 en un 24% los ingresos hospitalarios.
Si la reducción del gasto no se produce, sino todo lo contrario – habida cuenta además de los costes administrativos generados por la recaudación - , y ellos lo saben, ¿cuál es la finalidad que persiguen?
Si tenemos en cuenta que en sanidad el 15% de la población (personas mayores, enfermos crónicos y pobres, en general) consume el 80% del gasto sanitario, dificultar el acceso a las prestaciones sanitarias o farmacéuticas a ese sector social, asegura el negocio privado en sanidad. Todo el mundo sabe que ante una patología compleja o costosa está asegurada la derivación a los hospitales públicos desde la sanidad privada.
Si a ello añadimos que el capital está trabajando con datos de desempleo en el Estado español del 30% sine die, se está configurando una situación bien diferente de la del pleno empleo que aconsejó sistemas sanitarios públicos, gratuitos, de calidad y universales para restaurar rápidamente la fuerza de trabajo. El futuro que nos diseñan es el de una sanidad tipo beneficencia para la población con menos recursos, como en EE.UU., y una asistencia sanitaria de calidad para quienes puedan pagarla. El copago encaja las piezas del puzzle: pobres, personas mayores y enfermos crónicos consumirán menos servicios sanitarios y medicamentos, independientemente de la trascendencia del medicamento o la gravedad de la enfermedad.
Hay soluciones, exactamente en sentido contrario
El sistema sanitario público tiene problemas serios de calidad y de despilfarro que las privatizaciones y los recortes agravan. Tanto el gasto farmacéutico injustificado o como la sobrecarga de las urgencias tiene razones múltiples, bien conocidas, entre las que destaca el déficit de personal sanitario, la consiguiente masificación de las consultas de atención primaria, sobre las que también recaen demandas socio-sanitarias, de salud mental y las consecuencias de la práctica inexistencia de la medicina preventiva, que a falta de otros recursos se “resuelven” con recetas. A todo ello hay que añadir la parasitación de la sanidad pública por parte de la privada, además del encarecimiento y la incompetencia manifiesta de la gestión privada de la sanidad pública en la resolución de enfermedades graves.
Las medidas deberían ir dirigidas al aumento y racionalización de los recursos sanitarios públicos, sobre todo los preventivos y de atención primaria, además de medidas integrales de política del medicamento: fabricación pública de medicamentos esenciales, eliminación del registro de medicamentos inútiles o injustificadamente caros, distribución de medicamentos en la cantidad requerida en los centros de salud, etc. Todo ello redundaría a medio plazo en una reducción del gasto y en lo que es más importante: la mejora en la calidad de la atención.
Si no se abordan este tipo de medidas es porque la estrategia privatizadora está bien arraigada y el beneficio privado es incompatible con la universalidad y la calidad de la asistencia sanitaria pública.
Por el contrario, la valoración desde principios irrenunciables de equidad, salud y servicio público sólo puede ser la siguiente:
- No se puede aceptar ningún tipo de pago para el acceso a servicios sanitarios, ni ningún aumento en la aportación del paciente a los medicamentos, ni de activos, ni de pensionistas, que sólo contribuiría a empeorar la accesibilidad económica, ya muy deteriorada por la caída en picado de las condiciones de vida de la población.
- El servicio sanitario público debe ser gratuito en el momento de uso. Son los impuestos directos, los que gravan la riqueza, los que deben establecer diferencias en las aportaciones a las finanzas públicas.
- El co-pago que pretenden justificar desde objetivos recaudatorios o de racionalización en el uso de las prestaciones sanitarias, obedece al objetivo real de favorecer la privatización (si hay que pagar por ir al médico, ¿por qué no pagar una póliza en la sanidad privada?) y quitarse de en medio a los mayores obstáculos al negocio privado en sanidad: enfermos crónicos, personas mayores y pobres en general.
No es ninguna exageración decir que el copago sanitario o farmacéutico pone en riesgo la vida de muchas personas. Es este un asunto altamente sensible que puede movilizar a muchas personas. Más temprano que tarde hay que ponerse manos a la obra.
Si privatizar empresas es un robo, privatizar servicios públicos como la sanidad es un crimen[3].
13 de septiembre de 2011
17 de febrero de 2011
Semana contra el copago y la privatización de la sanidad
Estimados compañer@s, diferentes sindicatos, secciones sindicales, asociaciones de vecinos, grupos políticos y ciudadanos independientes de diversos localidades del estado van a participar del 28 de febrero al 6 de marzo, en una semana contra el copago (repago), en defensa del sistema sanitario público y contra su privatización, para lo cual se instalarán mesas informativas en barrios, centros de trabajo, etc.
Os rogamos que difundáis este llamamiento entre vuestras organizaciones territoriales, sindicatos y secciones, junto con el comunicado adjunto (el que hemos dejado espacio libre para que cada organización que quiera participar ponga sus siglas) y la hoja de recogida de firmas (que también os adjuntamos).
El objetivo es concienciar y movilizar a la población antes de que introduzcan otro recorte más, esta vez en el sector sanitario, recorte que de llevarse a cabo tendrá efectos muy negativos sobre la salud de todos los sectores de la población, mayores lógicamente entre los sectores trabajadores y más desfavorecidos.
Fdo:
Coordinadora Anti Privatización de la Sanidad (www.casmadrid) y Plataforma Matusalén
9 de febrero de 2011
Datos concretos sobre el copago sanitario
(Excelente artículo de Nines Maestro sobre el copago sanitario, ya en la cocina, a la chita callando)
Hace tiempo que los buitres de la empresa privada, de la mano de los gobiernos central y autonómicos de turno, sobrevuelan la jugosa tarta de la sanidad pública llevándose tajadas cada vez más grandes.
El objetivo es doble: trasladar a la esfera del negocio todo aquello que pueda ser lucrativo y reducir a mínimos de beneficencia la asistencia sanitaria y sus prestaciones. Las presiones se intensifican ante las dificultades financieras de las CC.AA. Todas tienen la sanidad transferida y esa partida de gasto es, con mucho, la más importante de sus presupuestos. No se plantean pedir responsabilidades a quienes decidieron hacer aeropuertos ruinosos en medio de la nada, o planes urbanísticos faraónicos o fastos sin cuento a costa del dinero público. Han decidido recortar salarios y gasto público como sea y el copago está en el punto de mira.
Desde el famoso Informe Abril Martorell de 1991 andan ideando, opinando, lanzando bulos y especulando acerca de cómo hacer pagar al enfermo por la atención sanitaria, a crónicos y pensionistas por los medicamentos y cómo ir eliminando, como hicieron PP y PSOE con sus respectivos “medicamentazos”, la financiación pública de determinados medicamentos y prestaciones sanitarias.
Lo que ellos llaman “expertos” y que se definirían mejor como plumíferos por encargo están, desde hace meses, intoxicando con la “insostenibilidad” del sistema sanitario público, el mal uso de las consultas o de las urgencias, el fraude en algunas prestaciones…sin dato alguno que lo sustente.
En los últimos tiempos los emisores del mensaje van teniendo procedencia más elevada. La misma Leire Pajín, recién nombrada Ministra de Sanidad, declaró que el copago “estaba en estudio”; aunque alguien debió darse cuenta de que había levantado la liebre inoportunamente y a las pocas horas lo desmintió.
Hace pocos días el Secretario de estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y a éste nadie le ha desmentido, declaraba: “Hay que racionalizar los costes de la sanidad y la dependencia. Mantener la calidad requiere acuerdos de ámbito nacional para reducir costes. No estoy hablando de recortar, sino de hacer las cosas mejor”. Preguntado directamente por el copago, respondió: “En este momento, a 31 de enero de 2011, no está en la agenda inmediata, por más que se utiliza en muchos países. No será en este momento, pero es algo que habrá que reconsiderar en el futuro”[1]
La ambigüedad calculada de sus palabras, destinada a llevar con máxima cautela un asunto altamente sensible para la población, ha sido desvelada por la publicación por Casmadrid y Matusalén[2]de un Informe de la Consejería de Sanidad de Madrid de diciembre de 2010 en el cual se analizan qué elementos concretos de las prestaciones básicas de la cartera de Servicios, comunes para todo el Estado, y contemplados en el Real Decreto 1030/2006 podrían eliminarse o ser objeto de copago.
En el documento aparece una relación de” prestaciones prescindibles o de acceso restringido”. La gran mayoría de las analizadas afectan a ancianos, personas dependientes o enfermos crónicos y dado que están incluidas en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud, se consideran como básicas y son comunes para todas las Comunidades Autónomas.
Según el informe publicado por CASMADRID y reproducido por el diario PÚBLICO[3] las prestaciones que están estudio y para las que podría eliminarse total o parcialmente la financiación pública son entre otras, las siguientes:
Dado que la inclusión de todas las prestaciones objeto de este análisis fue decidida por Real Decreto y son obligatorias para todas las CC.AA, no es posible que una Comunidad Autónoma excluya por su cuenta, o establezca el copago, para algunas de ellas. La importancia del documento publicado es que sin duda responde a una solicitud de informe hecha por el Ministerio de Sanidad a las diferentes Consejerías de Sanidad, ante la decisión de realizar recortes de calado en las prestaciones, hecho que necesariamente debe llevarse a cabo mediante Real Decreto y para el conjunto del Estado. Los informes requeridos deben valorar – como se hace en el caso de Madrid – tanto el ahorro derivado del copago total o parcial, como el “impacto social”; es decir, el grado de indignación del respetable.
Desde hace tiempo venimos alertando de la introducción del copago a través de declaraciones de “expertos”, políticos, banqueros, etc. Ahora está escrito negro sobre blanco en un informe, bien es verdad que confidencial.
Lo tenemos delante: verde y con asas.
Lo único que les detiene es el miedo a que la gente se eche a la calle y diga de una vez que ya está bien. Y sólo lo podrá hacer si cuenta con información fidedigna, ofrecida por organizaciones fuera de cualquier sospecha de financiación o interés espúreo.
Mientras se preparan manifestaciones en diversos territorios para el mes de abril, diferentes organizaciones se preparan para sacar mesas a la calle para ofrecer información y recoger firmas contra el copago y la privatización de la sanidad. Todas las manos hacen falta.
Los folletos y la hoja de firmas puedes descargártelo en www.casmadrid.org
[1] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=2383&lim
[2] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=68&ti
[3] http://www.publico.es/espana/360404/madrid-estudia-recortar-prestacion
[4] Técnica diagnóstica no invasiva muy utilizada en el diagnóstico del cáncer pues permite identificar los focos de crecimiento celular anormal.
29 de diciembre de 2010
No al copago sanitario
Esto no puede seguir así. Las medidas antisociales se encadenan una tras otra. Casi 5 millones de parados, la disminución de salarios públicos o privados, el despido barato, fácil y arbitrario, la subida de impuestos, los recortes en la educación y sanidad, la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años. La última canallada ha sido suprimir los 426 euros a los parados de larga duración. Y en el horizonte ya anuncian que quieren meterle mano a las pensiones e implantar un nuevo impuesto a la enfermedad, al que llaman copago sanitario.
Este sistema de copago (pagar una cantidad por servicios médicos) nos afectará a todos. Con lo que se romperá la universalidad y solidaridad del sistema sanitario ahondando más las diferencias sociales, haciéndonos a todos, especialmente a las personas más vulnerables, los “paganos de la crisis”.
La tormenta no escampará hasta que la ciudadanía se movilice contra las pretensiones antisociales e injustas del gobierno. Juntemos las soledades, reunamos los malestares, organicemos las respuestas.
Desde el Colectivo La Trastienda hemos iniciado una campaña de información y una recogida de firmas. Si quieres colaborar de algún modo, ponte en contacto con nosotros. No queremos que la sanidad se convierta en un negocio privado, no queremos que se trafique con nuestra salud, ni que se nos haga pagar dos veces el mismo servicio.
Puedes ampliar la información, en este enlace:
http://casmadrid.org/
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