Criminalización de la población inmigrante

El nuevo reglamento de extranjería apuntala la criminalización de la población migrante

 

El 30 de abril de 2011 fue publicado en el BOE el Real decreto 557/2010, de 20 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, conocido comúnmente como Reglamento de Extranjería, y que entrará en vigor a los dos meses de su publicación.

Para la CGT este nuevo reglamento de extranjería es un instrumento más de discriminación y criminalización a la población migrante.

Ello, en primer lugar, porque es el desarrollo de la última reforma de la ley de extranjería, una reforma llevada a cabo en diciembre de 2009 y que supuso una de las mayores restricciones de derechos a la población migrante de la historia. Cabe recordar que la reforma suponía la limitación del derecho a la reagrupación familiar, el aumento del tiempo de reclusión en los Centros de Internamiento, el grave endurecimiento de las condiciones de acceso a la justicia gratuita o el incremento del régimen sancionador. Pues bien, ya que el Reglamento supone el desarrollo de la Ley de Extranjería no hace sino apuntalar estas restricciones de derechos operadas en la última reforma.

En segundo lugar, es un Reglamento muy confuso y complejo : 266 artículos, 101 más que el anterior y 25 disposiciones adicionales dan cuenta de su extensión. Este hecho origina un sistema muy complejo de autorizaciones de residencia nunca vista hasta ahora que conforman un abanico que va desde el inmigrante poco cualificado que renueva su permiso a duras penas y donde son todo trabas y obstáculos en el camino, hasta el inmigrante altamente cualificado al que se le ofrecen ciertas facilidades para establecerse en España. El Gobierno aprovecha el actual contexto de crisis económica y no esconde su apuesta por priorizar la contratación de trabajadores nacionales, aunque para ello deba vulnerar derechos de las personas migrantes.

En tercer lugar, el Reglamento destaca por la inclusión de nuevos conceptos jurídicos indeterminados que producirán con total seguridad una mayor discrecionalidad por parte de la administración. Conceptos tales como el de “esfuerzo de integración” nos recuerdan a las políticas de extranjería de la derecha europea, como los programas de Instrucción en Holanda, o el contrato de Integración de la Francia de Sarkozy.

En definitiva, el Reglamento es una medida más para hacer pagar la crisis de origen financiero e inmobiliario a la clase trabajadora y a los que menos tienen. Por todo ello, CGT se opone al reglamento y seguirá luchando por la defensa de los laborales y sociales de la clase trabajadora ya sea nacional o extranjera.

Secretaría de Acción Social – Comité Confederal de la CGT