Alegaciones al Reglamento de la Renta Básica

 Éste es el escrito de alegaciones que ha presentado la Plataforma por la Renta Básica de Extremadura al proyecto de Reglamento de la Renta Básica Extremeña de Inserción.

Queremos expresar una consideración previa. Es lamentable que la Junta de Extremadura se siga acogiendo a aquella máxima del Conde de Romanones, uno de los máximos exponentes de la política caciquil en España, que decía “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”. ¿Quién es la Junta de Extremadura para recortar el acceso a la Renta Básica, una vez que el Parlamento ha aprobado la ley? ¿Cómo es posible que la Junta se permita el lujo de enmendar la ley introduciendo medidas que repercuten negativamente sobre los solicitantes y beneficiarios de la renta básica? ¿Se atrevería a hacer lo mismo la Junta de Extremadura si la ley afectara a banqueros, propietarios del suelo, dueños de grandes fincas o grandes empresas? ¿Por qué se trata a la gente más humilde desde la sospecha permanente, como presuntos defraudadores?

Es conocida por la Junta de Extremadura y por la sociedad extremeña nuestra visión crítica en relación a la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción. En nuestra opinión se ha perdido una gran oportunidad para hacer una auténtica ley de renta básica y se ha acabado aprobando un texto que continúa en la estela de las AISES, que han demostrado sobradamente ser un instrumento fracasado y completamente inservible en las circunstancias de emergencia social que vivimos. 

Presentamos un conjunto de alegaciones que, al menos, eviten profundizar el sesgo restrictivo, burocrático, clientelar y antisocial de la ley.

1.       Restricción en los requisitos de acceso a los jóvenes menores de 25 y mayores de 18 años. En el artículo 5 del proyecto de Decreto, apartados 1 y 2, se establecen requisitos no establecidos en la ley y que dificultan el acceso a los jóvenes de entre 18 y 25 años, en concreto se les exige que deben acreditar haber vivido de forma independiente de su familia al menos un año o al menos un período de dos años dentro de los cuatro inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.  Es un abuso y un atropello contra los jóvenes que se encuentran en situación de paro y precariedad. Proponemos sencillamente que se supriman los dos apartados mencionados.

2.       Carencia de medios económicos. En el proyecto de Reglamento se exceptúa las becas de postgrado de la relación de asignaciones y prestaciones que no se tendrán en cuenta a la hora de determinar la carencia de medios económicos. ¿Es que los hijos de los pobres no pueden estudiar o es que las familias han de mantenerse con la beca de los hijos? Solicitamos que se suprima al artículo 6 del proyecto de reglamento.

3.       Determinación de los recursos económicos. En el artículo 7.2  del proyecto de reglamento se computa “las pensiones complementarias o de alimentos fijadas mediante resolución judicial”. Nos parece un gesto miserable por parte de la Junta de Extremadura que, además, pretende hacer como que desconoce la gran cantidad y variedad de situaciones conflictivas que existen por impago de las pensiones alimenticias. Solicitamos que se suprima esa mención en el artículo 7.2, así como el artículo 12 en su integridad.

4.       Rendimientos del trabajo por cuenta propia. Bastante desgracia tiene aquel autónomo que no es capaz de sacar en limpio ni siquiera la cuantía de las cuotas a la Seguridad Social. Solicitamos la supresión de  lo establecido en el apartado 3 del artículo 8 y el apartado 2 del artículo 10.

5.       Documentación. Lo establecido en el proyecto de la Junta de Extremadura sólo nos merece dos calificativos: estafa y abuso. Estafa, puesto que el gobierno regional retiró del anteproyecto de ley de renta básica el mismo aluvión de documentos que ahora recupera y vuelve a exigir en el Reglamento. Cuidadosamente lo retiró del trámite parlamentario y ahora lo cuela otra vez de rondón. Y encima, al gobierno no le basta con requerir todos los documentos que ahora se piden para solicitar las AISES, sino que además incrementa el número.

Abuso, porque se somete a un vía crucis de papeleo precisamente a la gente más humilde y, por lo general, con más dificultades para defenderse de los burladeros de la burocracia. Los mismos políticos que hablan pomposamente de mejora y simplificación de la Administración pública son los que reclaman hasta 14 documentos distintos para poder cobrar la renta básica de inserción (sin contar los del resto de integrantes de la familia o unidad de convivencia). Hay que torturar burocráticamente a los más necesitados, hay que hacerles sudar la renta básica de inserción, hay que llenar todo el camino de insidias, trabas y trámites. ¿Por qué para solicitar el subsidio de desempleo basta con llevar encima el DNI y para solicitar las AISES -y ahora la renta básica de inserción- hay que andar peregrinando y mendigando papeles durante semanas enteras?

Hace cinco días, el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, presentaba una Propuesta de Reforma de las Administraciones Públicas. Según Rajoy los ejes de la Reforma son eliminar duplicidades, simplificar trámites y ganar en eficiencia. Simplificar trámites aparece una y otra vez entre los objetivos y las 270 medidas que se anuncian. ¿Es que simplificación de trámites no afecta a la gente común, a la gente del pueblo? ¿O es que los pobres son sospechosos de fraude, por definición? ¿Quién ha defraudado y defrauda más en este país y en esta región, los pobres o, por el contrario, los grandes empresarios, los banqueros y los políticos?

Reclamamos de la Junta de Extremadura que ponga fin a esta irracionalidad. Que cumpla lo establecido en el Decreto 125/2005 de 24 de mayo, por el que se aprueban medidas de mejora de la administración administrativa y, muy especialmente, lo que dispone el Estatuto de Autonomía en su artículo 39.2 :

“La Comunidad Autónoma regulará los procedimientos administrativos propios y adaptará los procedimientos generales para dar celeridad y transparencia a la tramitación administrativa (…) para extender las relaciones interadministrativas y con los ciudadanos por medios telemáticos y para la simplificación de trámites”.

Solicitamos que baste con la solicitud para tramitar la renta básica de inserción y que la comprobación de los documentos requeridos se realice de oficio por la Administración Autonómica. 

6.       Proyecto Individualizado de Inserción. Es el paro, no una supuesta conducta desviada  o disruptiva lo que hace que las personas hayan de acogerse a la renta básica de inserción. Revela un clasismo y cretinismo superlativos establecer en el proyecto indivualizado de inserción “acciones encaminadas a promover la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia, la inserción y participación social, especialmente en el entorno de su vida cotidiana”. Lo que necesitan los parados y paradas extremeñas es más trabajo y menos píldoras paternalistas de inteligencia emocional.

Tras el lenguaje burocrático-terapéutico al uso (diagnóstico, pronóstico, conductas de riesgo, derivación entre organismos) lo que encontramos es todo una panoplia de contraprestaciones y sutiles amenazas para poder mantener y renovar el cobro de la renta básica de inserción.

Solicitamos que se supriman los artículos 21.2, 22, 23 y 24.

7.       Comisión de Seguimiento. Resulta injustificable que no se proponga que en la Comisión de Seguimiento haya algún representante del movimiento que ha promovido la implantación de la Renta Básica en Extremadura y que ha presentado 26.383 firmas en la Asamblea de Extremadura avalando la propuesta mediante una Iniciativa Legislativa Popular.  Dicho movimiento por la Renta Básica está en el origen de la creación de los Campamentos Dignidad en Extremadura.

Solicitamos del Gobierno de Extremadura que incluya una representación de la Plataforma Extremeña por la Renta Básica en la Comisión de Seguimiento (Articulo 28).

POR LO QUE SOLICITAMOS

PRIMERO: Se tenga por presentado este escrito de alegaciones y se incluyan las modificaciones propuestas.

SEGUNDO: Que se responda razonadamente a estas alegaciones.

En Mérida a 25 de junio de 2013.