Un caso ejemplar de desvergüenza política
CIUDADANO PEREZ
Salvo que una fortísima movilización ciudadana lo impida, el Parlamento español se dispone a aprobar el plan del Gobierno que pretende introducir un severo recorte de las pensiones. Recortes que no afectarán para nada a las pensiones de los diputados, pues hace tiempo que ellos blindaron las suyas. El hecho de haber ostentado la condición de parlamentario durante siete años garantiza el cobro de la pensión máxima: 2.497,91 euros, una paga brillante al lado de los 347,60 euros de la pensión más baja del sistema.
Como con mayor detalle expongo en
¿Pensiones en peligro? Que la banca pague lo que debe (El Viejo Topo), el argumento utilizado por el Gobierno y los economistas que escriben a sueldo de los bancos, caso de los 100 de Fedea, es absoluta y radicalmente falso. Y con ello no he descubierto la pólvora, ya que coincido con otros autores no comprados por el sucio dinero de la delincuencia financiera.
Estos apocalípticos profetas vaticinan un severo envejecimiento de la población a medio plazo. Pero la tendencia demográfica actual no tiene necesariamente que cumplirse en 2040. Por poner un ejemplo algo macabro: si se continúan precarizando las condiciones laborales al tiempo que se deteriora la sanidad pública en beneficio de la medicina privada, la actual tendencia a la longevidad se invertirá. Pues grandes capas empobrecidas de la población no recibirán cuidados médicos en caso de enfermedad. La medicina privada no es apta para todos los públicos.
La que sí tiene la pólvora mojada es esa bomba de relojería demográfica de la que hablan los apocalípticos. Pues mientras la población joven que hay
aquí y ahora continúe sumida en la precariedad laboral no cotizará a la Seguridad Social y, por tanto, no habrá generado derecho a pensión cuando alcancen la edad de jubilación. De manera que se verán obligados a seguir trabajando, si es que alguien los emplea, hasta que venga a buscarles la muerte. A esto hay que añadir el creciente grupo de trabajadores condenado al desempleo a partir de los cincuenta años, cuya pensión sufrirá
aquí y ahora, sin necesidad de reformas, un severo recorte en su cuantía. En definitiva, aun cuando se mantuviera la tendencia al envejecimiento, las políticas actuales dejarán a muchos viejos sin derecho a pensión en 2040.
Abusando del cuento demográfico, el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, —del que ya no sabemos si es o no es socialista, pero que, ateniéndonos al hecho formal, obtuvo el mandato bajo las siglas del PSOE, un partido que oficialmente enarbola la bandera socialdemócrata—, se dispone a introducir severos recortes en el sistema público de pensiones.
Recortes que se harán con la indiscutible ayuda del Partido Popular que, pese a su habitual despliegue de filibusterismo parlamentario, le va a prestar todo su apoyo encubierto por evidentes razones. La primera, porque la destrucción del Estado del Bienestar forma parte de su agenda oculta y su ideario político. La segunda, porque electoralmente le viene de perlas que el PSOE le deje hecho este trabajo sucio. ¿Por qué los militantes de este partido no lo impiden?
Spain is different: ofreciendo un detestable ejemplo de sinvergonzonería política, los diputados que se disponen a recortar nuestras pensiones no han tenido el menor sonrojo a la hora de barrer para sí mismos y blindar las suyas. Para sus excelsas señorías pensión digna sí es posible.
A lo largo de las dos ultimas legislaturas de continua gresca parlamentaria, los grupos mayoritarios del PP y PSOE sólo han alcanzado un acuerdo, aprobado por unanimidad en las mesas del Congreso y el Senado: la creación de un fondo que permitirá a los parlamentarios obtener la pensión máxima del sistema de Seguridad Social cuando dejen el escaño, con el único requisito de haber sido miembros de las Cámaras durante al menos siete años (es decir, la duración habitual de dos legislaturas). De esta forma se consigue que las Cortes garanticen que todos los diputados y senadores con siete años de mandato puedan cobrar la pensión máxima: 2.497,91 euros mensuales en 2011. Esta pensión, que los ciudadanos comunes sólo obtienen cotizando 35 años y siempre que los últimos 15 lo hayan hecho por la base máxima, la obtendrán los parlamentarios que no hayan cumplido con este requisito, pues recibirán de las Cortes un suplemento extra que iguale su pensión a la máxima del sistema de la Seguridad Social.
El argumento para conceder este complemento es que debe asegurarse la dignidad de los cargos parlamentarios. Pero esta dignidad no fue sometida a debate abierto en el hemiciclo, con luz y taquígrafos. Estas canonjías se aprobaron de manera vergonzante utilizando un órgano de carácter administrativo (las mesas conjuntas de ambas Cámaras). Y además con sordina, en pleno mes de julio de 2006, cuando la atención informativa decae a causa de la canícula veraniega. O sea, que los mismos parlamentarios que aprueban leyes de pensiones mínimas, paupérrimas, para millones de jubilados, se suben las pensiones para sí mismos sin someterlas a ley.
Más ventajas. Si el diputado o diputada ha cumplido 55 años en el momento del cese, no tiene oficio ni beneficio y se queda en paro, las Cortes corren con su cotización a la Seguridad Social hasta completar el periodo necesario para tener derecho a la pensión de jubilación más elevada. Si no dispone de ingresos o patrimonio suficiente tiene además derecho a una ayuda económica hasta que se jubile equivalente al 60% de la asignación constitucional (3.126,52 euros mensuales) las Cortes les costean también un plan privado de pensiones mientras mantengan su escaño, en el que ingresan mensualmente el 10% de sus emolumentos. El objetivo, dice el reglamento, “es situar a los parlamentarios españoles en un nivel equiparable a la media de los países en nuestro entorno”.
A sus señorías no parece preocuparles que las pensiones que perciben la mayoría de los jubilados estén muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno. Tal y como han organizado su retiro dorado, con periodos de cotización mínimos, se puede calificar su pensión dentro de la categoría de no contributiva. Y no es moralmente admisible que se autoadjudiquen una cuantía tan elevada mientras votan decretos que fijan en 347,60 euros la pensión más baja del sistema, denominada precisamente no contributiva. Porque esta es una forma de crear pobres por decreto.
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