La ética como regulación del derecho y la democracia como proyecto ético-político (Juan Pedro Viñuela)

Ni la ética se reduce al derecho ni a la inversa. Pero tampoco son ajenas. Existe una relación histórico-sistemática entre ambas. No hay ética sin derecho ni derecho sin ética. El derecho, enunciado de forma positivista, podríamos entenderlo como la normalización de la ética o conjunto de normas que hacen posible la convivencia. Pero, aún así, ni el derecho agota la ética, ni la ética el derecho. Lo que sí podemos decir es que el hombre es un animal social y necesita de normas para sobrevivir, como dijera Kant, “hasta un pueblo de demonios necesita de sus leyes…” El derecho es la plasmación positiva de la ética. Ahora bien, el objetivo del hombre es una ética universal. Pero para poder tener una ética universal, o buscarla, tiene que ser, como diría Adela Cortina, una ética de mínimos. Unos mínimos exigibles y consensuados por el diálogo comunicativo entre seres racionales que coinciden con todas las diversas morales existentes. En cuanto nos vayamos a unos máximos empezarán las diferencias. Y por eso el marco político de organización social que haga posible esta ética y que se plasme en el derecho es la democracia. Por eso, tanto la ética, como el derecho, como la democracia son conquistas del hombre. Conquistas en las que el hombre se ha ido autoconociendo o reconociendo o inventándose o construyéndose. Y por eso constituyen una forma de vida.
                        

Y, también, por este motivo, la democracia es contraria al pensamiento utópico. La utopía es producto de un pensamiento cerrado y acabado. Mientras que la democracia surge del pensamiento en creación, en diálogo, inacabado. La democracia se va haciendo y obedece a la ley de la entropía, si no se la persigue y perfecciona continuamente, degenera. Lo característico del pensamiento utópico es un pensamiento ya construido, que se cree conocedor de la historia y, por tanto, de su devenir y, por ello, puede marcar y delinear el futuro. Este pensamiento es excluyente, elimina al disidente y acaba en totalitarismo. Por el contrario, el esfuerzo de la democracia es la búsqueda de la universalidad, pero no la imposición de mi supuesta creencia universal. La democracia debe de ser capaz, mediante su reglamentación jurídica, de dar cabida a todas las expresiones éticas, siempre y cuando cumplan los mínimos exigibles. Pero es aquí donde se suscitan las mayores cuestiones. ¿Cuáles son esos mínimos exigibles? Yo creo que la cuestión está clara desde la Ilustración y que en lo que consiste el asunto es en proseguir con el proceso inacabado de la Ilustración. Me refiero a la concepción del hombre como sujeto. Cosa que viene formalizada en el imperativo categórico kantiano en su más suculenta formulación: obra siempre de tal forma que consideres al otro como un fin en sí mismo y no como un medio. Es decir, que aquí lo que se nos está definiendo es el concepto de persona. La persona es un fin, por tanto, un sujeto, alguien como yo. Por eso me hace falta la empatía para reconocerme en el otro y actuar moralmente, ser capaz de ver su alegría o su sufrimiento. Es decir, que la persona es un sujeto, por ello tiene dignidad y, en tanto que tiene dignidad, es persona. De todo ello se desprende que es merecedor del máximo respeto, lo que implica que no puede ser instrumentalizado. Pues bien, esta base ética es la que debe defender políticamente la democracia y jurídicamente el derecho. Ahora bien, esto implica que la democracia no es sólo una cuestión formal, sino de contenido. La democracia es una forma de vida, algo que ya inventaron los griegos y que redescubrimos, pero que debe ser guía de nuestros principios y acciones, de nuestra ética, porque es la ética mencionada la que la alimenta, pero sin esfuerzo, ni compromiso, todo se viene abajo. Esto, por un lado, es decir, en lo que compete al ciudadano. Y, en cuanto a lo que compete a los poderes e instituciones pues también están sometidos a una misma ley, como hemos dicho, la de no instrumentalizar. Cada vez que cualquier forma de poder o institución nos toma como instrumento, nos mediatiza, nos convierte en objeto, está destruyendo la democracia. Pero aquí viene algo muy importante. Cuando esto ocurre en una sociedad que se llama a sí mismo democrática es necesario actuar de inmediato. Y la forma de actuar es la desobediencia civil, porque en definitiva el poder, cuando nos mediatiza, se convierte en una tiranía. Y contra la tiranía es legítima la desobediencia civil; eso, si queremos conservar la democracia. Por eso en la sociedad actual, en la española, es necesario un proceso constituyente para recuperar la democracia.

Queja a la Defensora del Pueblo para que se terminen los desahucios y la Junta dé la cara

Esta es la queja y petición de mediación que, desde la Plataforma de Afectados por las Hipotecas-Stop Desahucios Mérida y desde el Campamento Dignidad de Mérida se ha presentado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril el día 28 de mayo de 2013. 

Exigimos el fin de los desahucios. Exigimos que la Junta de Extremadura dé la cara y nos reciba.

Oficina del Defensor del Pueblo

Doña Soledad Becerril

Calle Zurbano, 42

28010 Madrid

Estimada Señora:

Nos dirigimos a la Oficina del Defensor del Pueblo para solicitar su gestión e intervención ante la situación de atropello que venimos sufriendo desde hace meses por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Extremadura.

En Mérida, así como en otras poblaciones de Extremadura, diversos colectivos ciudadanos venimos denunciando la brutal política de desahucios que viene aplicando la Junta de Extremadura. Son ya 54 familias las que se han desalojado de sus casas en el último año desde la Administración regional, que actualmente tiene abiertos otros 900 expedientes de desahucio en viviendas sociales de su propiedad. Como es fácil de comprender, esta política masiva de desahucios está generando alarma social, dolor y miedo entre los inquilinos de las viviendas sociales. 

Consideramos que es una forma de violencia institucionalizada contra los más pobres que se ve agravada por el hecho de que la Junta de Extremadura, además, esté burlando las resoluciones del Parlamento de Extremadura que en dos sesiones plenarias (26 de julio de 2012 y 25 de abril de 2013) ha instado a la paralización de los desahucios. 

       

Pero, por si esto fuera poco, la Consejería de Fomento y Vivienda viene manteniendo una actitud de sistemático desprecio a las múltiples peticiones de entrevista y reunión que le hemos solicitado desde los movimientos y colectivos por los derechos sociales. Desde el mes de octubre del año pasado se han solicitado diversas reuniones tanto por parte de la Plataforma por la Renta Básica, como por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Mérida, estimando que de esos encuentros podrían salir soluciones negociadas a los problemas de vivienda suscitados (Adjuntamos dos de las peticiones de entrevista). Pues bien, la Consejería no se ha dignado ni siquiera contestarnos, algo que nos parece absolutamente inaceptable e impropio de cualquier institución democrática. 

Nos dirigimos a la Oficina del Defensor del Pueblo de la Oficina del Defensor para solicitar su intervención en dos puntos muy concretos. Por un lado rogamos se interceda en la paralización de los desahucios de viviendas sociales propiedad de la Junta de Extremadura y en el cumplimiento de los acuerdos relativos de la Asamblea de Extremadura. 

Y por otro lado, solicitamos la mediación de la Oficina del Defensor del Pueblo para que la Consejería de Fomento y Vivienda se avenga a recibirnos, aceptando de ese modo la vía del diálogo para la solución de este grave problema de los desahucios de vivienda social.

Atentamente, se despiden

         
 
Las fotos son de nuestro compañero Ramón que se ha currado y se curra cada día la lucha del Campamento Dignidad de Mérida: https://www.facebook.com/arc42/photos_stream

LEY DE RENTA BÁSICA: LA LUCHA CONTINÚA

               

Por fin, el 23 de mayo veía la luz en el DOE la Ley de Renta Básica. La ley es el producto de una larga lucha que las personas en paro y la clase obrera hemos puesto en pie en el último año y medio. Es una ley arrancada al poder político, por mucho que su articulado diste mucho de nuestras reivindicaciones. Han sido los 48.000 extremeños que han firmado por la Renta Básica (27.000 en la Iniciativa Legislativa Popular y 21.000 en los tres últimos meses), la movilización extraordinaria de los Campamentos Dignidad, las Marchas, los escraches y la solidaridad del pueblo extremeño expresada de mil formas distintas, quienes han hecho posible la aprobación de esta ley.

Querían que la ley acogiera sólo a 1.500 personas. Hoy ya hablan de un número que oscilará, como mínimo, entre los 6.000 y los 8.000 perceptores.

Pretendían que la cuantía fueran 373 euros y al final, serán 400 euros  que se incrementarán en un 15% por el primer miembro de la unidad familiar, en un 10% por el segundo  y tercer miembro y en un 5% por el cuarto miembros y siguientes. A ello hay que añadir un 10% adicional si convive con alguna persona con discapacidad y también se incrementa en un 10% adicional si se ha de hacer frente al pago de alquileres o hipotecas de la vivienda habitual, sin superar nunca el 135% del IPREM (720 euros). 

Han tenido que aceptar que los jóvenes emancipados mayores de 18 años puedan ser perceptores de la Renta Básica o que el tiempo de empadronamiento requerido sea de 1 año y no de 4 años. O han tenido que aceptar que la duración de la prestación sea prorrogable no hasta un máximo de 18 meses, sino durante todo el tiempo que persista la situación de carencia.

Pero con ser importante todo ello, la Ley ha quedado muy lejos de nuestras demandas y de las necesidades que hoy tiene nuestro pueblo. Hay 182.000 personas en paro y, de ellas, 80.000 sin ningún tipo de cobertura. Tenemos una tasa de pobreza infantil del 42%. Son miles las familias las que viven la angustia de la amenaza del desahucio, del corte de agua o de luz, de la imposibilidad de pagar los medicamentos.

Y la ley parte de la misma filosofía que tenían las Ayudas de Integración y Emergencia Social (AISES): clientelismo y control de pobres. Pretenden hacer un gueto de pobreza desde el que asustar a una clase media que se deshace vertiginosamente. Pretenden agitar el fantasma de las clases peligrosas y presentar la privación como depravación. Tienen una clara estrategia de división del pueblo.

Pero, en estos meses ha surgido algo con lo que no contaban. Alrededor de los Campamentos Dignidad en Mérida, Plasencia, Almendralejo y Badajoz ha cuajado un fuerte movimiento por los derechos sociales. Hemos comprobado, una vez más, una verdad elemental: la lucha del pueblo mueve montañas. Y vamos a conseguir que la Renta Básica llegue a todos los extremeños y extremeñas que lo necesitan. Nos asiste la razón y la fuerza colectiva. La lucha continúa.

Para cualquier duda sobre la Renta Básica, Vivienda, para informarte sobre tus derechos y para ocupar tu lugar en la lucha:

•             Estamos en la puerta del SEXPE: todos los lunes, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 1 del mediodía.

•             Asambleas del Campamento Dignidad: los viernes, a las 8 de la tarde, ante la puerta del SEXPE.

•             Correo electrónico: acampadamerida@gmail.com

                           SÍ SE PUEDE.   EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO

Antonio Gramsci.Los días de la cárcel

Título original: Antonio Gramsci. I giorni del carcere.
Dirección: Lino del Fra.
Guión: Pier Giovanni Anchisi y Lino del Fra.
Reparto: Riccardo Cucciolla, Lea Massari, Mimsy Farmer y Jacques Herlin.
Música: Egisto Macchi.
Año: 1977.
País: Italia.
Idioma: En italiano. Subtítulos disponibles en castellano.
Duración: 127 minutos.

 

"Gramsci, los años de cárcel" es un riguroso drama biográfico que realiza un recorrido por el complejo devenir personal e ideológico de este líder y teórico político italiano. El filme se detiene concretamente en los años que Gramsci estuvo recluido en prisión a causa de su praxis política y en la intensa actividad teórica que desarrolló hasta su muerte en abril de 1937.

CAMPAMENTO DIGNIDAD: 80 DÍAS

                                                  CAMPAMENTO DIGNIDAD

                                               80 días de coraje y esperanza,
                                               80 días de abrazos y de rabia.

                                               80 días sembrando revuelta,
                                               80 días escracheando canallas,
                                               80 días que vendrán para quedarse.
                                                

Manifiesto Salir del Euro: por la soberanía económica, monetaria y ciudadana

Por la recuperación de la soberanía económica, monetaria y ciudadana.

La dramática situación social y económica en la que está hundida nuestra sociedad exige una política capaz de crear las condiciones para salir de la crisis. Es una necesidad urgente. El tiempo se ha convertido en un dato primordial por los riesgos de agravamiento y degradación que existen, por el enorme sufrimiento social que provoca la persistencia de las políticas de ajuste, austeridad y privatización de lo público.

La red en la que estamos atrapados  está conformada por un nivel de paro catastrófico, por un endeudamiento del país frente al exterior imposible de afrontar y por una evolución de las cuentas públicas que conducen a la quiebra económica del Estado. Más de 6 millones de parados, más de 2,3 billones de euros de pasivos brutos frente al exterior, y una deuda pública de casi un billón de euros, creciente y próxima al 100% del PIB,  son datos que definen un desastre inmanejable, ponen en peligro la convivencia y derruyen derechos sociales fundamentales.

Una crisis de esta envergadura tiene causas complejas y múltiples, desde la crisis  general del capitalismo financiero hasta el despilfarro y la corrupción propios, pasando por un sistema fiscal tan regresivo como injustamente aplicado, pero aun a  riesgo de simplificar el análisis para desentrañar  las soluciones, hay que atribuir a la incorporación de nuestro país a la moneda única la principal razón de esta desoladora situación.

Como ahora se reconoce, no había condiciones  para implantar una moneda única  entre países tan desiguales económicamente sin ir acompañada de una fiscalidad común. Su creación implicaba, por otra parte,  un marco propicio para implantar políticas regresivas y antisociales de todo tipo según la doctrina neoliberal, que ha tenido en  la construcción de la Europa de Maastricht su máxima expresión.  Como se calibró en su momento, el Estado del bienestar no es compatible con la Europa de  Maastricht.

 

Con la incorporación al euro, nuestro país perdió un instrumento esencial para competir y mantener un equilibrio razonable de los intercambios económicos con el exterior, como era el control y manejo del  tipo de cambio con respecto al resto de las monedas. Por otra parte, hubo una cesión de la soberanía al BCE en cuanto a la creación de liquidez y aplicación de la política monetaria, una institución dominada desde los orígenes por los intereses del capitalismo alemán.

Como no podía ser de otro modo, el retraso y la debilidad de la economía española frente a  otros países y la rigidez absoluta impuesta por el euro llevaron a lo largo de la década del  2000 a un déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente abrumador. Se registraron unos desequilibrios insostenibles, como también les ocurrió a otros países como Grecia y Portugal, apresados en la misma trampa. En los 14 años transcurridos desde la creación del euro en 1999 hasta el final del 2012, el déficit exterior acumulado fue de casi 700 mil millones de euros, que hubo de financiarse endeudándose con el exterior.  Las entidades crediticias y las empresas españolas demandaron más de otro billón de euros de recursos para sus planes de inversiones en el exterior, principalmente en América Latina.

Hasta el año 2008, en que se desató la crisis financiera internacional,  por las facilidades extraordinarias de financiación, el país vivió un sueño, como drogado, alimentando la burbuja inmobiliaria y ajeno a los problemas que se habían gestado. En ese año, todo cambió radicalmente, los mercados financieros se cerraron, por los canales no fluía la liquidez y la situación de cada deudor pasó a examinarse con rigor. Con el  cambio abrupto en la posición deudora de nuestra economía frente al exterior, los pasivos brutos pasaron de 540 mil millones al final de 1998 a 2,2 billones en 2008, el país entró en quiebra y sobrevino una profunda recesión que a todos los efectos sigue vigente.

El sector público se resintió profundamente desde entonces, incurriendo en un déficit desorbitado por la caída drástica de los ingresos, reforzada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Estado, sobre el que acaban descargando todas las tensiones de las administraciones públicas, ha necesitado  de centenares de millones de euros, obtenidos con la emisión de deuda pública en los mercados interior y exterior, ante la imposibilidad de la financiación directa por la autoridad monetaria.  Al final de 2007,  la deuda en circulación del Estado era de 307.000 millones de euros, el 37% del PIB. Al  final de 2012 había subido a 688,000  millones,  el 65% del PIB, y sigue aumentando como corresponde a la evolución deficitaria de las cuentas públicas.

Desde que se admitió la crisis, la política económica ha tenido unos rasgos básicos inamovibles. La pérdida de competitividad de la economía española ha servido de excusa para aplicar a rajatabla las recetas neoliberales y se ha tratado de compensar con el llamado “ajuste interno”, un proceso dirigido a disminuir los salarios y facilitar los despidos para abaratar los precios de las mercancías y servicios españoles, desde el momento en que la vía natural e histórica de la devaluación de la moneda está cegada por el euro. Ajustes, contrarreformas laborales y recortes continuos jalonan la política de los últimos años. Por otra parte, la mal denominada austeridad se ha impuesto brutalmente en la política fiscal, como exigencia de los poderes económicos, haciéndose de la lucha contra el déficit publico el talismán engañoso  de la solución a la crisis.

Esta política ha producido un retroceso social muy doloroso, ha impulsado inconteniblemente el crecimiento del paro y, lo que es fundamental, es inútil. El país se desliza sin freno y  se despeña hacia una fosa profunda. Los determinantes de la crisis siguen intactos cuando no degradados. Los pasivos  exteriores no pueden disminuir sin que se registre un excedente de la balanza de pagos, cosa prácticamente inalcanzable para una economía bastante derruida y de escasa  competitividad,  y la pesada carga de deuda pública no dejará de crecer hasta que se diluya el déficit público, algo que el propio gobierno no alcanza a vislumbrar. La desconfianza es general.

                                             

La sociedad en una encrucijada.

¿Cómo superar el desastre? La alternativa a la crisis que defiende la Troika y abiertamente el PP pasa por profundizar  en los ajustes,  en la  austeridad y en la destrucción de lo público. La economía española, como ya le ha ocurrido a Grecia o Portugal, cae por el precipicio y se desfondará en el abismo,  con unas consecuencias sociales dramáticas y riesgos políticos de todo signo.

El PSOE, copartícipe activo en el actual diseño económico y social, finge ahora un desacuerdo con el PP y critica su  política suicida, pero sigue amarrado al criterio de que el euro es irreversible.

Las direcciones de los sindicatos mayoritarios, una vez contrastado el error de cálculo cometido con el  sí crítico a Maastricht, denuncian ahora el actual estado de cosas, pero no están en condiciones de proponer medidas anticrisis realmente efectivas ya que no cuestionan con coherencia la Europa construida.

Otras fuerzas, organizaciones y autores de la izquierda critican  la Europa actual y proponen cambios bastante utópicos y proyectos sin fundamento, dado el carácter irreformable de la Europa surgida, sobre todo después de la ampliación de la zona euro al Este. A las carencias originales de la moneda única se añade el peso que ha cobrado Alemania como país hegemónico y la realidad de una descomposición de Europa, aprisionados algunos países en deudas impagables. La imprescindible y urgente necesidad de romper con las ataduras de los Tratados europeos no puede paralizarse ni ocultarse tras propuestas de proyectos de otra naturaleza. Por deseable que sea otra Europa, es ahora inviable, requiere de bases en que sustentarse bien distintas y de la soberanía perdida de cada Estado.

El fracaso del proyecto de construcción  de Europa es inocultable, con independencia de que no sea posible determinar cuándo y cómo se desbaratará la insostenible situación existente.

A los firmantes de este manifiesto  nos parece claro que la Europa de Maastricht no podrá sobrevivir con su actual configuración, tras  los desastres y sufrimientos que ha causado, además de vaciar de contenido la democracia y sustraer la soberanía popular.

También afirmamos que nuestro país no puede salir de la crisis en el marco del euro. Sin moneda propia y sin autonomía monetaria es imposible hacer frente al drama social y económico, tanto más cuanto que la política fiscal también ha quedado anulada con el Pacto de Estabilidad, alevosamente constitucionalizado.

Es precisa una moneda propia para competir y una política monetaria soberana para suministrar liquidez al sistema y estimular una demanda razonable. Y esto como primera condición ineludible, pero en modo alguno suficiente, para poder desarrollar una política avanzada de control público de los sectores estratégicos de la economía, entre ellos la nacionalización de la banca, de reconstrucción del tejido industrial y agrícola, de defensa  y potenciación de  los servicios públicos fundamentales con un poderoso y progresivo  sistema fiscal, de amortiguación de las desigualdades y distribución de la riqueza, del reparto del trabajo para combatir el paro, de  derogar las contrarreformas laborales y de las pensiones, de respeto en serio al medio ambiente, etc., y de  abordar un proceso constituyente que permita recuperar y profundizar la democracia. Por todo ello hay que despreocuparse transitoriamente del déficit público, olvidarse de hacer propuestas imposibles al BCE y dejar de añorar a la  Reserva Federal o el Banco de Inglaterra cuando se puede disponer del Banco de España como  institución equivalente.

El montante de la deuda externa es impagable. Su mayor parte es deuda del sector privado, y corresponde a sus agentes resolver los problemas que se presenten, incluido el sector financiero,  muy comprometido. Por ello rechazamos toda operación de “rescate” de nuestro país y por la misma razón consideramos como deuda completamente ilegitima la contraída por el Estado para proporcionar fondos de salvamento a las entidades crediticias que no hayan sido nacionalizadas.

                                

Con respecto a la deuda pública, el Estado debe realizar una profunda reestructuración de la misma (quita, moratoria, conversión en moneda nacional) que alivie la presión abrumadora que soportan las cuentas públicas. En otro caso, puede darse como irremediable la quiebra del Sector público.

No se nos escapan los problemas y complejidades de los pasos que proponemos, entre otros limitar la libre circulación de capitales. Tampoco nuestro análisis nos impide colaborar en acciones, propuestas y movilizaciones con aquella parte de la ciudadanía y sus organizaciones que, bajo el efecto del bombardeo mediático al que somos sometidos o por otros motivos, aún no comparte nuestra opción ante la  encrucijada en que estamos y la necesidad de romper el nudo gordiano del euro. Sin embargo,  ante el desastre que nos envuelve y ante las causas profundas que lo promueven y agudizan,  no podemos mantenernos mudos ni evasivos.  A nuestro entender, hoy la sociedad española, que ya ha entrado en una agonía prolongada y sin esperanza, no dispone de otra  elección que salir del euro para impedir el hundimiento definitivo del país.

Recuperar la soberanía económica perdida, hacer efectiva la soberanía popular, requiere desprenderse de los dogales que nos paralizan, encarar la cruda realidad y dotarse de los medios para trazar un proyecto de supervivencia que, con todas sus dificultades, puede representar también una gran oportunidad para  crear una sociedad soberana, próspera, justa, solidaria, democrática, ecológicamente responsable  y libre.

Para firmar el Manifiesto y más información, aquí: 

http://salirdeleuro.wordpress.com/

¿Hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades? (Agustín Moreno)

La LOMCE o ley Wert es una chapuza que no parte de un diagnóstico previo o Libro Blanco sobre los problemas de la educación; que no cuenta con financiación para implementarla; que no tiene ningún consenso, sino el rechazo más airado de la comunidad educativa, como se ha puesto en evidencia en múltiples movilizaciones.

Como son maestros de la neolengua hablan de “calidad” e incluso responsabilizan cínicamente al sistema educativo del nivel de paro existente, cuando es bien sabido que muchos de los miembros de la generación más y mejor preparada de este país se está yendo al exilio laboral o científico. Pero su verdadera esencia es mandar el mensaje de que “hemos estudiado por encima de nuestras posibilidades”. Porque lo cierto es que no están dispuestos a invertir más en educación pública, por razones ideológicas y de negocio. No les interesan ciudadanos formados, informados y críticos, para un mercado de trabajo precario y una sociedad dual y cada vez menos democrática. No quieren la mezcla social entre los hijos de familias de diferente estatus socioeconómico.

Y porque se someten a los intereses mercantilistas: la educación es un negocio que a nivel mundial supone un pastel de 2 billones de dólares y que en España obtuvo casi 700 millones de euros de beneficios según los últimos datos del INE. Por todo lo anterior, el objetivo que se ha trazado el gobierno del PP es seguir trasfiriendo recursos del sector público al privado y pasar del 3,6% al 2,9% del PIB, lo que supone unos 7.000 millones de euros menos al año, muy lejos de la inversión que realizan los países de nuestro entorno.

Durante la democracia se lograron importantes avances en el desarrollo de la escuela pública: incremento de centros y profesorado, bajada de ratios, ampliación de la edad escolar obligatoria, escolarización casi total desde los tres años, y mayor acceso a estudios superiores de las capas populares. Estas conquistas están siendo atacadas hace tiempo por los gobiernos de la derecha, cuya ideología mercantilista y privatizadora quiere convertir la educación en un negocio. Con esta ley se consolidan los recortes que se vienen aplicando y supone un duro golpe a la educación pública.

La educación pública española, por los compromisos de los sucesivos gobiernos con la Iglesia católica y con la patronal de la enseñanza, nunca ha llegado a romper del todo con las tres principales herencias franquistas: segregación clasista, confesionalidad y amplio sector privado costeado con fondos públicos. La ley Wert es un salto en esa dirección.

- Segregación, con diversos itinerarios que supondrán seleccionar y clasificar cuanto antes al alumnado, desgajándolos del tronco común por tres vías: los llamados programas de mejora del aprendizaje, la Formación Profesional Básica y los itinerarios en 4º de ESO. Cuanto antes se segregue más se atenta contra la igualdad de oportunidades y se niega la capacidad de cambio de niños y adolescentes. También convierte la educación en una carrera de obstáculos con continuas reválidas excluyentes. Este modelo educativo genera más fracaso escolar, más desigualdades y favorece una sociedad aún más clasista.

- Confesionalidad, que nos retrotrae al nacionalcatolicismo, con una asignatura de religión evaluable y con una alternativa dura para evitar la fuga del alumnado del adoctrinamiento; eliminando Educación para la Ciudadanía y demostrando que se cree más en la religión que en los valores democráticos.

- Privatización y fortalecimiento de los conciertos privados, al convertir a la educación en un bien individual y no un derecho fundamental y no se garantiza la oferta de plazas públicas de nueva creación. De esta forma se refuerza la doble red que crea discriminación, dándose la paradoja de que entre todos financiamos a quien más tiene, mientras se suprimen la atención a la diversidad y la función compensatoria de la escuela.

- Menor democracia. Se reducen las competencias de los órganos colegiados y de la comunidad educativa, reforzando el poder y el clientelismo de las direcciones de los centros

La LOMCE también quiere hacer legal lo ilegal con conciertos para centros que segregan por sexo, contratación a dedo de profesores nativos o publicación de rankings con los resultados de las pruebas externas.

Este retorno al pasado lo protagoniza Wert, el ministro más desprestigiado de la democracia, con un 80% de rechazo a su gestión, que no puede esperar que su ley tenga ninguna continuidad de futuro. Porque una ley superideologizada, sectaria no ha conseguido ningún apoyo, excepto el de los obispos. Nadie la respalda en el parlamento, ni el profesorado, las familias, los estudiantes o los expertos en educación. Por ello, será una ley de muy corto recorrido y frustrante, que acabará en el mismo momento en que se produzca un cambio político progresista.

Es más, probablemente, junto al rechazo al austericidio, a la privatización de la sanidad o a la reaccionaria reforma del aborto, será uno de los elementos que más contribuyan al cambio político. Entre el profesorado, las familias, el alumnado y la ciudadanía que forma el movimiento de la Marea Verde en defensa de la Escuela Pública de todos y para todos crece cada vez más la convicción de que hay que echar a este gobierno para que no acabe con todo. Para asegurar el derecho a una educación de calidad que forme a personas y a ciudadanos comprometidos con la mejora y el futuro de su país y de sus habitantes.

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/6961/hemos-estudiado-por-encima-de-nuestras-posibilidades/

Entre la Academia y la Caverna (Juan Andrade)

Sara Mago (Fanzine cultural)

Ninguna reforma universitaria puede realizarse con eficacia duradera si no intervienen decisivamente en su elaboración los más directamente afectados por ella, los estamentos universitarios, y quienes tienen que aportar medios para realizarla, o sea la sociedad en general. Ni los universitarios españoles ni la sociedad española han podido intervenir adecuadamente en la elaboración de las reformas decididas por la administración actual […] este camino quiere llevar a una institución de puro rendimiento técnico, indigna del nombre de Universidad, al perder todo horizonte cultural, moral, ideal y político. ⁱ

Los párrafos anteriores no forman parte de ninguna octavilla anti-Bolonia. Se corresponden al Manifiesto aprobado por los estudiantes y profesionales encerrados en 1966 en el convento de los Capuchinos de Barcelona para protestar por el modelo universitario franquista. El paralelismo entre aquella situación y la que actualmente atraviesa nuestra universidad trae a la mente la frase de aquel viejo pensador alemán, para el cual, cuando la historia se repetía, lo hacía la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. De tragicómico cabe calificar el estado de los estudios superiores en nuestro país una vez que a los efectos devastadores del terremoto de Bolonia le ha seguido el tsunami de los recortes impuestos so pretexto de la crisis económica. 

Con el lema eufemístico “Una Universidad al servicio de la sociedad” Bolonia venía a imponer, en la práctica, una universidad sometida a los mercados. Aquella sinécdoque tramposa, por la que los intereses de la gente quedaban reducidos a los de sus élites, ponía de manifiesto el alcance de la onda expansiva del capitalismo postmoderno, que, una vez había conquistado países y se había apropiado hasta de la naturaleza misma, se lanzaba también a la colonización de lo intangible, a poner su pica en el ámbito del conocimiento. Esta mercantilización de la universidad apenas ha consistido en la apertura a una financiación privada que condicionase la orientación de las titulaciones e investigaciones, como al principio se temía; sino en la más económica traslación de la propia lógica del mercado al mundo académico. Lejos de chantajear con dinero a la comunidad universitaria para que cambiase planes de estudio y proyectos de investigación, se recurrió a una fórmula más barata, consistente en que la comunidad universitaria interiorizase, por Decreto ley y con mucha propaganda, los valores del funcionalismo, la eficiencia y la rentabilidad económica. En esta dinámica de conversión de todo valor de uso en valor de cambio no es de extrañar que sólo se estime el conocimiento que produzca beneficios económicos. En esta epistemología del negocio no será raro que pronto se tome por verdadero sólo aquello que genere plusvalía. 

                                           

Pero la farsa se ha desvelado con la crisis del llamado capitalismo financiero. No se entiende que la lógica del mercado se imponga en la universidad cuando ha sido esta lógica la que ha conducido al desastre económico actual. Como dice Carlos Fernández Liria, es absurdo permitir que el mercado intervenga de un modo u otro en la gestión de las universidades después de que se haya puesto de manifiesto su impericia para gestionar hasta los bancosⁱⁱ. 

Lo peor de todo es que la mercantilización va siempre de la mano del clasismo. Por eso este nuevo modelo universitario está socavado aún más las bases de la educación pública, y haciendo de la universidad otro espacio para la segregación social. Con sus desregulaciones y recortes en el gasto educativo los dirigentes políticos de turno no sólo están promoviendo que el mundo académico se desdoble en universidades públicas desasistidas para estudiantes que serán carne de cañón del paro, la precariedad o la emigración y unas pocas universidades privadas concebidas como centros para la formación de élites gestoras. La propia universidad pública ya se ha desdoblado en grados que ni siquiera cabe calificar de pseudo gratuitos (pues las tasas han alcanzado niveles prohibitivos) y en postgrados de pago donde se hará definitivamente la criba social. Quienes tengan recursos económicos podrán pagarse un master carísimo que les proporcionará prácticas o futuros contratos en las grandes empresas que los promocionan. Los que no puedan se quedarán simplemente con un grado devaluado en el mercado laboral o cursarán un master más barato de escasa consideración para la empresa privada, u orientado a buscar salidas en un sector público en peligro de extinción. A algunos pocos que no tengan dinero para matricularse en un master de prestigio se les quiere conceder la gracia de que lo cursen solicitando un crédito bancario, con sus correspondientes intereses a devolver una vez que, en el mejor de los casos, consigan su primer trabajo. Con ello se pretende que si los de abajo ascienden socialmente por esta vía formativa lo hagan, por si acaso, con el grillete de una deuda. Resulta grotesco que quienes presentan la crisis actual como un problema de deuda pública sean los mismos que inciten a endeudarse a edades tan tempranas. Si además las cosas te van mal, luego te dirán que viviste por encima de tus posibilidades.

Los universitarios anti-Boloniaⁱⁱⁱ ya denunciaron que lo peor de este proceso es que se estaba disfrazando con los ropajes de una revolución didáctica y pedagógica, algo que escandalizaría a quienes, como Paulo Freire, cultivaron magistralmente estas disciplinas en un sentido formativo y emancipador^iv. Lejos de ello se vienen imponiendo unas pautas de ordenación de la docencia que repelen el análisis científico y la reflexión crítica en torno a contenidos materiales concretos, en beneficio de una jerga corporativa de objetivos, competencias, destrezas y evaluaciones: un metalenguaje vacuo y autorreferencial que reproduce los valores mercantiles del funcionalismo y la competitividad y confunde la necesaria organización de la enseñanza con su burocratización. Entre tantas directrices plagadas de fríos tecnicismos se disipa aquello que Emilio Lledó reivindica como las coordenadas básicas de la enseñanza: el amor por lo que se enseña y el amor a quien se enseña. El gran humanista nos recuerda también que la libertad de expresión es papel mojado si no va acompañada de la libertad de pensar que debería promover una enseñanza plural, rigurosa y de calidad, no utilitarista y sobre-pautada^v. Por el contrario uno se pregunta si las directrices educativas actuales no están haciendo de la universidad lo que José Carlos Bermejo denomina ya como “la fábrica de la ignorancia”^vi, quizá porque algunos dirigentes políticos y económicos temen que eso de aprender a pensar lo que uno expresa puede hacer de la reconocida libertad de expresión un derecho subversivo. 

                             

Que las cárceles nunca han funcionado como una institución orientada a la reeducación es algo que se aprende mucho antes de la mayoría de edad. El drama añadido en este contexto de paro juvenil desbocado es que la universidad empiezan a parecerse a un recinto de reclusión para jóvenes, donde a base de jordanas extensas, prácticas a todas horas, evaluaciones constantes, cursos de perfeccionamiento, señuelos y jaujas de futuro se mantiene ocupados a muchos de quienes podrían prender la llama de la conflictividad en la calle. Para que no piense mucho también al profesorado se le tiene enredado en decenas de comisiones, tareas gestoras y absurdos procedimientos de control de resultados y rendición de cuentas, que apenas generan apariencia de profesionalidad y ponen de manifiesto, como señala Enrique Díez, el prejuicio ideológico neoliberal de que lo público es ineficaz y hay que sobre-vigilarlo^vii. 

En este contexto de quiebra social, donde se trata de contener cualquier emergencia, la escuela y la universidad no sólo reproducen los valores teóricamente neutros del tecnocratismo, también adoctrinan expresamente. Este adoctrinamiento tiene dos caras complementarias: la cara bronca del conservadurismo moral, la enseñanza confesional y el darwinismo social y la cara ingenua de la llamada educación en la tolerancia. Lo curioso es que de manera trasversal a ambos enfoques se mueven a sus anchas los mismos valores del utilitarismo y la competitividad. No se trata de infravalorar la expansión de esas ideas retrógradas y agresivas que la derecha trata expresamente de difundir a través de la instrucción pública; pero también resulta muy peligrosa la expansión que por los currículos ha tenido y sigue teniendo ese otro pensamiento moralizante, cándido y políticamente correcto que proclama ideas tan peregrinas como el “respeto a todas las ideas”, dado que inevitablemente entre éstas habría que incluir las ideas creacionistas sostenidas por diferentes sectas religiosas, las ideas segregacionistas del Aparheid o la idea de la superioridad de la raza aria del Mein Kampf. Y es que la alternativa al pensamiento reaccionario no puede ser un pensamiento blando y melifluo. De manera más corrosiva lo expresaba el novelista Rafael Chirbes: “no hemos tenido suficiente con los colegios de curas como para tener ahora colegios de socialdemócratas”^viii. En ese desdoblamiento clasista de la enseñanza sería intolerable que muchos masters de élite se orientasen, como ya lo hacen, a enseñar sofisticadas técnicas de “optimización fiscal”, eufemismo de la tan de moda evasión de impuestos, mientras que en la enseñaza media y en las universidades públicas les educamos en el conformismo social y la tolerancia a todas las ideas, incluida aquella que viene a justificar el fraude sosteniendo, por ejemplo, que un exceso de control fiscal inhibe la buena inversión.

Frente a la farsa política y las mistificaciones ideológicas sería otro error promover una educación moralizante a la contra. En lugar de eso la universidad debería hacer, simplemente, y ya es mucho, lo que le es propio: promover el conocimiento científico, entendiendo por tal, como en su día nos enseñó el filósofo Manuel Sacristán, un conocimiento amplio, positivo y crítico^ix. Creo sinceramente que una consigna no se combate con otra consigna, sino con una buena tesis. Y como vacuna contra la candidez no estaría mal incluir algunas dosis de irreverencia y buen humor, para lo cual se podría recomendar como lectura de clase la obra de Slavoj Zizek “En defensa de la Intolerancia”^x.

Y ante todo eso, ¿qué está haciendo la comunidad universitaria? La verdad es que, salvo las protestas organizadas fundamentalmente por los estudiantes y algunos pocos profesores, esto parece una balsa de aceite. La docilidad está siendo hasta ahora la actitud mayoritaria de un profesorado que viene tragando con carros y carretas, o que más allá de eso interpreta como problemas académicos la erosión de sus derechos laborales, que concibe la defensa de estos derechos como una reivindicación corporativa ajena al drama social que se está viviendo o que piensa ingenuamente que por su posición y supuesta estima social no le va a alcanzar la afilada tijera de los recortes. 

Lo malo también de estos eternos retornos en la historia es que no dejan mucho espacio para la originalidad en las recomendaciones. Habrá que empezar por recuperar el pulso crítico y la memoria de las luchas universitarias pasadas y recientes para sumarlas a esa marea de movilizaciones sociales que ha subido muy por encima del nivel de la universidad. Si nos replegamos sobre nosotros mismos, fascinados por los cantos de sirena de la modernización que trae de nuevo la “Estrategia Universidad 2015”, enredados en el burocratismo o enrocados en nuestro corporativismo, esta Academia se parecerá cada vez más a la Caverna.

 

Notas:

i “Manifiesto: por una universidad democrática”, en Manuel Sacristán, Intervenciones políticas. Panfletos y materiales III, Barcelona Icaria, 1985, pp. 50-61.

ii Carlos Fernández Liria, “En contra de Bolonia”, Diario Público, 1/12/2008.

iii Véase la recopilación de trabajos en Luis Alegre y Victor Moreno (coord.), Bolonia no existe. La destrucción de la universidad europea, Hiru, Hondarribia, 2009.

iv Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, Madrid, Siglo XXI, 1995.

v Emilio Lledó, Ser quien eres. Ensayos para una educación democrática, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2009.

vi José Carlos Bermejo, La fábrica de la ignorancia. La Universidad del como si, Madrid, Akal, 2009.

vii Agustín Moreno (Coord), ¿Qué hacemos con la educación?, Madrid, Akal, 2012, pp. 49-53.

viii Entrevista a Rafael Chirbes en la Universidad de Cádiz, en http://www.youtube.com/watch?v=1bOdnT-qhM8

ix Manuel Sacristán, “El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia”, en http://roiginegre-audios.blogspot.gr/2008/07/el-trabajo-cientfico-de-marx-y-su-nocin.html.

x Slavoj Zizek, En defensa de la intolerancia, Madrid, Público, 2010.

Juan Andrade. Profesor en la Universidad de Extremadura

Fuente: http://saramagofanzine.wordpress.com/

Huelga del 9 de mayo: Jornada histórica en la enseñanza extremeña

 

Foto: FRANCIS VILLEGAS

Desde la Coordinadora Estudiantil Extremeña queremos mostrar nuestro mas sentido orgullo por la jornada histórica que se dio ayer en nuestra región. Miles de personas salieron a las calles clamando por la educación pública y en contra de la infame Ley LOMCE.

Por la mañana tras el heroico encierro de nuestros compañeros del Sindicato Autónomo Estudiantes Segedanos que tuvieron que sufrir las presiones y las amenazas de la Guardia Civil, hemos salido a la calles estudiantes de toda Extremadura, mas de 100 compañeros llamados por la Asamblea Universitaria de Badajoz se han concentrado en frente al rectorado. En Merida mas 50 compañeros de Estudiantes por la Publica se han concentrado junto a compañeros del Frente Estudiantil de Almendralejo y Asamblea De Estudiantes Don Benito, mas tarde los compañeros de la Acampada Merida Campamento Dignidad se han unido a nuestros compañeros, haciendo nuestra la máxima de "Obreros y estudiantes unidos y adelante". Mientras en Caceres, mas de 200 compañeros de Estudiantes Cacereños junto al Sindicato de Estudiantes Independiente IES Pachecho y la Asamblea Universitaria se han manifestado enfrente de la Subdelegación del Gobierno.

 Foto: G. M.

Por la tarde volvimos a salir a las calles para unirnos a las manifestaciones de la Plataforma por la Educación Publica. Badajoz, Caceres, Merida, Plasencia y Zafra volvieron a rugir en una jornada donde mas de 6000 personas salieron a las calles en las distintas ciudades de nuestra Extremadura. Al caer noche la mas de 50 estudiantes organizados alrededor de la Asamblea Universitaria de Badajoz se encerraron en la Biblioteca Central de la Universidad para continuar la lucha, donde resistieron toda la noche.

Aun con la alegría del éxito de la jornada, nos apena que en Caceres no se nos dejase leer manifiesto al finalizar la manifestación, esperamos que estas cosas se resuelvan en un futuro. También denunciar la represión que vivieron nuestros compañeros de Zafra con presiones de desalojo y amenazas de multas por la Guardia Civil. 

Hoy hemos conseguido una pequeña victoria, el gobierno ha anunciado que paraliza la aprobación de la ley LOMCE, pero no debemos dormirnos, no debemos dejar de luchar. Si no que es el momento de seguir luchando, de seguir organizándonos, por eso llamar a los estudiantes extremeños que luchen y se organicen. Solo así podremos evitar que vuelvan.

No queremos su Ley Clasista, donde se nos separa en estudiantes de primera y segunda categoría, no queremos esta ley por mercantilista y abrir las puertas a la privatización. Pero también rechazamos el plan Bolonia aprobado por el anterior gobierno. Por que nuestra lucha es por la educación pública y de calidad, por una sociedad mas justa y solidaria y lucharemos por ello, vengan de las siglas que vengan.

Ayer fue un gran día, pero la lucha continua.

Coordinadora Estudiantil Extremeña

La Asamblea extremeña aprueba la ley de Renta Básica de espaldas a las acampadas

Las tres marchas iniciadas desde los diferentes Campamentos Dignidad protestan ante el Parlamento extremeño por una renta básica que consideran una ayuda insuficiente. El subsidio aprobado afectará sólo a 5.000 de los 80.000 desempleados de la comunidad.

Jonathan Macías / Raquel Perianes (Periódico Diagonal)

 

Los Campamentos Dignidad de Extremadura y otros colectivos continúan sus esfuerzos para luchar por la renta básica. La última iniciativa, la marcha que se inició el pasado tres de mayoo desde Plasencia, a la que se unieron nuevas marchas desde Ribera del Fresno y Badajoz, que se encontraron la pasada noche en el Campamento de Mérida después de un recorrido de más de 160 kilómetros. Hoy han llevado a cabo manifestaciones delante de la Asamblea de Extremadura para protestar por la aprobación de la Ley de Renta Básica.

A pesar de que se habían registrado más de 50 solicitudes en  tiempo y forma para la asistencia al pleno, tan sólo siete fueron concedidas a miembros de la Plataforma por la Renta Básica extremeña. Otra representación del grupo fue habilitada en una sala en la que han podido hacer seguimiento de la Asamblea a través de una televisión de plasma. Fuera, a las puertas de la Asamblea, un fuerte dispositivo policial con dotaciones de la UIP desplazadas desde Sevilla formaban un férreo despliegue por todo el centro de la ciudad. 

        

Mientas en el Parlamento se debatían las enmiendas a la ley, en el exterior comenzaban las identificaciones y los registros a manifestantes. La tensión surgió cuando a algunas de las personas acreditadas se les negó la asistencia al salón de plenos por llevar camisetas de la Plataforma Stop Desahucios de Mérida. Algunas de los miembros de dicha plataforma se despojaron de ellas a modo de protesta, quedándose en ropa interior. Ya en el interior y con los logos de Stop Desahucios a la espalda, tras las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Miguel Cantero, que afirmó que, tras la aprobación de la ley de Renta Básica, “ningún extremeño volverá a pasar necesidades”, los miembros de esta plataforma se han levantado y han arrojado al suelo algunos céntimos como señal de protesta. Han abandonado las instalaciones tras gritar “gracias, con mucho cariño, no votéis y dejarnos en la miseria” y “la gente está pasando hambre, nos tenéis desnudos en Extremadura”.

Pocos después se votaban las seis enmiendas de IU, que han contado con el voto favorable del PP y la abstención del PSOE. Las propuestas parciales del PSOE no han prosperado al contar con la abstención de IU y el voto en contra del PP. Tras el debate llegó la aprobación de la ley que ha contado con el voto a favor de 63 de los 65 diputados presentes en el momento de la votación. La cuantía mensual de la Renta Básica quedaba fijada en el 75% del IPREM, lo que se traduce en una cuantía mínima de 400 euros. Y el máximo no podrá exceder del 135% del IPREM, unos 720 euros aproximadamente.

        

La renta aprobada por el gobierno de Monago cubre a 5.000 desempleados, poco más de un 6% de los que hay en la comunidad. La ley establece además algunas condiciones para acceder a la ayuda, tales como ser mayor de 25 años o llevar un año residiendo en la región. Para Agustín Real Rodríguez, miembro del Campamento Dignidad de Plasencia y participante en la marcha, la Ley de Renta Básica no asegura la supervivencia de los desempleados de larga duración:  “Entendemos la renta básica como un derecho individual, todas las personas que no encuentran empleo deben tener derecho a la supervivencia con un mínimo de seiscientos euros”.

Desde el movimiento consideran que el subsidio aprobado por el Gobierno de Extremadura está muy lejos de las demandas que se presentaron en una Iniciativa Legislativa Popular avalada por 27.000 firmas y que pedía que el subsidio abarcase a los 80.000 parados que se cuentan en la comunidad. El Gobierno extremeño no llegó a estudiar la propuesta ya que pedían una cantidad de 45.000 firmas, a pesar que la cantidad de firmas recogidas en formularios oficiales equivalen a una cantidad de 1,2 millones a nivel estatal.

Tras la aprobación de la ley de Renta Básica, los congregados en el exterior se retiraban tras una asamblea de manera pacífica hasta las instalaciones del Campamento Dignidad de Mérida, donde ya se había acordado levantar una parte del campamento, pero mantener la zona de atención a afectados.

     

Myriam Bermejo, del Campamento de Mérida y la Plataforma por la Renta Básica, valoraba así la aprobación de la ley de Renta Básica: “Ha sido devastador, no pensábamos nunca que pudiera llegar a tan poquísima gente la renta básica, que discrimina la pobreza. Seguiremos en la lucha ya que no hemos conseguido el objetivo, que es que las 80.000 personas paradas de esta comunidad tengan una renta mínima, para poder pagar, luz, agua y comida”.