Las organizaciones de afectados denuncian demoras
de más de dos años en cobrar la prestación y personas que mueren sin
percibirla
El desguace del
Sistema de Atención a la Dependencia no sólo se ceba con las personas
más vulnerables, sino que apunta a un cambio profundo en el modelo de
servicios sociales. El objetivo es pasar del ciudadano con derechos
reconocidos, al que se garantizan unos servicios públicos esenciales,
por un modelo basado en la beneficencia, el asistencialismo, la caridad y
la adjudicación de contratos y subvenciones por discrecionalidad
política.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales denuncia el desmantelamiento por razones ideológicas
de un sistema de ayudas a las personas dependientes que, con sus muchas
limitaciones, funcionaba a partir de la legislación impulsada por el
gobierno de Zapatero en 2006. “El sistema se destruye por inanición y
tiene fecha de cierre: cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios
y los que tienen el derecho reconocido”, asegura este colectivo.
Aunque frías y burocráticas, las cifras por sí solas ya espeluznan. El
Gobierno de Rajoy ha recortado 835 millones de euros en las ayudas a la
dependencia; en 2012 también se redujo a 450.000 cuidadores familiares
la cuantía de las prestaciones económicas en un 15%, y el estado dejó
sin cotización a la seguridad social a 146.000 cuidadores. Más de
100.000 personas se hallan pendientes de “valoración” y unas 240.000 en
el “limbo” de la dependencia (en espera de la prestación, aunque con el
derecho reconocido).
“ Todo indica que decenas de miles de
personas con un derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo, morirán
sin ser atendidos”, subraya José Manuel Ramírez, presidente de la
asociación estatal de directores de Servicios Sociales.
En
plena oleada de recortes estivales, y con la Troika al acecho, el
Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio aprieta las tuercas al sector de los
servicios sociales. Con la excusa del déficit público, el ejecutivo de
Rajoy decreta un recorte del 15% en las prestaciones económicas que
reciben familiares de personas dependientes, y que el estado deje de
cotizar a la seguridad social por los cuidadores no profesionales.
“Estas medidas han forzado, en muchos casos, a que familiares de
personas dependientes hayan abandonado sus trabajos para dedicarse a los
cuidados, sobre todo en el caso de personas muy mayores y grandes
dependientes”, asegura Palmira Castellano, portavoz de la Plataforma en
Defensa de la Ley de Dependencia del País Valenciano.
Al tajo
genérico del gobierno central siguió la poda en las comunidades
autónomas. En algunos casos, como en el País Valenciano, con efectos
dramáticos. La Orden de 25 de octubre de la Conselleria de Bienestar
Social introduce criterios de renta y grado de dependencia para acceder a
las prestaciones económicas. Se trata, en la práctica, de establecer el
“copago”, según denuncia la Plataforma en Defensa de la Ley de
Dependencia. Se calcula que con el “copago” –“de manera brutal y sin
previo aviso”, afirma Palmira Castellano- decenas de miles de
valencianos han experimentado recortes en las prestaciones de hasta un
70% (algún afectado ha pasado de percibir 280 euros a sólo 20).
Los recortes se sufren en el día a día, en la vida cotidiana. Afectan,
por ejemplo, a material, a veces muy caro, necesario para los
dependientes: sillas de ruedas, bastones, andadores, grúas, aparatos de
accesibilidad para las duchas, sondas o bombas para absorber heces. Lo
mismo ocurre con el material ortopédico. Las medidas de “ahorro”,
“eficiencia” y “optimización de recursos” se aplican en todos los
capítulos. De hecho, el IMSERSO y las consejerías han reducido los
grados de discapacidad y niveles de dependencia en las valoraciones, con
el fin de “racionalizar” el gasto (en enero se declararon 4.000
“grandes dependientes” menos que el mes anterior en el conjunto del
estado.
Frente a esta batería de medidas, las organizaciones
llevan tiempo movilizándose. El sábado 9 de febrero la Plataforma en
defensa de la Ley de Dependencia en el País Valenciano convocó una
concentración frente a la sede de la Generalitat. A una de las asambleas
previas se acercó un familiar de Enrique Balaguer, quien afirma que,
tras los recortes del verano y enero, la ayuda que recibe ha pasado de
550 a 269 euros. Enrique Balaguer, de 52 años, sufrió un accidente de
tráfico hace 25, y ahora vive en estado vegetativo, sin conocimiento ni
capacidad para hablar ni para moverse. Inma Orea, de 32 años y vecina de
Algemesí (Valencia), convive con su marido en paro y un hijo aquejado
de autismo profundo e hiperactividad. Más que una lucha, lo suyo ha sido
un “martirio”, durante dos años, confiesa. La prestación que se le
reconoció al amparo de la Ley de Dependencia se la han rebajado 100
euros, pero ha conseguido, “gracias a la lucha individual”, que la
Administración le abone 13.000 euros por tres años de prestaciones.
Con demoras de más de dos años en el cobro de las ayudas, personas que
tienen derecho a la prestación y fallecen sin percibirla, y el boicot
deliberado en algunas autonomías gobernadas por el PP, el recorrido de
la Ley de Dependencia parece más bien el de un penoso calvario. Sólo en
el País Valenciano hay 10.000 personas dependientes con el “grado” y el
“nivel” reconocido, a la espera de que la Conselleria de Bienestar
Social remita el listado al Ministerio de Sanidad y así el trámite siga
su curso. Las organizaciones sociales apuntan a uno de los directos
responsables, Juan Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas,
conseller de Bienestar Social (2007-2009) y, como significado miembro
del Opus Dei, personaje estrechamente vinculado a Francisco Camps. Su
familia ha prosperado en el negocio de las residencias para mayores.
Además, su nombre aparece ligado al ingreso de 200.000 euros en las
arcas del PP, en los papeles de Luis Bárcenas.
En tiempos del
gobierno de Zapatero, denuncia la Plataforma de la Dependencia en el
País Valenciano, el ejecutivo central transfería los recursos para pagar
las prestaciones, pero el Consell se negaba a cumplir con su parte, en
un sistema de ayudas que teóricamente ha de cofinanciarse. Para ahogar
definitivamente el sistema, también se ha eliminado en todo el estado el
derecho de retroactividad (primero Zapatero y después Rajoy), que
aportaba garantías ante las demoras en el pago de las prestaciones.
¿Qué hay en el fondo de estas medidas que atacan uno de los grandes
bastiones del llamado estado del bienestar? A juicio de Palmira
Castellano, “el dinero de los Servicios Sociales se lo han llevado a
otra parte; somos los chivos expiatorios, los primeros a quienes han
atacado porque les resulta muy fácil. Nos tienen registrados en un
fichero. Por eso actúan con esa falta de escrúpulos y de humanidad. Si
no los paramos, si nos continúan robando derechos, acabaremos en la cola
de la caridad”. En la práctica, añade, “se han producido recortes de
hasta un 95% en las prestaciones”.
En el caso del País
Valenciano, la puntilla (por el momento) llegó con la Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos de 2013, en la que se suprimió la
gratuidad de los medicamentos y ortoprótesis para las personas
discapacitadas, que pasaron a pagarlos desde el 1 de enero en función de
sus ingresos. En algunos casos se trata de productos muy caros (hasta
300 euros). Esta medida se agrega a los más de 400 medicamentos que el
departamento de la “tocada” ministra de Sanidad, Ana Mato, retiró de la
financiación de la seguridad social. Muchos de ellos, como laxantes,
protectores de estómago, analgésicos o antiinflamatorios, son de uso muy
común entre las personas dependientes. Visto lo visto, la tijera no
toca fondo y la poda, con la coartada del déficit, se ha adentrado en
unas “líneas rojas” que no hace mucho se antojaban infranqueables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario