Javi, en el Periódico Diagonal
El 20 de febrero tras una protesta contra el paro y por Renta Básica frente al Servicio Extremeño Público de Empleo de Mérida, varios manifestantes se plantaron con tiendas de campaña alrededor del edificio. Ya llevan 29 días en lo que se conoce como Acampada Dignidad. Las exigencias de la acampada son tres: la Renta Básica de las Iguales, entendida como un derecho para todas las personas en paro que no reciben ninguna ayuda (unas 70.000 en Extremadura), la creación de 25.000 empleos públicos para reactivar los servicios públicos y el cese de los desahucios con carácter retroactivo.
El actual presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago (PP), ha rechazado reunirse con los acampados, que así se lo habían solicitado, para hablar de la situación de la comunidad. De hecho, un grupo de acampados fue expulsado sin motivo de un pleno en la Asamblea de Extremadura. Hasta el campamento se han acercado un colectivo de profesores, Extremadura Laica, cristianos de base, UJCE y colectivos de estudiantes por la educación pública, que realizaron allí la primera asamblea regional y formaron la Coordinadora Estudiantil Extremeña. También se acercó el expresidente Fernández Vara, a “pedir perdón por no haber hecho nada cuando estaba en el gobierno” (textualmente) y “a ver qué le pedían los acampados”. Alguno le pidió “la disolución del PSOE y menos hipocresía”.
Otro de los conflictos en los que se trabaja busca solucionar la situación de más de 600 familias a las que Aqualia, gestora del suministro municipal, les ha cortado el agua. La ONU estipula que el coste del agua no puede superar el 3% de los ingresos del hogar, por ser un derecho básico, pero el Ayuntamiento se niega a implantar una tarifa social. La falta de agua ha llegado a causar enfermedades a una mujer y a varios niños por la situación de insalubridad. Por eso, desde la acampada se prepara una denuncia para presentar a Sanidad. Uno de los acampados reclama a la concejalía de Bienestar Social y Aguas “que los 11 euros que pago por mantenimiento –que no sé quién se queda, porque la red de agua ya está instalada– vayan a un fondo para esa gente que no puede pagar el agua, y que no se los quede la empresa”.
“Ya que el gobierno no está en disposición de ayudarnos, nosotros nos tendremos que ayudar a nosotros mismos” nos dice uno de los acampados, José Jiménez Lorente. “Soy pensionista. Entre lo que tengo que pasarle a mis hijos y lo que tengo que pagar en asuntos de bancos, me quedan 70 u 80 euros al mes. Me estoy encargando de hacer la comida para la acampada, porque yo trabajaba de cocinero”. Álvaro Rodríguez, estudiante, cuenta que “en cuanto me enteré de la acampada me vine. Veo un montón de gente que converge, se descubren, se conoce, inicia proyectos... están saliendo muchos proyectos de gente que se está conociendo aquí”, resume. Diego Felicísimo, estudiante de bachillerato, que también se ha unido a la acampada cree que “en estos tiempos en los que estás siendo continuamente bombardeado por noticias en las que te cuentan los trapicheos de los bancos, de los políticos… tú sientes impotencia. Pero el hecho de estar en esta acampada, hablando con la gente, haciendo cosas, soluciona esa sensación de impotencia”.
El 20 de febrero tras una protesta contra el paro y por Renta Básica frente al Servicio Extremeño Público de Empleo de Mérida, varios manifestantes se plantaron con tiendas de campaña alrededor del edificio. Ya llevan 29 días en lo que se conoce como Acampada Dignidad. Las exigencias de la acampada son tres: la Renta Básica de las Iguales, entendida como un derecho para todas las personas en paro que no reciben ninguna ayuda (unas 70.000 en Extremadura), la creación de 25.000 empleos públicos para reactivar los servicios públicos y el cese de los desahucios con carácter retroactivo.
El actual presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago (PP), ha rechazado reunirse con los acampados, que así se lo habían solicitado, para hablar de la situación de la comunidad. De hecho, un grupo de acampados fue expulsado sin motivo de un pleno en la Asamblea de Extremadura. Hasta el campamento se han acercado un colectivo de profesores, Extremadura Laica, cristianos de base, UJCE y colectivos de estudiantes por la educación pública, que realizaron allí la primera asamblea regional y formaron la Coordinadora Estudiantil Extremeña. También se acercó el expresidente Fernández Vara, a “pedir perdón por no haber hecho nada cuando estaba en el gobierno” (textualmente) y “a ver qué le pedían los acampados”. Alguno le pidió “la disolución del PSOE y menos hipocresía”.
Asambleas cada tarde
Muchos vecinos participan en las asambleas que se realizan cada tarde, en las que se tratan los asuntos internos de la acampada y las próximas acciones. También se realizan talleres y ha surgido un proyecto de instalación de una red libre, abierta y neutra en Mérida, con intención de dar cobertura de servicios básicos de internet y promover el acceso al conocimiento de las nuevas tecnologías, sumándose a la iniciativa guifi.net Abel, uno de los acampados, explica que “en la acampada se estableció desde el primer momento un grupo que se dedica a la búsqueda de economías alternativas por internet. Hemos llegado a la propuesta de establecer una red inalámbrica para los ciudadanos en Mérida saltándonos directamente el monopolio de las operadoras, porque la infraestructura de la red pertenece a todos los usuarios y la estamos pagando con los impuestos”. En cuanto mejore el tiempo, las acampadas quieren hacer un ciclo de proyecciones al aire libre y un concierto. También están grabando su documental sobre el campamento y quieren crear un comedor social en el barrio.Apoyo mutuo
A nivel local, la Acampada Dignidad ha abierto diversos frentes. Dos días después de que comenzara, se creó una plataforma ciudadana para evitar desahucios, con motivo de una charla de la PAH de Badajoz. Así, a finales de febrero se paró el primer desalojo de una familia hipotecada. Hasta entonces, el BBVA se había negado a negociar con el cliente. A la semana siguiente los integrantes de la acampada llevaron a cabo una “ruta de la estafa inmobiliaria” –en la ciudad hay cerca de 5.000 pisos vacíos– y fueron a varios bancos para negociar distintos casos.Otro de los conflictos en los que se trabaja busca solucionar la situación de más de 600 familias a las que Aqualia, gestora del suministro municipal, les ha cortado el agua. La ONU estipula que el coste del agua no puede superar el 3% de los ingresos del hogar, por ser un derecho básico, pero el Ayuntamiento se niega a implantar una tarifa social. La falta de agua ha llegado a causar enfermedades a una mujer y a varios niños por la situación de insalubridad. Por eso, desde la acampada se prepara una denuncia para presentar a Sanidad. Uno de los acampados reclama a la concejalía de Bienestar Social y Aguas “que los 11 euros que pago por mantenimiento –que no sé quién se queda, porque la red de agua ya está instalada– vayan a un fondo para esa gente que no puede pagar el agua, y que no se los quede la empresa”.
“Ya que el gobierno no está en disposición de ayudarnos, nosotros nos tendremos que ayudar a nosotros mismos” nos dice uno de los acampados, José Jiménez Lorente. “Soy pensionista. Entre lo que tengo que pasarle a mis hijos y lo que tengo que pagar en asuntos de bancos, me quedan 70 u 80 euros al mes. Me estoy encargando de hacer la comida para la acampada, porque yo trabajaba de cocinero”. Álvaro Rodríguez, estudiante, cuenta que “en cuanto me enteré de la acampada me vine. Veo un montón de gente que converge, se descubren, se conoce, inicia proyectos... están saliendo muchos proyectos de gente que se está conociendo aquí”, resume. Diego Felicísimo, estudiante de bachillerato, que también se ha unido a la acampada cree que “en estos tiempos en los que estás siendo continuamente bombardeado por noticias en las que te cuentan los trapicheos de los bancos, de los políticos… tú sientes impotencia. Pero el hecho de estar en esta acampada, hablando con la gente, haciendo cosas, soluciona esa sensación de impotencia”.
8.000 parados en una ciudad de 57.000 habitantes
En 2012 comenzó la recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular a nivel regional para reclamar la Renta Básica de inserción social (de unos 600 euros). Se recogieron 27.000 firmas en formularios oficiales (el equivalente a 1,2 millones de firmas a nivel estatal). El gobierno extremeño pedía 45.000 así que ni estudiaron la propuesta. Después de esto, PSOE e IU se comprometieron a reducir a 10.000 y 2.000 (respectivamente) el número de firmas necesarias. A fecha de hoy parecen haberse olvidado.En Extremadura el paro supera el 31% en el caso de hombres y el 37% en el caso de mujeres, y en Mérida, ciudad que no llega a 60.000 habitantes, hay 8.000 parados entre los cuales más de la mitad no reciben prestación alguna. Hay un 38% de la población por debajo del índice de la pobreza. A la semana de empezar la acampada en Mérida, el ejemplo se extendió a Plasencia (norte de Extremadura) donde un grupo de personas acampó en la calle primero y finalmente en la Catedral por los mismos motivos. Al cierre de esta edición ambas acampadas siguen en pie.
El Facebook del Campamento Dignidad en Mérida:
Y aquí se pueden lee
No hay comentarios:
Publicar un comentario