28 de marzo de 2013

¿Es el escrache democráticamente intolerable? (Salvador López Arnal)

Un presidente de gobierno, que apenas habla y cuando lo hace supera con frecuencia las mayores cotas concebibles de insustantividad, disertando sobre las acciones “profundamente antidemocráticas” de los activistas de las PAH. Una delegada gubernamental, Cifuentes es su apellido, clon impecable e incluso superador de doña Esperanza Aguirre, intentando desprestigiar al movimiento relacionándolo –con rectificación posterior formulada en susurros- con ETA, HB y la lucha callejera. Dirigentes “populares” tildando de nazis a los miembros de uno de los movimientos sociales populares más importantes de los últimos años. Una secretaria general-popular, Cospedal Thatcher, esgrimiendo su muy conocida batería de insultos rancio-conservadores, peineta incluida, intentando desprestigiar ante la opinión pública las Plataformas de Afectados siguiendo consejos de algún docto cortesano servil. Un portavoz del grupo mayoritario en el Congreso, Alfonso Alonso, escribiendo una carta a sus correligionarios en la que comenta que “algunos compañeros y sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto”, al tiempo que se muestra totalmente incapaz de entender el “acoso y derribo” de familias trabajadoras que han sido expulsadas de sus viviendas, arrojadas a la calle y al sálvense quien pueda, por no poder hacer frente –por despidos laborales y/o estafas con cláusulas abusivas, nunca por desidia- sus pagos hipotecarios. Don Pons, por supuesto, poniéndose las botas castrenses y ordenando, con mando en plaza., posición de firmes a la ciudadanía crítica. Doña Rosa Díez haciendo una defensa cerrada, y muy pro domo sua, de la clase política a la que pertenece con tanta entrega y dedicación y desde tiempos casi inmemoriales. Una conocida política institucional, supuestamente de izquierdas, número dos de su partido, doña Elena Valenciano, que después de recordar apenada que ella sabe bien, muy bien, que “la gente” lo está pasando muy mal, gira rápidamente hacia su brazo conservador, siempre tan a mano, y afirma –vale la pena no olvidar sus palabras- que “no se puede promover la violencia y el acoso” a gente a la que se ha votado (es decir, sus amigos del PPSOE), y sí, en cambio, por lo que parece, ejercer violencia y acoso (aunque sea un “poco doloroso”) a familias trabajadoras desesperadas a las que ella misma poco ayudó cuando su partido dirigía -o jugaba a dirigir o decía que dirigía- nada menos que el timón de la nave del Estado borbónico, sabiamente orientado en la cúspide por el suegrísimo del yernísimo y su entrañable amiga Frau Wittgenstein (¡Ay di el autor del Tractatus levantara la cabeza!). 


Y así siguiendo. ¿Conclusión? Es fácil, muy fácil. Que lo estamos haciendo muy bien, pero que muy bien. Que la PAH -¡una vez más!- ha tocado, está tocando puntos esenciales de este sistema político-económico en descomposición. Que los movimientos sociales críticos nos están dando a todos una auténtica lección que no debemos olvidar, mostrándonos y recorriendo caminos que vale la pena transitar junto a ellos.

El gran maestro e historiador Josep Fontana señaló recientemente que estamos viviendo una época en la que los miembros de las clases dominantes están más sosegados, tranquilos y seguros de su fuerza y poder que nunca. Jamás soñaron una situación así, tan a su gusto y medida, en estos dos últimos siglos. Se trata de corregir la situación; lo estamos intentando. La PAH está enseñando que es posible derribar estos muros.

Veamos algunos vértices político-culturales de la situación a propósito de los escraches:
Llamamos coacción a ejercer fuerza o violencia contra alguien para obligarle a que diga o ejecute algo contra su voluntad. También al poder legítimo del Derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción. En Biología, coacción es la interacción ecológica de dos o más especies que conviven en un biotipo.

Dejemos al lado la segunda y tercera acepción. No vienen al caso. ¿El escrache es una coacción antidemocrática? ¿Equivale a ejercer fuerza o violencia contra alguien para obligarle a que diga o haga algo en contra su voluntad?



No, no lo parece. El escrache, ha señalado Escudier [1], es una forma de protesta que consiste en acudir a un lugar público o no tan público (no es fácil presionar en ciertos ámbitos protegidos, en su propio terreno, en territorio comanche para la ciudadanía) donde trabaje o se mueva un responsable político servil, un empresario desalmado, un ex torturador o incluso algún asesino político que ande suelto y escondido, y llamar públicamente la atención con la percusión de algunos instrumentos, con algún que otro testimonio oral airado, con pancartas de denuncia o, puestos en materia, cantándole las cuarenta a capela cuando sea imprescindible (y lo es en numerosas ocasiones). No parece muy exagerado, no parece que sea ningún atentado y menos, desde luego, un atentado violento y antidemocrático. ¿Alguien ha salido lesionado? ¿Algún familiar de los interesados ha sido ingresado por traumatismo físico o psíquico? ¿Alguien ha sido arrojado fuera de su vivienda, a la p. calle como dirían algunos? ¿Alguien les ha machado, tomando pie en doña Fabra, con un “que se jodan”? ¿No es razonable denunciar lo que debe ser denunciado usando los resquicios posibles, incrementando dos décimas y media el desasosiego de gentes acomodadas que ven las corridas sociales sangrientas desde la barrera, con sombrero y con cuentas abultadas para protegerse del sol, los desahucios, el desempleo, las desigualdades y del mal tiempo? ¿Van a seguir viviendo en el mejor de los mundos posibles mientras gran parte de la ciudadanía vive en la peor de las pesadillas sociales?

Teniendo en cuenta sus antecedentes más próximos, su excelente balance democrático y popular en América Latina en la denuncia de criminales y cómplices [2], no parece que el escrache sea un procedimiento que merezca ser desdeñado ni permita una crítica por principio. Ni de entrada ni de salida. ¿No sería razonable, justo, prudente, democrático e incluso urgente ir a los alrededores del señor Boi Ruiz, el Atila neoliberal de la conselleria de Salud de la Generalitat de Catalunya, estén donde estén, y contarle e incluso gritarle, a él y a los suyos, que también parecen estar sordos, ciegos y muy felices de conocerse a sí mismo y sus privilegios, el enorme sufrimiento que está ocasionando entre sectores muy vulnerables de la ciudadanía, los que no son de lo suyos, ni de sus amigos confortablemente situados, ni tienen acciones en sus corporaciones amigas con moqueta y aire acondicionado mientras decrementan sustantivamente la atención y los recursos destinados a los usuarios de la sanidad pública?

Un lector de Público se expresaba sobre la experiencia argentina de los escraches en términos que vale la pena recordar. Los escraches comenzaron en su país, señalaba, “cuando ni el Poder Ejecutivo, ni el legislativo ni el judicial dieron respuesta al reclamo de la ciudadanía para sancionar a tantos y tantos responsables de la dictadura cívico militar. Esos tres poderes se mostraron cómplices de lo ocurrido al negarse a investigar y sancionar”. En el derecho romano, recuerda, “existía una figura denominada "muerte civil". En ella el sujeto carecía de los derechos del resto de los ciudadanos”. Los escarches, prosigue, buscaron y buscan “visibilizar ante los vecinos a los responsables de tanto dolor e imposibilitar su disfrute en los espacios en que se mezclaba con el resto de la ciudadanía”. Aún hoy es posible ver que “si un genocida aún en libertad asiste a un restaurante/tienda/espectáculo, y es detectado por otro asistente, éste anuncie a viva voz la presencia del primero y gran parte de los asistentes amenazan retirarse si el genocida no lo hace”. Para la sociedad argentina, concluye el lector de Público, “los escraches han ayudado a impedir el manto de silencio que se pretendía implantar” (¿Y en España?… ¡Ay, España! Pongamos que hablamos de la transición-transacción y de la memoria y el olvido históricos).

Por lo demás, y el punto no es marginal, ha habido entre nosotros alguna reacción, no las ya esperadas, que ha podido sorprender por su singular “razonamiento” y por la atalaya “crítica” desde la que estaba formulada.

Fernando Savater escribía sobre el tema el pasado lunes en ese diario del que es tan amigo [3]. Lo hacía en estos términos. “Que el ejercicio de la política necesita una revisión a fondo en muchos países europeos —entre ellos, desde luego España— es una evidencia que apenas cabe discutir”. Bien por ahora. “Los representantes electos dan a menudo la impresión de formar una casta cerrada sobre sí misma, impermeable a todas las demandas populares difíciles de encauzar según las rutinas burocráticas, expertos en disculpar los errores propios agigantando los ajenos y para quienes siempre lo que se hace es lo único que puede hacerse, por mucho sudor y lágrimas que cueste… a la sufrida ciudadanía”. Mejor si cabe. “Pero la docilidad resignada (o desesperada) de esta parece a punto de acabarse. Hay grupos muy dinámicos que quieren hacerse oír saltándose a los habituales intermediarios y que están dispuestos a llevar a las calles los debates que se echan en falta en el Parlamento”. No está mal, nada mal.

Va a ser cada vez más corriente, vaticina don Fernando, “que los ciudadanos reclamen directamente a sus representantes y les expongan sus quejas, con maneras mejor argumentadas o más tumultuosas”. Eso sí, señala el amigo de Cioran sin venir mucho a cuento, que “una cosa es ser escuchados y otra ser obedecidos” (como resulta evidente para todos sin necesidad de señalarlo). Los representantes electos, prosigue, no escribe “los políticos” porque “políticos son también, para lo bueno y lo malo, quienes les interpelan” obviando don Fernando diferencias de calado, de mucho calado, incluso distancias años-luz entre unos y otros, “deben tomar en consideración las voces ciudadanas apremiantes que les llegan, aunque no sea por el conducto reglamentario”. Aunque no sea, repito, por conducto reglamentario deben tomar en consideración esas vindicaciones. Parece justo.

Bien, bien en general hasta aquí. Pero llega Mr Hyde y entonces, el estudioso de Schopenhauer, señala que “tienen que decidir de acuerdo con su leal saber y entender pues para eso fueron votados por mucha más gente de la que suele manifestarse”, olvidándose, como resulta evidente para él mismo y para todos, que muchos votantes de esos representantes electos desconocen sus oscuras intenciones en numerosos casos y, sobre todo, los intereses corporativos y finalidades afines que esos mismos representantes suelen defender con ahínco y compensaciones, arrojando programas y palabras de campaña al archivo de los gestos inútiles y teatrales. La política, dicen, es realismo sucio.

Añade don Fernando por su parte: “Que se vean escarnecidos en sus vecindarios, coaccionados con simulacros de linchamiento y se intimide a sus familias no solo es democráticamente intolerable sino que arroja sombras de sospecha sobre la “espontaneidad” de los que protestan”. Las comillas de espontaneidad, nada inocentes, son suyas, de don Fernando, y la exageración y falsedad de la descripción lleva su firma, sin que el catedrático de Ética argumente por qué resulta democráticamente intolerable presionar (es decir, gritar y denunciar) a gentes con poder que actúan antidemocráticamente y agreden, ellos sí, sin miramientos y sin simulacros (aunque, eso sí, a distancia y apretando botones de votaciones) a gentes muy desprotegidas que viven situaciones que están a siglos-luz de su privilegiada situación. ¿Qué deberían hacer estos ciudadanos? ¿Enviarles una carta cortés y muy, pero que muy filosófica? ¿Intentar dictar una conferencia en el rellano de sus domicilios sobre las razones profundas del mal y la injusticia? ¿Promover un curso de argumentación sobre el héroe y su tarea mientras no tienen lo mínimo para ir tirando y buscan refugio en casas de amigos o en viviendas sociales?

No acaba aquí la cosa, no acaba aquí la carga muy-culta de la cultivada caballería savateriana. Quienes se desgañitan, prosigue, “diciendo que si no se les hace caso no hay democracia son poco de fiar”.¡Poco de fiar! ¿Por qué? Pues “porque la democracia consiste también en procedimientos, garantías y respeto institucional: lo demás es demagogia y populismo, o sea democracia basura”. ¿Lo demás, lo que no sea procedimientos, garantías y respeto institucional, es democracia basura? ¿Pero no había señalado lo contrario don Fernando quince líneas arriba? ¿Debemos y podemos respetar, como soldados de un Ejército imperial, unas instituciones ciegas, y sus procedimientos anexos, ante el sufrimiento de sectores sociales muy pero que muy vulnerables? ¿Lo demás es basura? ¿Incluso las sentencias del Tribunal europeo de Justicia? ¿Quiénes han acordado, quienes respetan de hecho, esos procedimientos, esas garantías e intervienen en la arena política siguiendo ese supuesto “respeto institucional”? ¡Qué bien vive don Fernando! ¡Qué alejado está de todas estas situaciones desesperadas!

La guinda final está a la altura de los pasos citados del artículo. El que crea, señala el autor de la Ética para Amador, “que una buena causa justifica malos modos [¡malos modos!] debe recordar que abre la puerta a que sean empleados para otras menos de su gusto”. Por ejemplo -son de don Fernando las ilustraciones- para abolir la despenalización del aborto (¿por qué no dirá nada de las enormes presiones del Opus y de grupos próximos en Nafarroa a los médicos para que se declaren objetores?) o “la doctrina Parot, quizá para reivindicar la pena de muerte”. ¿Es una cuestión de malos modos, de descortesía, de falta de educación? ¿De verdad de la buena don Fernando?

La sentencia final de la nota está a la altura del profundo conservadurismo político-cultural de alguien que de joven coqueteó con el anarquismo y escribió en contra de las patrias y a favor de Spinoza: “Bienvenida la participación más amplia y enérgica de los ciudadanos, no de los borrokas”. ¡El paso, sin duda, es un ejemplo de procedimiento político-lingüístico impecable, cortés, afable y respetuoso! ¡Mejor imposible! ¡Qué buenos modos, qué procedimientos tan exquisitos los usados por don Fernando!

Pero no todo, afortunadamente, lo están llenado este tipo de declaraciones y “reflexiones”. 

Jordi Mir, el gran discípulo de Francisco Fernández Buey, excelente conocedor de los movimientos sociales alternativos, ha recordado cosas tan básicas como la siguiente: “Nuestra sociedad es más sensible a la alteración del orden que a la violencia estructural, como la pobreza, cuando el verdadero sufrimiento lo padecen los afectados por la crisis, el desempleo y los desahucios”. Ada Colau ha rematado el argumento: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos sino la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público mientras la gente se tira por la ventana”. Jaume Funes, por su parte, ha recordado oportunamente al mejor Hegel, el que gustaba a Heine: “La legalidad es un concepto construido. Lo legal debe ser legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad”. Y no siempre es así; también éste es un ámbito en construcción.

Sugerencia final: si los políticos institucionales, conservadores y no tan conservadores, suelen estar y actuar al servicio de poderosos centros corporativos y grandes grupos financieros dispuestos a casi todo menos a modificar sus prácticas de extorsión, ¿no deberíamos extender las “molestias”, estos “malos modos” al decir de don Fernando estas quejas democráticas críticas, intolerables para los que suelen defender leyes y órdenes injustos e intolerables, a los representantes más conocidos de esos centros sin alma y sentimientos y deseos irrefrenables e insaciables de rapiña, explotación y expropiación popular? Parece razonable. Nos va la justicia, la dignidad y nuestra misma protección en ello. 

PS: Un ejemplo sobre desahucios y solidaridad a tener muy en cuenta [4]. Verónica Del Río Ferreira tendría que haber abandonado hace pocos días el piso en el que vivía desde que en 2008 fue desahuciada de su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca. Su suegro, que la había acogido junto con su hija de nueve años, también tuvo que dejar la casa. La Xunta de Galicia le retiró la ayuda para el alquiler que tenía desde hacía cinco años.

Llegada la fecha del desalojo, “a esta joven madre solo se le presentaba la posibilidad de instalarse en el hostal América, con cargo al Ayuntamiento”. Las trabas eran muchas. A pesar de que le habían ofrecido ayuda para el traslado de sus enseres, esa semana -con muchos festivos- no iba a ser posible. Estaba también el almacenaje de sus cosas mientras se hospedaba en el hostal. La alternativa era el local de la Asociación Veciñal de Esteiro. A Verónica no le parecía muy apropiado tener sus pertenencias alli. Aunque agradeció el ofrecimiento.

Es aquí donde entra “María”, una vecina de Ferrol que, tras haberse enterado del caso, contactó con un periódico gallego para llegar a la afectada. “María” le ofreció la posibilidad de contratarle el alquiler de un piso –Verónica no puede: carece de nómina o pensión– y sufragarle el importe durante un año. Verónica, agradecida, consideró que el piso era muy grande para ella y su hija. Buscan otras alternativas. “Tienen de plazo hasta el domingo, fecha en la que la joven tiene que entregar las llaves de su vivienda actual”.

“María”, que no quiere que se publique su nombre real ni el de su marido, ha declarado. “Somos un matrimonio de pensionistas que, gracias a Dios, estamos a cubierto, porque tenemos nuestro piso, y queremos arrimar el hombro a quien lo necesita. Es muy triste que la gente se quede en la calle”. La Cocina Económica y Cáritas hacen una extraordinaria labor, señala, “pero hay mucha gente sin techo que necesita de la ayuda de todos”. Resta importancia a su gesto. “Es lo que debemos hacer, porque todos necesitamos encontrar un corazón amigo que te ayude a salir de los baches. Esos son los valores que hay que cultivar”.

Verónica confía en que no sea necesario prolongar la ayuda un año. Su compañero se marchó hace una semana a trabajar a Madagascar. Pronto podrá aportar dinero a la familia. Como en los viejos tiempos de silencio y emigración forzada.


Notas:
[2] ¿Y por qué nunca en España con políticos franquistas y torturadores policiales y especies racionales y no racionales afines, incluyendo, por ejemplo, médicos (juramento hipocrático no transgredido) al servicio de la Ley, el Orden, la barbarie y el sufrimiento?
[3] Fernando Savater, “Democráticamente intolerable”, El País, 23 de marzo de 2013, p. 34.
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría y del CEMS (Centre d’Estudis sobre els Movimients Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; director Jordi Mir Garcia)

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