La asamblea del 15-M de Arganzulea comienza a tejer redes
con plataformas afines para crear una "herramienta colectiva" para
pagar las multas por identificaciones en manifestaciones y "pasar a la
ofensiva" contra la represión
En total, desde que en la Puerta del Sol nació el movimiento 15-M, hace año y medio, la comisión Legal de Sol, formada por abogados afines al movmiento, ha recurrido 306 procedimientos sancionadores.
Multas que normalmente llegan unas semanas después de que una persona
sea identificada por la policía en una manifestación no comunicada, de
esas que Delegación del Gobierno denomina "ilegales" al no haber sido
notificadas previamente.
La estrategia disuasoria que el
Gobierno está empleando para reducir el número de protestas o de
participantes en las mismas conlleva, en la mayoría de los casos, multas
no inferiores a 300 euros, por lo que en este periodo en el que la
presión popular y la desobediencia civil han ido en aumento, bien contra
desahucios, contra subidas de impuestos o por la privatización de la
sanidad (entre otras muchas), manifestantes, activistas o simples
transeúntes en el lugar equivocado se enfrentan a un montante cercano a los 100.000 euros, como mínimo, sólo en sanciones administrativas.
Hacia soluciones desde el "procomún"
Ante
la imposibilidad para muchos de los sancionados de abonar una multa de
la que, en la mayoría de ocasiones, no son merecedores, han surgido
iniciativas que tratan de hacer frente al problema de una forma común.
La asamblea popular del 15-M del madrileño distrito de Arganzuela optó por dar una solución colectiva a las multas de algunos de sus miembros. La pasada semana inició una campaña de crowdfounding,
recogida de donaciones económicas a través de internet, para pagar las
multas de cinco de sus miembros. Kike, Olga, Oscar, Carlos y Jorge
fueron identificados y sancionados por acudir a distintos actos de
protesta, algo que consideran "una situación injusta y opresiva" ya que
"es natural que la gente se oponga y proteste" ante la actual situación
de recortes sociales en la que está inmerso España y, en general, el
sur de Europa.
Un manifestante es identificado por la policía durante la "marcha fúnebre" contra los PGE de 2013 en Madrid. -JAIRO VARGAS Un éxito mayor al esperado
La
campaña tuvo "un éxito mucho más grande del que esperábamos", reconoce
Álvaro, coordinador de la campaña. En apenas tres días, no sólo
recibieron donaciones por valor de 1.639 euros (mínimo marcado), si no
que ya han recaudado más de 2.700 euros cuando aún es posible hacer donaciones durante otro mes más.
La
idea surgió en esta asamblea de barrio, más que como un medio para
pagar las multas, "como un experimento de cara a desarrollar una
plataforma descentralizada para paliar la represión que sufrimos los que
nos manifestamos pacíficamente", como un medio para pasar de la
pasividad a la "ofensiva", explicaba Álvaro.
"Queremos agotar el recurso administrativo y llegar al judicial para sentar precedentes"
En vista del gran apoyo que el experimento había cosechado, desde la asamblea popular de Arganzuela decidieron que había llegado el momento de organizarse en una herramienta más amplia "que
no se dedique sólo a pagar las multas, sino a recaudar dinero para
poder agotar la vía de recurso administrativa y optar por la judicial,
para sentar precedentes, crear jurisprudencia" y poco a poco ir ganando
la batalle legal contra "los responsables de esa represión" y "denunciar
cuando se exceden en sus funciones siguiendo consignas políticas",
explica Álvaro.
"Es más fácil colaborar por internet que asistir a una fiesta"En
este contexto, la asamblea ha comenzado una ronda de contactos con
diferentes colectivos y plataformas afines, para logar una herramienta
que creen fundamental "para el pro-común" y que "cortocircuite su
estrategia represiva" en un escenario donde "es necesario más que
nunca".
Aún no se sabe cuándo estará lista esta "caja de
resistencia 2.0", "apenas hemos empezado la ronda de contactos y
reuniones que será larga, no hay nada definitivo ni mucho menos", dice
Álvaro, pero insta a "demás asambleas de barrio y colectivos a replicar
esta estrategia, para la que tendrán todo nuestro apoyo", porque "es más
fácil colaborar con lo que puedas por internet que asistir a una
fiesta, con la que se fuerza al consumo para, simplemente obedecer y
pagar la sanción".
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