Juan
García Ballesteros
Una
inmensa mayoría de españoles estamos hartos, cabreados, indignados.
Tenemos razones más que suficientes para plantar cara, desafiar a
este vergonzoso Gobierno que está llevando el deterioro social,
económico, político y moral a las cotas más altas jamás
conocidas. Por supuesto que los miembros del Ejecutivo y el partido
que lo sustenta saben perfectamente lo que hacen y a quién deben
servir. No están cometiendo errores. No están jugando a la gallina
ciega, saben a quienes hay que dar los palos, dónde hay que golpear
y cómo hay que hacerlo para hacer el máximo daño posible. No es un
juego, es la voluntaria pauperización de los trabajadores en la
búsqueda de una sacrosanta competitividad, que en lugar de sacarnos
del hoyo ha disminuido la recaudación y los ingresos del estado, lo
que les sirve para justificar los recortes y arruinar lo poco que
queda (que ha costado mucha sangre conseguir) de un escaso estado de
bienestar, la destrucción de los servicios públicos (sanidad,
educación, I+D, dependencia…) y los derechos sociales
fundamentales (vivienda, empleo, justicia,…) y que está rompiendo
el difícil equilibrio social que se mantenía. Ha sido este Gobierno
(sin olvidar el pasado) el que está devastando las condiciones de
vida de los ciudadanos de manera que, si se quiere cambiar la
situación, no nos queda otra opción que rebelarnos ante tanta
injusticia, tanta corrupción (PP y Bárcenas, EREs en la Junta, CiU,
Gürtel) y tanto engaño.
Si
repasamos el año transcurrido, podemos comprender que ha sido sobre
las espaldas de la inmensa mayoría de la población sobre quienes se
han cargado los duros recortes y la pérdida de derechos sociales. A
este Gobierno no se le cae la cara de vergüenza, porque no la tiene,
se ríen (esa risa irónica del consciente especulador) ante las
drásticas medidas que toman, se sienten orgullosos por destruir la
hacienda y la vida de los ciudadanos, obedecen con la cabeza gacha y
los pantalones bajados las recomendaciones de la troika europea, de
los banqueros ladrones, sin escrúpulos, de los neoliberales
organismos internacionales, de las grandes empresas y enormes
fortunas que se enriquecen más a costa del sufrimiento y la pobreza
de los de abajo.
Por
ello, las subida del IVA al 21 % y del IRPF, la bajada de salarios y
pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, el copago sanitario
y las tasas judiciales, los recortes en educación (7.000 millones
€), los desahucios de miles de familias, los despidos baratos, la
privatización de empresas públicas…, forman parte de la hoja de
ruta que esta derecha española, católica y reaccionaria, tiene
marcada (machacando lo poco que prometió hacer en campaña
electoral) y que, lejos de rectificar, se atreve a continuar en 2013
con la misma nefasta política de recortes y plantean una nueva
reforma laboral (mucho más dura y sangrante para los trabajadores) y
acabar con el sistema público de pensiones.
Nos
hacen creer que no hay otra salida a la crisis, sólo la que ellos
plantean, pero no es así. Muchas voces críticas, de todo el
espectro político, incluso algunas cercanas a la derecha más
consecuente, llevan mucho tiempo planteando alternativas, de subidas
de impuestos progresivos, de lucha contra el fraude y los paraísos
fiscales, para poder facilitar inversiones públicas en el campo de
la creación de empleo y así salir de esta espiral de desánimo y
miedo al futuro.
Ante
esta dura situación en la que nos encontramos, con un partido
gobernante ilegítimo que conculca continuamente la Constitución y
los acuerdos internacionales, que utiliza a las fuerzas de orden
público para amedrentar a los ciudadanos, para pisotear y reprimir a
la población pacífica que utiliza su derecho a manifestarse contra
tanto atropello, tanta arbitrariedad y tanto dolor, no nos queda otra
opción que la rebeldía social. Las medidas antisociales
afectan a una gran mayoría de la gente, porque muchos, hasta hace
poco inamovibles por su estatus social y sus condiciones económicas,
se sienten amenazados. Nuestro país no puede soportar los más de
cinco millones y medio de parados, los cerca de 1,8 millones de
hogares sin ingresos y más de la mitad de nuestros jóvenes sin
futuro. No sólo es la enorme lacra del paro, la pérdida de poder
adquisitivo o de derechos sociales lo que está minando los cimientos
de la estabilidad social, sino la enorme brecha abierta en cuanto a
estado de bienestar, riqueza y, por tanto, acceso a bienes de
consumo, entre la clase poderosa (económica, empresarial y, en la
mayoría de los casos, política) y la gran mayoría de los
ciudadanos.
Esta
rebeldía social debe ser secundada por esa inmensa cantidad de
personas que están sufriendo en sus carnes una crisis que ellos no
han generado. Por ello, es el momento (estamos escasos de tiempo)
para que la gente se organice, se involucre, se comprometa, luche.
Hay muchas posibilidades de participación, muchos grupos sociales
luchando por mejorar la situación. Lo importante es la toma de
conciencia de cada uno para comprender que si no lo hacemos los de
abajo, organizados, nos ahogarán, nos hundirán en el cieno. Entre
ellos y desde hace unos meses está implantado en todo el estado el
Frente Cívico-Somos Mayoría (FCSM) que tiene como referente
a Julio Anguita. Un proyecto cívico-social que se fundamenta en la
propia Constitución, en la Declaración Universal de los DDHH y los
contenidos medioambientales recogidos en la llamada Carta de la
Tierra. Es una propuesta colectiva, abierta a todos los ciudadanos
que de forma individual deseen organizarse, sin tener en cuenta su
adscripción política, sindical, religiosa o de otra índole y que
sean capaces desde la base, en asamblea, de forma democrática, de
elaborar un programa concreto, aplicable, perfectamente factible,
desarrollable y legal, elaborado colectivamente y planteando una
alternativa fundamentada. Un programa que por su incidencia en
la actualidad, atraiga inmediatamente los apoyos necesarios no sólo
para su elaboración sino para una movilización ciudadana
consecuente, seria, decisiva y decisoria.
El
FCSM, como proyecto colectivo, trata de constituir un poder ciudadano
(contrapoder democrático) que induzca de manera creciente a los
poderes públicos a legislar y gobernar en beneficio exclusivo de la
mayoría, exigiendo una
economía al servicio de las necesidades básicas de la gente y en
armonía con el medio natural, acabando con tanta corrupción, tanto
engaño, tanta desigualdad y restituyendo los derechos sociales,
laborales y económicos que les han desvalijado a la mayoría de las
personas en estos últimos años.
Quiero
terminar con un párrafo que recoge el profesor Manuel Monereo en su
reciente artículo "Frente
Cívico: La emergencia de un Nuevo Espacio Público”,
publicado en diferentes medios digitales, “El
derecho y el deber de resistencia frente a la tiranía de los
mercados, la desobediencia civil ejercida pacíficamente y sin
violencia es un derecho humano fundamental. La libertad se defiende
ejerciéndola”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario