Un nuevo movimiento llama a manifestarse el 10 de febrero contra el retroceso en las políticas de igualdad. Lo último ha sido el retroceso en la Ley del Aborto pero antes comunidades como Valencia y Balears dijeron que las mujeres tenían que pagar previamente la intervención.
Justo antes de casarse, a Maribel Jiménez la pilló su suegra, escobón en mano, pegando carteles a favor de la Ley del Divorcio. "Ya te estás preparando, ¿eh?", cuenta que le dijo. Eran los albores de la democracia. Entonces tenía apenas 20 años. Hoy tiene 55 y siente que España ha retrocedido al nacionalcatolicismo. "Nos están generando otra vez el miedo, me recuerda a los tiempos de la clandestinidad, me vuelvo a sentir perseguida y tengo la sensación de que todo el esfuerzo que hemos hecho para conseguir la igualdad se está esfumando", resume esta feminista malagueña, militante en partidos de izquierda que ha estado en primera línea de fuego desde los setenta.
Las políticas de igualdad emprendidas por los nuevos gobiernos del PP han llevado a un grupo de organizaciones feministas de Málaga a crear un movimiento, denominado Marea Violeta, para denunciar la "violenta agresión a los avances logrados durante la democracia en la lucha por los derechos para las mujeres".Como primera actividad visible, han convocado una concentración el próximo viernes, a la que ya se han adherido entidades en la mayoría de las comunidades.
Los organizadores valoran positivamente las leyes aprobadas por el anterior Gobierno socialista, como la de Igualdad o la de Violencia de Género, pero advierten: "Todos estos derechos no han sido un invento de un Gobierno, son conquistas de los movimientos feministas y de los acuerdos conseguidos en Europa y en las conferencias internacionales. No se pueden desactivar las políticas de igualdad, eliminar recursos y expulsar a muchas mujeres del sistema público de servicios", lamenta Rosa Gómez, también miembro de la Marea Violeta.
"Lo último ha sido el retroceso en la Ley del Aborto, pero es que antes, con la ley aún en vigor, comunidades como Valencia y Balears dijeron que las mujeres tenían que pagar previamente la intervención. Esto es una discriminación indirecta clarísima y un atentado a los derechos de las mujeres por parte de los poderes públicos, que deberían ser sus garantes", denuncia.
Al núcleo del movimiento los recortes le cogieron trabajando. Desde hace años plantean iniciativas para avanzar en la igualdad. "Habrá Justicia social cuando se incorporen las realidades, necesidades y alternativas del 52% de la población, las mujeres; y exista un nuevo contrato social basado en el reparto equitativo de los recursos, cuidados y poder", añade Rosa.
Uno de los principales objetivos de este movimiento, que va creciendo cada día, es hacer transparente la política de los gobiernos. "Parece que en el desánimo todos son iguales y no es así; no les puede salir gratis", sostienen. Y lanzan un mensaje a navegantes (políticos): "Para cualquier cambio, hay que contar con las mujeres".
Las políticas de igualdad emprendidas por los nuevos gobiernos del PP han llevado a un grupo de organizaciones feministas de Málaga a crear un movimiento, denominado Marea Violeta, para denunciar la "violenta agresión a los avances logrados durante la democracia en la lucha por los derechos para las mujeres".Como primera actividad visible, han convocado una concentración el próximo viernes, a la que ya se han adherido entidades en la mayoría de las comunidades.
Los organizadores valoran positivamente las leyes aprobadas por el anterior Gobierno socialista, como la de Igualdad o la de Violencia de Género, pero advierten: "Todos estos derechos no han sido un invento de un Gobierno, son conquistas de los movimientos feministas y de los acuerdos conseguidos en Europa y en las conferencias internacionales. No se pueden desactivar las políticas de igualdad, eliminar recursos y expulsar a muchas mujeres del sistema público de servicios", lamenta Rosa Gómez, también miembro de la Marea Violeta.
"Lo último ha sido el retroceso en la Ley del Aborto, pero es que antes, con la ley aún en vigor, comunidades como Valencia y Balears dijeron que las mujeres tenían que pagar previamente la intervención. Esto es una discriminación indirecta clarísima y un atentado a los derechos de las mujeres por parte de los poderes públicos, que deberían ser sus garantes", denuncia.
Al núcleo del movimiento los recortes le cogieron trabajando. Desde hace años plantean iniciativas para avanzar en la igualdad. "Habrá Justicia social cuando se incorporen las realidades, necesidades y alternativas del 52% de la población, las mujeres; y exista un nuevo contrato social basado en el reparto equitativo de los recursos, cuidados y poder", añade Rosa.
Uno de los principales objetivos de este movimiento, que va creciendo cada día, es hacer transparente la política de los gobiernos. "Parece que en el desánimo todos son iguales y no es así; no les puede salir gratis", sostienen. Y lanzan un mensaje a navegantes (políticos): "Para cualquier cambio, hay que contar con las mujeres".
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