Como sociólogo que es el ministro Wert, sabe bien que uno de los
procesos de democratización que mejoraron la sociedad española (y no han
sido tantos ni demasiado profundos, así que debemos cuidarlos
especialmente), a lo largo del medio siglo último, fue el acceso de las
capas populares a la enseñanza superior. Ahora el Gobierno del PP quiere
revertir este proceso —sin haberlo llevado en su programa electoral—:
el Real Decreto Ley aprobado el pasado 20 de abril, entre otras medidas
destructivas de nuestras universidades, apunta a reservar la formación
superior para los ricos. Su acción de gobierno ha traspasado ese límite
tras el cual una sociedad no puede mirarse al espejo sin sentir
vergüenza de sí misma.
Soy profesor titular de Universidad (y por cierto que uno de los
“beneficiados” por su contrarreforma, si de descargarme del “peso de la
docencia” se tratase: tengo tres sexenios de investigación consecutivos
“vivos”). El injusto e insolidario cambio de las reglas de juego que su
indecente RDL 14/2012 establece que nos impulsará, a mí y a otros muchos
profesores, a modificar también nuestros criterios: por ejemplo, a la
hora de evaluar a nuestros estudiantes. Sabiendo que un suspenso en la
convocatoria “boloñesa” de junio/julio (su segundo examen en una
asignatura, que daría lugar a una segunda matrícula) los penaliza tan
gravemente como usted pretende (y no digamos ya en convocatorias
posteriores), barrunto que a partir de ahora mis estudiantes van a tener
siempre un buen rendimiento en esas convocatorias… Ante normas injustas
e ilegítimas que destruyen el orden básico de convivencia, por más que
se publiquen en el BOE, un ciudadano consciente tiene ante sí un camino
arduo y excepcional, pero ineludible: la desobediencia civil.
Jorge Riechmann, profesor titular de Filosofía Moral, Universidad Autónoma de Madrid.
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