Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han denunciado que
el archivo judicial de la denuncia contra la familia Botín demuestra el"trato de favor" dado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
Gestha ha hecho esta consideración en un comunicado, después de que
hoy se haya conocido que la Audiencia Nacional ha archivado la causa
abierta contra el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, y
varios de sus familiares, por un presunto fraude fiscal, a la luz de la regularización que practicaron ante la Agencia Tributaria.
Para Gestha, este hecho demuestra que la AEAT ha dado a la familia Botín "una segunda oportunidad para
pagar voluntariamente", un privilegio del que no disponen el resto de
ciudadanos investigados y sancionados por discrepancias con los datos
declarados".
Gestha también ha recalcado que este trato de favor de la AEAT "no
es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero
negro, como tampoco lo es la amnistía fiscal que el Gobierno ha
aprobado y que pondrá en marcha próximamente".
Información complementaria:
Eduardo Segovia - Elconfidencial
Emilio Botín, su hermano Jaime y
todos sus hijos se han salvado de la cárcel y de unas fuertes sanciones
gracias a la benevolencia de la Agencia Tributaria, que en junio de
2010 les concedió un tiempo precioso para regularizar su situación -con
el pago de 200 millones de euros- sin ser sancionados, en vez de mandarles a la inspección. El auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu archiva
la causa, publicado ayer, confirma que esta regularización basta para
conceder la llamada "excusa absolutoria", que permite a toda la familia
irse 'de rositas'.
Cuando la Agencia Tributaria tuvo conocimiento del listado de
defraudadores españoles con cuentas ocultas en el HSBC suizo a través
de la Hacienda francesa, tomó la polémica decisión de enviarles un
requerimiento en el que les invitaba a regularizar "voluntariamente".
En dicho escrito se les prometía que, si lo hacían así, no habría
sanciones penales ni administrativas. Y la familia Botín se acogió
a esa medida de gracia, que fue duramente criticada por los inspectores
y los técnicos de Hacienda ya que consideraban que se estaba
dispensando un "escandaloso trato de favor" e incluso que se trataba de
una "amnistía fiscal encubierta".
En vez de eso, estos colectivos consideran que Hacienda debería
haber enviado la inspección a todos los implicados, como a cualquier
otro contribuyente del que tiene pruebas de fraude. Si lo hubiera hecho
así, la familia Botín tendría que haberse enfrentado a una acusación de delito fiscal aparte
de haber tenido que ingresar en el Tesoro una cantidad similar a la que
pagó para regularizar voluntariamente, ya que el auto de ayer considera
que es sustancialmente correcta.
La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra los Botín no deriva
de esta regularización, sino de la necesidad de investigar si los 200
millones eran suficientes para cubrir la deuda tributaria, algo que
exigía analizar una documentación muy profusa y compleja, así como
desentrañar una telaraña de empresas y sociedades instrumentales a
través de la que la familia ocultaba el dinero evadido. Si se hubieran quedado cortos en el pago, sí habría delito.
Y para evitar que prescribiera el posible delito referido al
ejercicio 2005 (el delito fiscal prescribía a los cinco años hasta
ahora, que el Gobierno ha ampliado el plazo a 10), la Audiencia
Nacional abrió diligencias en junio del año pasado, que interrumpen la
prescripción. Estos 200 millones implican que el patrimonio oculto por
los Botín en Suiza supera los 2.000 millones, tal como adelantó en
exclusiva El Confidencial y confirma el auto.
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