
Fomento vuelve a los desahucios. La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, en colaboración con Delegación de Gobierno, han ejecutado dos nuevos desahucios en viviendas sociales en la localidad pacense de Los Santos de Maimona y en Cáceres. Con estos dos desahucios ya son cinco los practicados, incumpliendo la Resolución de la Asamblea de Extremadura de fecha 26 de julio de 2012.
Desde la Trastienda anunciamos que denunciamos y denunciaremos a quienes realizan estas canalladas contra la gente humilde y a quienes lo consienten. Y que pondremos nuestras energías a disposición de la organización de los barriadas contra esta locura.

Reproducimos el pronunciamiento de la Plataforma por la Renta Básica de hace unos días.
El Colectivo por los Derechos Sociales La Trastienda manifiesta su
indignación y repulsa por los tres desahucios que la Junta de
Extremadura ha llevado a cabo en el día de ayer.
Con su decisión el gobierno regional
se burla del Parlamento que adoptó por 33 votos contra 32 la
paralización de todos los desahucios en las viviendas sociales propiedad
de la Junta de Extremadura. ¿Para qué sirven entonces los acuerdos de
la Asamblea? ¿Si lo que acuerda el Parlamento regional no tiene validez,
para qué pagamos a los políticos que componen esa cámara autonómica?
¿Si la Junta de Extremadura no cumple las leyes y acuerdos que emanan de
la Asamblea, qué autoridad moral tiene para exigir a los ciudadanos que
cumplan las leyes?
Exigimos la dimisión del Consejero de Fomento y Vivienda y la paralización definitiva de los desahucios, así como el cumplimiento de los 4 puntos de la resolución 61/VIII aprobada por la Asamblea de Extremadura . Exigimos también del Parlamento regional que haga valer el acuerdo adoptdo el 26 de julio. El Consejero, tras esta decisión, es indigno de seguir cobrando un sueldazo que sale del esfuerzo de todos los extremeños. ¡¿No le da vergüenza haber echado inquilinos a la calle que deben una tercera parte de lo que el gana en un mes? ¿Cuantos chalés ilegales de lujo, edificados incluso en espacios protegidos de la comunidad autónoma, ha desalojado este político "tan valiente"?
Vienen con la demagogia de que las
personas desahuciadas se dedican al tráfico de drogas. Pues si así fuera
que apliquen las leyes contra el tráfico de drogas, con toda la
contundencia que sea necesaria, pero eso no da derecho a echar a la
gente a la calle, y máxime cuando en las familias hay menores de edad.
¿A Urdangarín y a otros muchos presuntos y no tan presuntos delincuentes
de cuello blanco les echan de sus casas por haber cometido delitos?
Lo que realmente persiguen es meter el
miedo en las barriadas más pobres y seguir con la minuciosa división de
la sociedad, contando el cuento de que la gente en las barriadas de
viviendas sociales disfruta de "lujos asiáticos", como decían hace poco
tiempo, desvergonzadamente, en un diario regional. Tienen abiertos 764
expedientes de desahucio, lo que significa que han amenazado con echar a
la calle a más del 5% del total de los inquilinos de vivienda social en
la región. Y entre mayo y julio de este año desahuciaron 32 familias,
algunas con deudas inferiores a los 3000 euros. Esto se suma al hecho de
que no apliquen las minoraciones de alquiler a miles de familias que
tendrían y tienen derecho, a pesar de que éstas demuestren
fehacientemente su voluntad de pago.
Lo que realmente buscan es agitar el
espantajo de los "pobres peligrosos y antisociales", parasitando el
temor de las clases medias en este momento de crisis y desviando el
malestar hacia los de abajo, en lugar de que apunten hacia arriba, hacia
los auténticos responsables de la situación.
Con esta actitud, la Junta de
Extremadura pone su granito de arena y alenta la masacre de los
desahucios que los bancos están cometiendo en nuestro país, justo cuando
siete jueces elevan al Consejo General del Poder Judicial un informe
denunciando los abusos del sistema legal de desahucios.
El Colectivo La Trastienda realizará
asambleas en las barriadas de viviendas sociales para informar a los
vecinos sobre estos últimos desahucios y someter a su consideración la
realización de movilizaciones. Además, anuncia que está valorando la
presentación de una denuncia ante los tribunales contra el Consejero de
Fomento y Vivienda de la Junta de Extremadura, por atentar, mediante
esta política sistemática de desahucios, contra el acuerdo explícito del
Parlamento regional y, además, contra la Constitución Española y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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