La criminalización de la protesta

 

Fascismo institucionalizado: el ministro del interior anuncia medidas de criminalización de cualquier protesta

Se criminalizará cualquier protesta social contra los recortes y el ajuste: hasta la resistencia pasiva será considerada atentado contra la autoridad y se considerarán "delitos de terrorismo" cualquier acción violenta, aunque haya sido provocada por la intervención policial. 

Agencias

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, avanzó ayer miércoles en el Congreso de los Diputados algunas de las novedades de una profunda reforma legal que pretende llevar a cabo el Gobierno para hacer frente a los actos vandálicos como los que tuvieron lugar en Barcelona durante la huelga general.

El ministro ha anunciado que se incluirá como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales. "Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación", ha explicado el Ministerio a Europa Press debido a que en el interior del hemiciclo Fernández Díaz no pudo terminar de concretar esta medida por falta de tiempo.

"También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público", ha añadido.

Resistencia pasiva, atentado contra la autoridad

Antes, Jorge Fernández Díaz, había avanzado en la Cámara el deseo de Interior de incluir "como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas".

En su intervención, el ministro ha lamentado que "por desgracia" estos actos no suceden sólo en Barcelona. "No hay que responder desde el Código Penal a iniciativas de guerrilla urbana pero tampoco recurrir al buenismo jurídico". Según ha dicho estas reformas parten de una iniciativa de reforma del ordenamiento jurídico en la que su Departamento viene trabajando desde hace dos meses en colaboración con el Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz Gallardón.

El ministro del Interior ha defendido estas reformas del Código Penal y otras leyes para que el castigo a los que participan en actos vandálicos sea equiparado al terrorismo callejero ante "la espiral de violencia" que protagonizan colectivos antisistema con técnicas de "guerrilla urbana".