Tiempos nuevos, términos nuevos
Los gobiernos han hecho con las palabras en los últimos 35 años lo que han querido, pero han perdido el monopolio para hablar de democracia.
Quizá no ha pasado mucho en los dos últimos años. O quizá, incluso, ha pasado lo más importante. Lo más importante: ha finalizado una época en la que cualquier gobierno colaba,
a través de una cultura especializada en crear cohesión y endarle la
razóna cualquier gobierno, cualquier mensaje. Parece una tontería, pero
esto es la pera.Es importante constatar que cualquier intento
comunicativo de un gobierno para construir una explicación, un nombre a
lo que hace, no sólo acostumbra a fracasar, sino que viene, además,
desprovisto del palabro ‘democracia’.
Algo absolutamente exótico hace un par de años, cuando el Estado disponía de esa palabra en régimen de monopolio.
Podía explicar lo que era democrático o no. Podía excluir o incluir del
campo semántico democrático cualquier conducta, idea o grupo en un
plis-plas. El hecho de que hoy no pueda jugar con ese juguete orienta
hacia una debilidad cultural gubernamental.
Los gobiernos
peninsulares ya no pueden gestionar el significado de las palabras. Una
cosa anecdótica en otra cultura, pero fundamental por aquí abajo, una
cultura en la que, en los últimos 35 años, los gobiernos han hecho con
las palabras lo que han querido. Es importante saberlo. Es importante que la sociedad sepa que las palabras le pertenecen.
Por eso mismo, es importante redefinir palabras que el Gobierno nos da
por definidas. Así, es importante, muy importante, saber lo que
significa la palabra “recortes”.
A partir del 1 de septiembre,
verbigracia, desaparecerá la universalidad de la sanidad. El Real
Decreto que lo comunica supone un incumplimiento de los artículos 9.3,
10, 13, 18.4, 43.1, 43.2 y 86.1 de la Constitución, y un atentado a los
Estatutos de Autonomía de Andalucía, Aragón, Catalunya y País Vasco
(fuente: Asociación para las Naciones Unidas de España).
Es una
ley que se sitúa tan lejos de la legalidad como otras con las que se ha
recortado la educación, la asistencia social, la asistencia al paro, o
las leyes del trabajo. Ese pack de recortes supone también la negación del artículo número 1 de la Constitución. Aquel que va y dice que el Estado es “social y democrático de Derecho”. “Y”,
no “o”, de manera que si el Estado deja de ser social, deja de ser
también democrático y de Derecho. Supone la omisión del artículo 9.2,
uno de los pocos goles en esta Constitución tan poco sexy, un artículo
copiado directamente de la Carta de Bonn y de la Constitución italiana
de 1945, y que significa la imbricación del Bienestar en el Estado.
Desde
2008 estamos rescatando a la banca, a través de dinero que se extrae
del bienestar, y de rescates que pagará el bienestar. Las medidas
gubernamentales parecen no estar orientadas a solucionar ninguna crisis, sino a realizar, a través de ella, un gran cambio estructural.
Los recortes y todas las contrarreformas del Estado, realizadas en
contra de la Constitución con la que se nos ha dado la brasa durante
cuatro décadas tienen nombre.
La sociedad debería empezar a
meditar si el fin del bienestar que vivimos es –y éste es un posible
nombre que redefine la palabra “recortes”–, un golpe de Estado. Un
cambio violento del marco legal vigente. Un delito. Y, como tal, que convierte a las personas y los gobiernos que lo están realizando en susceptibles de ser juzgadas.
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