http://www.youtube.com/watch?v=dIaW9Y8xJmY&feature=plcp
Desde la Plataforma Ciudadana Refinería No queremos valorar la definitiva resolución de Declaración de Impacto Ambiental negativa de Refinería Balboa que acaba de emitir el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ante la campaña
de desinformaciones que recientemente se han venido vertiendo a los medios a
propósito de supuestas filtraciones acerca del sentido de la DIA, la Plataforma Ciudadana Refinería No, ha preferido mantenerse al margen de esta ceremonia
de la confusión y sólo hacer valoraciones cuando existiese información oficial,
lo cual es el caso.
Con esta
resolución finaliza el largo recorrido de uno de los proyectos más oscuros y
turbulentos de la historia de Extremadura. Desde aquel 2004 en el que se hizo
pública la intención de la Junta
de Extremadura y de Alfonso Gallardo – el empresario del PSOE extremeño- de
instalar en Tierra de Barros una refinería de crudos pesados, las posibilidades
de materializarse el descabellado proyecto fueron haciéndose más remotas día a
día, hasta llegar al de hoy en que son definitiva y oficialmente nulas. Pese a
los desmesurados esfuerzos de determinados medios de comunicación en mostrar lo
contrario, el proyecto sólo ha sido defendido por sus promotores políticos y
empresariales. En cambio ha suscitado un rechazo social sin precedentes en
nuestra región (como demuestran las más de 83.000 alegaciones recogidas en
contra o las más de doscientas concentraciones y manifestaciones llevadas a
cabo), al que se han sumado numerosos colectivos ciudadanos de Extremadura,
Andalucía y Portugal, e instituciones como la Junta de Andalucía, el Consejo de Participación
de Doñana o la Unesco. Del
mismo modo, numerosos expertos de la mayor solvencia y prestigio y las
principales organizaciones conservacionistas a nivel nacional e internacional han
argumentado de forma rotunda en contra de la refinería.
Desde que el
pasado 29 de marzo se hiciese oficial la propuesta de resolución negativa por
parte del Ministerio, se confirmó lo que esta plataforma venía anunciando de
forma argumentada desde hace años: Se trata de un proyecto absolutamente
inviable. Aunque la ley contempla en caso de discrepancia entre el Ministerio y
la Comunidad
autónoma la creación de una mesa de trabajo para acercar posturas, lo
previsible y lógico es que, dado que el proyecto sigue siendo el mismo y los
puntos insalvables también, la resolución – basada en criterios técnicos y
objetivos- fuese, como ha sido, en el mismo sentido que la propuesta. Afortunadamente,
los valedores de la refinería han insistido en repetidas ocasiones que la
defendían si esta cumplía con las leyes, por lo que, dado que el procedimiento
legal da por rechazado el proyecto de forma rotunda y sin lugar a segundas
interpretaciones, entendemos que no insistirán más en su defensa.
Queremos
felicitarnos por que los criterios técnicos hayan prevalecido sobre las
intensas presiones empresariales y políticas, y hayan puesto fin a un proyecto
que, si ya era anacrónico e irracional cuando se ideó hace una década, aún más
lo es hoy. Nos parece escandaloso que se haya querido vender como la solución
para el desempleo en Extremadura una inversión que requeriría entre 600.000 y
20 millones de euros (un 20% de los cuales serían públicos) y que, según el
propio estudio de impacto ambiental realizado por el promotor, sólo hubiese
generado 67,5 empleos en la zona de las 21 poblaciones más afectadas. Todo ello
sin tener en cuenta la pérdida de tejido productivo y de empleo que hubiese
causado una actividad industrial pesada que, por definición, es
indiscutiblemente lesiva con la economía natural de nuestra tierra. Ha quedado patente que la refinería era sólo
la punta del iceberg de un plan desarrollista a gran escala cuyo fin era ubicar
en Extremadura una industrialización pesada y contaminante que ya rechazan en
otros lugares. Y también ha quedado patente que, si los ciudadanos se organizan
para hacer frente a un problema, tienen serias probabilidades de solucionarlo.
Pero para ello han hecho falta ocho largos años de un turbio procedimiento
administrativo interrumpido una y otra vez por carencias en la documentación
aportada por el promotor. Un procedimiento tan poco transparente que la propia
ONU ha llegado a amonestar al estado español por la ausencia de garantías de participación
pública de la ciudadanía y la falta de información ambiental. Tampoco podemos
olvidar que durante este tiempo, las autoridades autonómicas y municipales en
manos del Psoe no han dudado en pisotear los derechos ciudadanos o en dividir a
la ciudadanía a la hora de defender el proyecto. Una vez descartado
definitivamente este, sería la hora de exigirles responsabilidades. Del mismo
modo que habría que pedírselas a los medios de comunicación mayoritarios de la
región, plegados incondicionalmente a la defensa de la refinería, por la
ausencia de profesionalidad y rigor a la hora de abordar un asunto lo
suficientemente importante para los extremeños como para ser fuente de
información más que de propaganda. Por otro lado, a quienes prometieron durante
tres legislaturas consecutivas la inminente materialización de la refinería–
aún sabiendo que mentían- o a quienes hasta hace unos días recorrían nuestras
calles pregonando con megafonía una supuesta declaración positiva – aún
sabiendo que se trataba de un intento de manipular a la población-, quienes
habrán de pedir responsabilidades serán sobre todo aquellos que se hayan
sentido engañados y quienes consideren que han jugado con sus legítimas
expectativas de futuro.
Pero también es
necesario pedir responsabilidades económicas y nuestro colectivo considera una
excelente noticia que la
Asamblea de Extremadura haya aprobado el reclamar a Gallardo
los diez millones de euros de todos los extremeños que le fueron entregados en
anteriores legislaturas para la ejecución de su proyecto privado. Estos fondos
serán bienvenidos por las arcas públicas, especialmente en la actual situación,
por lo que sería deseable que, ya con las autorizaciones ambientales denegadas,
la reclamación se llevase a efecto lo antes posible.
Ha quedado
patente que los ciudadanos ante las arbitrariedades e imposiciones de los
gobernantes, cuando estos abandonan la obligación de velar por los derechos
comunes y comienzan a trabajar por los intereses particulares, pueden y deben
unirse. Y que cuando lo hacen, pese a los inherentes obstáculos tienen muchas
más posibilidades de alcanzar sus objetivos que si permanecen impasibles.
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