Desde el Colectivo La Trastienda y las Comisiones Vecinales que se están creando en las barriadas de viviendas sociales en Mérida hemos elaborado un Décalogo contra los Desahucios por el Derecho a un Techo. Tratamos de exponérselo al Consejero de Vivienda en la reunión que tuvo lugar el 26 de junio, pero además de negarse a recibir a los vecinos elegidos en las barriadas despachó el asunto de este modo: "De ninguna manera vamos a paralizar los desahucios. Estamos recibiendo muchas felicitaciones por ello".
El próximo viernes, día 29 de junio, vamos a ser recibidos conjuntamente por los grupos parlamentarios de IU y del PSOE en la Asamblea de Extremadura. Les expondremos este mismo decálogo y les solicitaremos que presenten una iniciativa urgente en el Parlamento regional. Hay muchas familias viviendo en vilo, que además del paro y la exclusión social, se encuentran amenazadas de desahucio. Hay que poner fin a esta situación, que está llevando dolor y miedo a los barrios más pobres de Extremadura.
En Mérida, hasta la fecha, se han celebrado asambleas vecinales en las barriadas de Bellavista, la Cruz-Campo y Juan Canet. El jueves 28 se celebrará en las viviendas sociales del Prado y el martes 3 de julio en el PERI de Sán Lázaro.Desde el Colectivo La Trastienda animamos a todos los grupos y movimientos por los Derechos Sociales y el derecho a la vivienda que existen en las ciudades y pueblos de Extremadura a promover la convocatoria de reuniones en las barriadas sociales así como la movilización que evite el desahucio de más familias.
Reproducimos a continuación tanto el decálogo elaborado como la referencia en los medios de comunicación sobre la fallida reunión mantenida con el Consejero de Vivienda. Contra los desahucios, movilización.
DECÁLOGO CONTRA LOS DESAHUCIOS. TENEMOS DERECHO A UN TECHO
1.
Paralización
inmediata de todos los desahucios de viviendas sociales, que están
provocando auténtico pánico en los barrios, y apertura de un proceso de estudio
y negociación con las Comisiones de vecinos de cada barriada, constituidas al
efecto. Cumplimiento de los derechos a una vivienda digna y a la protección de
la familia, establecidos en los artículos 47 y 39 de la Constitución Española.
2.
La Junta de Extremadura debe cumplir
escrupulosamente con la normativa de
protección a los menores. Basta con dos ejemplos: el brutal desahucio de
familias con niños en barriadas como Juan Canet y Bellavista; o el hecho de
que, por la imposibilidad de pagar los recibos de agua, muchos niños y niñas se
encuentren sin agua corriente y/o sin luz eléctricas en sus casas.
3.
Para el pago de los alquileres se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
-
Transitoriamente,
estarán exentos del pago del alquiler todas aquellas familias en las que todos sus miembros estén en desempleo. También
estarán exentos en el caso de que las personas de la familia en situación de
desempleo perciban cantidades equivalentes o inferiores a las del subsidio de
desempleo (426 euros mensuales).
-
Para quienes tengan trabajo se establecerá un
baremo que tenga en cuenta tanto los salarios percibidos como la precariedad en
la contratación. En cualquier caso, deberá garantizarse que el alquiler no supera el 10% de los ingresos salariales.
-
Sólo en el caso de disponer de trabajo estable,
se procederá a la negociación de la deuda atrasada.
4.
Hace falta modificar
la tabla de minoraciones y adaptarla a las nuevas situaciones de pobreza y
marginación que se están generando en los últimos años. En el plazo de 2 meses
se procederá a una revisión de los criterios establecidos en el decreto vigente.
La cuantía de los alquileres debe
desacoplarse de los precios del metro cuadrado por zonas, establecidos con
criterios de mercado (artículo 24.2 del Decreto). La vivienda no es una
mercancía, sino una necesidad básica y un derecho. Los criterios a aplicar en
las rentas de las viviendas sociales han de ser sociales, atendiendo a los
ingresos, precariedad, situación de exclusión… También deben aumentarse las
deducciones relativas al número de integrantes de la familia, los ingresos, situaciones de paro,
discapacitados a cargo, mayores de 65 años…
5.
Elaboración de una nueva normativa de regularización de traspasos, cesiones, ocupaciones y
trasmisiones familiares. Es una aberración desahuciar a personas que viven
en casas cuyos titulares son familiares suyos. Debe darse una solución a las
personas que han sido desahuciadas hasta el momento y que malviven hacinadas en
casas de otros familiares.
6.
Publicación de la información que obre en poder
de la Junta sobre el censo de viviendas
desocupadas en Extremadura, incluyendo tanto las viviendas sociales (VPO de
promoción pública) como las viviendas privadas que han contado con subvención
pública. Elaboración de un censo de las
viviendas en manos de los bancos en Extremadura, como consecuencia de impago de
hipotecas. La Junta de Extremadura debe tomar cuantas medidas sean
necesarias para poner este parque de viviendas desocupadas al servicio del
cumplimiento del derecho constitucional a una vivienda digna.
Elaboración de
un plan inmediato de ocupación de las
viviendas vacías para abordar los casos de probada y urgente necesidad,
unidades familiares más numerosas, así como las situaciones derivadas de
ejecuciones de sentencias, necesidades planteadas por el Instituto de la Mujer
de Extremadura, personas con discapacidad u otras situaciones de emergencia o
especial gravedad, conforme a lo previsto en el Decreto vigente de adjudicación
de vivienda (115/2006).
7.
Plan de reparaciones,
arreglo y adecentamiento de las barriadas de viviendas sociales por parte
de la Junta de Extremadura. No es de recibo que la Junta de Extremadura incumpla sus obligaciones como casera, por ejemplo no arreglando los ascensores
en algunas barriadas.
8.
Medidas
específicas de empleo para las barriadas sociales, con altos niveles de
desempleo. Hasta la aprobación de la Renta
Básica, flexibilización de las condiciones de acceso a las AISES.
9.
Intervenir en el fraude relacionado con la vivienda, empezando por los casos más
sangrantes: construcciones ilegales en espacios protegidos, casas de lujo
edificadas en terrenos no urbanizables, elusión fiscal en VPO privadas mediante
dinero negro…
10.
Planes
integrales de desarrollo comunitario de las barriadas de viviendas sociales.
Los barrios de vivienda públicas han sido y son los barrios marginados de las
ciudades, por antonomasia. No se puede tratar como un problema de orden
público, lo que no es sino una situación de injusticia social. Frente al
barrio-gueto, el barrio con equipamientos, servicios y empleo. Son precisos
planes integrales de intervención que cuenten con la participación del
Ayuntamiento y los vecinos de esos barrios, pero también de las asociaciones
existentes, de los centros educativos y sanitarios, de los comerciantes.... La
promoción de locales para empleo, talleres ocupacionales, empresas de economía
social, puede crear tejido social y dar una salida profesional a la población.
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HAY UNOS 700 DESALOJOS EN PROCESO DE EJECUCION
Fomento rechaza ante los afectados suavizar la política de desahucios
R. ENTONADO 27/06/2012(El Periódico Extremadura)
La
Consejería de Fomento seguirá ejecutando expedientes de desahucio en
las viviendas sociales. La plataforma de afectados y el colectivo
emeritense La Trastienda han mantenido en Mérida un encuentro con el
consejero Víctor del Moral y, pese a presentarle un documento con diez
propuestas alternativas, les confirmó que la Junta seguirá adelante con
la política de desalojos.
La portavoz de los afectados, Marisa
Prudencio, explicó que el encuentro "ha sido inútil" ya que la primera
exigencia de la plataforma, que era la paralización inmediata de los
desahucios para después eleborar un plan de pago específico adaptado a
cada caso con exenciones para las familias con todos sus miembros en
paro, no ha sido aceptada. Del Moral ha recordado que los desalojos que
se han producido cuentan con la pertinente autorización judicial y que
se ejecutan tras "un proceso largo, complejo y garantista".
Mientras Del Moral se reunía con los miembros de la plataforma y La
Trastienda, un grupo de afectados a los que según Prudencio no se
permitió el acceso a la reunión esperaban en la puerta en señal de
protesta. Entre ellos se encontraba Ana, una emeritense separada que
asegura que cada semana recibe una carta de desahucio porque no puede
pagar el alquiler, de unos 70 euros mensuales. "Cobro 426 euros y
conmigo vive un hermano y mi hijo de 24 años que está en paro. Que me
digan ellos cómo afronto todos los gastos", explicaba. "El consejero no
ha querido enfrentarse con la realidad ni recibir a los afectados que
nos acompañaban para conocer sus casos", declaró Prudencio.
Los
afectados entregaron a Del Moral un documento con diez propuestas
alternativas a los desahucios. La primera de ellas era la paralización
inmediata de los expedientes de desalojo que la Junta tiene abiertos en
más de 700 viviendas sociales, ya que según Prudencio, "están provocando
un auténtico pánico en los barrios". En el texto denuncian además que
la Junta incumple la ley de protección al menor al llevar a cabo los
desahucios, hechos que califican de "maltrato institucional". Para
evitar desalojos y facilitar el pago de las cuotas, plantean exenciones
para familias con todos sus miembros en paro y que en aquellos casos en
los que esta tenga ingresos, que se le asegure que la letra del alquiler
no será superior al 10% del salario que perciba.
También que
solo en casos en los que cuente con trabajo estable se proceda a la
negociación de la deuda atrasada y que de cara al fraude relacionado con
la vivienda, "la Consejería de Fomento comience por los casos más
sangrantes: construcciones ilegales en espacios protegidos, casas de
lujo edificadas en terrenos no urbanizables...". Que no se pueda
desahuciar a las familias que residen en casas cuyo titular es un
pariente y que se elabore un censo de viviendas sociales desocupadas
para elaborar un plan inmediato de ocupación son otras propuestas, al
igual que el adecentamiento y reparación de los inmuebles.
La
Junta recuerda que ya se está analizando individualmente cada expediente
de desahucio y recuerda que todos los desalojos cuentan con
autorización judicial. Fomento tiene abiertos más de 700 expedientes de
desalojo, de los que se han ejecutado 23. Las principales causas que han
motivado el inicio de los expedientes corresponden a la no ocupación de
las viviendas, su ocupación ilegal, la falta de pago de los inquilinos o
las conductas asociales que se producen en las mismas.
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