El Colectivo La Trastienda, junto a vecin@s de diversas barriadas de Mérida, se ha dirigido tanto al Consejero de
Fomento yVivienda, Víctor del
Moral Agúndez como al Director General de
Arquitectura y Vivienda, D. Manuel Lozano Martínez y a los grupos parlamentarios y municipales para plantearles la necesidad de paralizar los desahucios y solicitar una reunion urgente para abrir un diálogo con el vecindario.
Reproducimos el escrito presentado en estas instituciones
Mediante el presente escrito
ponemos en su conocimiento:
Que en las barriadas de Mérida, Peri de San Lázaro, Juan Canet, Las
Ochenta, Cruz Campo y Bellavista, muchas personas y familias están siendo
requeridas por el Gobierno de Extremadura y/o por el juzgado al pago de la
mitad del total de deudas acumuladas por ser arrendatarios en Viviendas de
Protección Oficial de dicha Administración y no afrontadas, siendo desalojadas
de las viviendas en caso de no responder positivamente a tal pretensión en el
plazo de un mes.
Que han transcurrido lapsos de
más de veinte años en varios casos entre el comienzo de los impagos y el
requerimiento cuyas notificaciones se vienen practicando en los dos últimos
meses de este año, pudiendo apreciarse una dejación corregida mediante actos
apresurados y de exigencia desmedida sin requerimiento previo más allá de aquel
que contempla desahucios inminentes
o, en su lugar, reclama el pago inmediato de cantidades inasumibles para
familias que habitan Viviendas de Protección Oficial en una barriadas como las
anteriormente mencionadas y ofreciendo como única alternativa abocarlas a
situaciones de miseria y exclusión social.
La situación referida ha generado
una enorme alarma social e implica
la adopción de conductas contrarias a la Constitución, que obliga a los Poderes
Públicos a evitar por todos los medios que los ciudadanos españoles
experimenten o sean conminados a situaciones como las que el Gobierno de
Extremadura está provocando en las barriadas de Mérida ya mencionadas. Más
concretamente, son circunstancias
contrarias a los derechos a la vivienda y a la protección de la familia
establecidos en los artículos 47 y 39 de la Constitución. El Gobierno de
Extremadura también contraviene, como consecuencia de lo anterior, los
Principios Generales del Derecho Público recogidos en la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
así como en la propia Constitución, abandonando su labor de protección y
fomento de los derechos anteriormente indicados.
Como, por otra parte, se da el caso de que en muchas de esas viviendas viven menores no podemos entender que, de ninguna manera y bajo ningún concepto, el gobierno haga dejación de la protección de la infancia a la que está legalmente obligada. Hemos de informarles que en algún caso y por el impago de recibos de agua, los niños y niñas se encuentran sin agua corriente en su casa y/o sin luz eléctricas; estas situaciones no solo agreden a los derechos humanos, si no que de manera flagrante, contravienen los más elementales derechos de los niños y las niñas.
El Gobierno de Extremadura ha utilizado conductas arbitrarias al
realizar los desalojos e iniciar los expedientes de desahucio, ya que no
está analizando las circunstancias particulares de cada caso. Hay muchas
situaciones en las que las familias no pueden afrontar ningún tipo de pago y otras
que han realizado un gran esfuerzo por pagar mensualmente hasta verse incapaces
hace pocos meses. Tampoco se ha tenido en consideración el contexto de la
situación, aplicándose medidas en circunstancias que, unidas al carácter
perentorio y desproporcionado de los actos administrativos que están llevándose
a cabo, provocan en muchas ocasiones la indefensión
y la angustia de las familias afectadas.
Otra circunstancia que viene a
agravar el deterioro en las barriadas mencionadas es la subida de las rentas de
alquiler por parte de la Junta de Extremadura a muchas familias, sin respetar las minoraciones a las que
tienen derecho.
Por todo lo anterior,
Solicitamos de los señores CONSEJERO DE FOMENTO y DIRECTOR GENERAL DE
VIVIENDA que tengan por presentado
este escrito y PARALICEN LOS DESAHUCIOS
que están llevándose a cabo en las barriadas mencionadas e inicie un proceso de
diálogo con los vecinos afectados.
Es por ello que, desde el
Colectivo por los Derechos Sociales La Trastienda y las Comisiones de Vecin@s
elegidas en las asambleas de las barriadas afectadas, SOLICITAMOS UNA REUNIÓN URGENTE CON LA CONSEJERÍA DE FOMENTO para
analizar la situación creada y buscar, de común acuerdo, soluciones al
conflicto.
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