La noticia en Digital Extremadura
Representantes de la Plataforma de Personas Afectadas por los
Desahucios de Mérida y el colectivo La Trastienda han solicitado que
pare la “sangría” social que suponen los desalojos de viviendas sociales
que se están llevando a cabo en Extremadura y han exigido la
constitución de una mesa de diálogo para la búsqueda de soluciones y
alternativas ante la oleada de desahucios emprendida por el Gobierno
regional.
Así lo ha puesto de manifiesto la portavoz de estos colectivos, Marisa
Prudencio, a las puertas del Parlamento extremeño, en un breve encuentro
con los medios, donde ha indicado que han optado por informar en este
lugar precisamente por “ser la casa de todos los extremeños” y el lugar “donde
se tienen que dar soluciones a todas las situaciones sociales” y problemas de
los ciudadanos de la comunidad.
Prudencio ha censurado que la política de desahucios de vivienda de
protección oficial esté motivada por “el sólo hecho de que las familias no
tengan dinero” para hacer frente al pago de las rentas.
”Entendemos que esto sí es una conducta asocial de los gobernantes”, ha
agregado Prudencio antes de indicar que han solicitado una reunión con
representantes de la Consejería de Fomento para transmitirles la necesidad de
crear una mesa a nivel regional que ataje esta situación, que está afectando a
diversas localidades, como Badajoz, Cáceres, Almendralejo y Villafranca de los
Barros, además de Mérida.
El “silencio” es hasta el momento la respuesta que han recibido, ya que a
día de hoy la Consejería “no ha facilitado ningún tipo de dato, encuentro
o solución, pese a los requerimientos de estos colectivos”, ha sentenciado la
portavoz.
En esta línea, ha recordado que hasta la fecha existen 786 órdenes de
desahucio en la comunidad y especialmente ha criticado la “conducta asocial” de
los dirigentes extremeños por desalojar de viviendas sociales a “niños”,
vulnerando con ello los derechos del menor.
“Se ha visto como se han sacado las cunas de los niños” de algunas
viviendas desalojadas por puro “afán recaudatorio mísero, y creando un clima
social en barriada y pueblos sin sentido”, puesto que “han echado a madres
embarazadas de sus casas, a personas enfermas , a mayores” , por lo que
“no” dejarán de movilizarse hasta que la Administración no cese “esta sangría
sin sentido” y se dejen de vulnerar los derechos de la infancia, que es “lo
mínimo” que los dirigentes políticos han de “respetar”, según ha
resuelto.
Aquí se puede acceder al vídeo de Hoy:
http://www.hoy.es/videos/videos-de-hoy/ultima-hora/1690550721001-afectados-desahucios-merida.html
Entre las actuaciones que están llevando a cabo, han mantenido
encuentros con representantes de los grupos parlamentarios de IU y PSOE, a los
que han propuesto crear una mesa a nivel regional en la que participen la
administración, los partidos políticos, las plataformas de afectados y los
colectivos que quieran colaborar en una solución frente a los desahucios para
así “resolver” los “problemas” sociales generados, alcanzando hasta el momento
el compromiso de la coalición en formar parte de esta mesa.
“Por favor que no tiren más piedras a las personas que ya están bastante
desvalidas en la sociedad y en Extremadura; hagamos con las piedras la pared o
las casas que necesitan para cobijarse de este tsunami que nos está llevando a
todos a no sabemos hasta donde”, ha concluido la portavoz.
Por su parte, Agustín Salazar Naharro, de la plataforma de afectados,
ha explicado que en su caso quieren echarlo a la calle por deber 1.300 euros de
alquiler de la VPO en la que reside junto a su hermano y su cuñada embarazada,
al que no puede hacer frente, quejándose de que por “miserable” cantidad
él y otras “muchas” personas se encuentren en la misma situación de amenaza.
En la misma línea, la madre de otras de las afectadas, María del Carmen
Redondo, ha realizado un llamamiento para que la ciudadanía colabore en impedir
estos desahucios que están afectando exclusivamente a familias humildes, y
“echan a la calle a bebés junto a sus cunas y juguetes”. “Tengo un nieto de
cinco años, mi hija cobra alrededor de 180 euros cada tres meses”, según ha
precisado, antes de indicar que el 25 de junio se celebrará el juicio por el
desahucio de su hija por la vía penal.
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