Frente común de los profesionales sanitarios para burlar al Servicio Extremeño de Salud (SES) y seguir prestando atención a los inmigrantes sin papeles a partir del sábado. Las consultas urgentes y a las embarazadas están garantizadas, pero ¿qué ocurrirá con los enfermos de cáncer, los que padecen VIH, los diabéticos o los que necesitan hemodiálisis? Aún son muchas las preguntas sin respuesta y a pocos días de la exclusión de todos ellos del sistema público, los médicos, enfermeros, celadores y auxiliares administrativos buscan mecanismos que permitan sortear las trabas burocráticas para que nadie que lo necesite se quede sin atención. Saben que no será fácil, sobre todo en Atención Especializada, pero tanto los colegios como los sindicatos se colocan del lado del código deontológico. Así lo confirman los presidentes de estos organismos en Cáceres y Badajoz, Carlos Arjona y Pedro Hidalgo, el presidente de Simex, Fernando Villela, y el responsable de la Asociación para la Defensa de la Sanidad, Pública, Remigio Cordero. Todos aseguran que los profesionales no darán cumplimiento a una norma "absurda" que a la larga, solo generará un mayor coste al sistema por el colapso de los servicios de urgencias y la proliferación de las patologías por el retraso en la cura.
Según datos aportados por la Delegación del Gobierno, en Extremadura un total de 1.250 personas se quedarán sin derecho a recibir atención sanitaria gratuita con la medida del Ministerio de Sanidad a partir del sábado. Para permanecer en el sistema, deberán suscribir un convenio con el Gobierno, similar a los de la sanidad privada, con un coste 710 euros anuales para los menores de 65 años y de 1.865 en el caso de ser mayor. La atención urgente, a las embarazadas y a los menores está garantizada, pero no a los enfermos crónicos o personas que padecen cáncer, diabetes o VIH u otras enfermedades como tuberculosis. "Ya cuesta bastante la sanidad como para abrir los hospitales a todos", declaró al respecto el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, que se muestra así a favor de la medida.
Los datos facilitados por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), apuntan que al mediodía de ayer se habían inscrito en el registro de objetores un total de 42 facultativos extremeños, 21 de la provincia de Cáceres y otros 21 de la de Badajoz. Los colegios oficiales de médicos indican que los profesionales que han optado por esta vía son tanto médicos de familia como especialistas. Aunque crece cada día, la cifra no es muy elevada --en el conjunto del país son unos 1.500-- porque no todos los médicos objetores, que en la región son la mayor parte, hacen pública su decisión.
En el caso de la Atención Primaria parece que seguir prestando atención a los inmigrantes sin tarjeta será sencillo: colarse en un centro de salud no es complicado y en el peor de los casos, la única barrera será el auxiliar administrativo de la entrada. Una vez en la puerta de la consulta, aseguran los colegios y sindicatos, ningún médico se negará a atender a un paciente que lo necesite. La prescripción también será posible en una receta en blanco, aunque el afectado tendrá que abonar el 100% del precio del fármaco. Los profesionales consultados por este diario aseguran que este será su método, incluso cuando la atención no sea una urgencia. Los auxiliares administrativos y celadores afirman que tratarán de ayudar.
EN LOS HOSPITALES Los mayores problemas para la objeción se darán en Atención Especializada y el acceso a las pruebas diagnósticas. En el hospital para cualquier paso se necesita la tarjeta sanitaria y en este caso, las únicas vías serán las urgencias y el boca a boca de los profesionales. "No tendría ningún problema en pedirle a un cardiólogo amigo mío que revisara a un paciente que yo creo que lo necesita si se da el caso", explica Antonio Artero, un médico de familia de Mérida.
"Es muy difícil pasar el trámite burocrático y si no se pasa, no habrá pacientes que atender", explica. Por ello cree que la decisión de no atender a los sin papeles acabará colapsando los servicios de urgencias de los hospitales. "Es su puerta de entrada al especialista", indica. En cualquier caso, recuerda que la mayor parte de los inmigrantes son gente joven en edad de trabajar y generalmente sana y que en la región, el número de extranjeros es relativamente bajo en comparación a otras como Madrid. "Otra cosa es el turismo sanitario", señala.
Cuatro autonomías —Andalucía, País Vasco, Asturias (gobernadas por el PSOE) y Cataluña (CiU)— ya han anunciado su intención de seguir prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, pero no han explicado cómo hacerlo. Solo Navarra ha detallado que cubrirá el coste de la asistencia sanitaria de aquellos que acrediten no tener ingresos. Cordero apuesta por un sistema similar en la región ya que según explica, pese a la objeción y la buena voluntad de los facultativos, la única vía para garantizar al 100% la atención a estas personas es política.
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