9 de agosto de 2012

En Extremadura, 1250 inmigrantes se quedan sin sanidad


Extracto del artículo publicado en el Diario Hoy (Marian Rosado)
La crisis echa por tierra el derecho universal a la sanidad. El Real-Decreto Ley publicado el pasado 4 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) restringe el acceso de las personas en situación irregular al Sistema Nacional de Sanidad (SNS), lo que ha desatado las protestas de las asociaciones de inmigrantes, que lo califican de «desproporcionado y absurdo».
En Extremadura hay aproximadamente unos 1.250 inmigrantes extracomunitarios en situación irregular, según datos de la Delegación de Gobierno, facilitados por la Consejería de Salud y Política Social, que se verían afectados por la nueva medida. Esta establece un régimen jurídico que, a través del pago de unas cuotas, da derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública para las personas que no tengan la condición de asegurado o beneficiario del SNS.

La cuantía a pagar es de 710,4 euros anuales para los menores de 65 años y 1.864,8 euros para quienes superen esa edad, aunque estas cantidades no son definitivas. Desde la Junta de Extremadura aclaran a HOY que estos precios suponen una rebaja con respecto al «coste real» de estos servicios, que cuantifican en 887,4 y 2.330,8 euros respectivamente, por lo que la reducción es de 177 euros en el primer caso; y de 466 euros para los mayores de 65.
El convenio está dirigido a inmigrantes ilegales, europeos que voluntariamente quieran suscribirse para ser atendidos por el sistema sanitario público y españoles que no hayan trabajado y tengan ingresos superiores a 100.000 euros al año, los llamados rentistas. Las personas que no se adhieran al convenio solo tendrán derecho a la asistencia en caso de urgencia, aunque quedan exentas las mujeres embarazadas, los menores de 18 años y los refugiados. Además, quienes quieran acogerse a dicho convenio tendrán que estar inscritos en el padrón de algún municipio español por un periodo continuado de al menos un año. También deberán abonar el 40% del coste de sus medicamentos, si bien esta propuesta no está totalmente cerrada.

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